Estados Unidos: Hegemonía en el oficio de la tortura

Por Jorge V. Jaime

PL.- Transcurrió una década y los casos de Abu Ghraib, de la prisión Bagram y la masacre de Dasht-e-Leili -conocida como el Convoy de la Muerte- permanecen solo parcialmente investigados por el gobierno de Estados Unidos.

Tras las pesquisas relacionadas con la cárcel iraquí fueron condenados la soldado Lynddie England y otros 10 efectivos norteamericanos pertenecientes a la 372 Compañía de Policía Militar, bajo órdenes del Pentágono.

Pero el brazo de la justicia nunca se alargó en dirección al entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, o hacia el vicepresidente, Richard Cheney, confesos patrocinadores de los llamados “interrogatorios duros de stress y coacción”.

Después de los atentados del 9/11 y bajo la excusa de la publicitada Guerra Global contra el Terrorismo, la administración de George W. Bush divulgó lo que defendía como una nueva percepción oficial acerca de la tortura.

La adecuación legal de los conceptos antecedió a una minuciosa coordinación de agencias federales para proteger jurídicamente a la rama castrense con respecto a la ejecución de una orden ya despachada desde la Casa Blanca.

En junio de 2004, tres influyentes diarios -Wall Street Journal, Washington Post y The New York Times- revelaron copias de un análisis propedéutico delineado en el Departamento de Justicia y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Cada soldado estadounidense recibió instrucciones precisas que sucintamente establecían: actuar a discreción en nombre de la seguridad nacional de nuestro país. Traten de no hacerlo en territorio norteamericano.

Los documentos filtrados a la prensa desarrollaban la base legal de los interrogatorios, cuando los militares actuaban en tiempo de guerra y con órdenes directas del Presidente, como Comandante en Jefe de las fuerzas armadas.

De acuerdo con la definición válida para la CIA y la Fiscalía Federal, se entenderá como tortura solamente “cuando el individuo sea sometido a un dolor fuerte acompañado por daños físicos, que impliquen disfunciones de órganos vitales”.

Todo lo demás no será considerado maltrato cruel y, por ende, los expertos en interrogatorios del Departamento de Defensa tienen luz verde.

Tal filosofía indujo en el 2002 a guardias en la base aérea de Bagram, Afganistán, a experimentar con “combatientes enemigos” sesiones especiales de procedimientos policiales extraordinarios.

Dos civiles afganos, identificados como Habibullah y Dilawar, fueron encadenados al techo de la instalación en la septentrional provincia de Parwan y golpeados con garrotes hasta que murieron.

Peor fue la masacre de Dasht-i-Leili, en diciembre de 2001, cuando cerca de 850 supuestos insurgentes talibanes fueron sofocados hasta la muerte en contenedores metálicos transportados por furgones.

A los detenidos les indicaron que iban a ser transferidos desde la prisión de Kunduz hasta la localidad de Sheberghan, en el centro norte del país. La operación fue supervisada por militares estadounidenses y funcionarios de la CIA.

En diciembre de 2009, el grupo pro derechos civiles Physicians for Human Rights (PHR) remitió a la Casa Blanca un amplio archivo sobre este caso, sin que hasta la fecha el presidente Barack Obama haya movido un dedo para esclarecerlo.

El gobierno de Estados Unidos reconoce como válida la Convención Contra la Tortura y los Castigos Crueles e Inhumanos, establecida por Naciones Unidas en diciembre de 1984.

Ese documento fue firmado por el entonces presidente Ronald Reagan en abril de 1988, y luego la resolución ejecutiva certificada por el Senado el 27 de octubre de 1990.

No obstante, Washington regularmente se ha regido por su particular código de conducta en relación con el tema torturas. La ratificación del Acta de Comisiones Militares en el año 2006 es un ejemplo.

Este reglamento autoriza a las fuerzas militares norteamericanas a mantener indefinidamente en cautiverio a un “combatiente enemigo”, sin necesidad de orden judicial, programación para fecha de juicio o pruebas convincentes en su contra.

En síntesis, es la historia de los cientos de extranjeros que sufrieron encierro en el cárcel militar que el Pentágono erigió en Guantánamo, un territorio arbitrariamente ocupado en el este del archipiélago cubano.

La relación de Estados Unidos con la asignatura tortura es de vieja data. Conocido es el manual Kubark de la CIA, filtrado en 1963, donde se describe cómo los agentes perfeccionaron sus “interrogatorios de tercer grado” en Vietnam del Sur.

El manuscrito es una de las primeras exposiciones de la Agencia sobre “técnicas coercitivas para inducir regresión psicológica en el sujeto a través de la privación de estímulos sensoriales o la inyección de drogas y placebos”.

Acorde con denuncias del foro Human Rights First, este Programa Phoenix de la CIA más tarde fue implementado en numerosos países también por expertos del ejército y de la Agencia para el Desarrollo Internacional.

Otro impacto revelador sobre el alcance de la tortura en el propio territorio norteamericano fue la difusión en 2005 del documental titulado Prisiones Brutales de América, de la telemisora Channel Four.

La filmación mostró convictos golpeados, mordidos por perros, electrocutados, amarrados con cinta adhesiva durante 16 horas, quemados por químicos mata-incendios y otros internos obligados a tragar gas pimienta.

El sistemático procedimiento ha atraído denuncias y críticas hacia Washington incluso desde la geografía de sus propios aliados.

En febrero de 2006 el renombrado juez británico Justice Collins comentó en una audiencia parlamentaria que “Estados Unidos tiene una idea sobre la tortura diferente al resto de las naciones civilizadas”.

Collins expresó su comentario luego que un panel de expertos de Naciones Unidas recomendara clausurar la prisión de Guantánamo, al este de Cuba, porque era un centro donde se ordenaban maltratos con demasiada regularidad.

Fuente: ARGENPRESS.Info

 

About Ramón Jiménez

Ramón Jiménez, actual Managing Editor de MetroLatinoUSA. Periodista que cubre eventos de las comunidades latinas en Washington D.C., Maryland y Virginia. Graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Distrito de Columbia. Galardonado en numerosas ocasiones por parte de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP) y otras organizaciones comunitarias y deportivas de la región metropolitana de esta capital. También premiado en dos ocasiones como Mejor Periodista del Año por la cobertura de la comunidad salvadoreña; premios otorgados por la Oficina de Asuntos Latinos del Alcalde de Washington (OLA) y otras organizaciones. Ha sido miembro del jurado calificador en diferentes concursos literarios, de belleza y talento en la región metropolitana. Ha visitado zonas de desastre en Nicaragua, Honduras y El Salvador e invitado a esos países por organizaciones que asisten a personas de escasos recursos económicos. Antes trabajó en otros medios de prensa de Virginia y Washington, D.C., incluyendo reportajes para una agencia noticiosa mundial.

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