Misión constata tregua de pandillas en El Salvador

Una misión de Estados Unidos visitó este domingo el centro penal de Quezalteque, en el departamento de La Libertad, al noroeste de la capital salvadoreña para conversar con pandilleros que mantienen una tregua que redujo los homicidios de14 a4 ó 5 por día.

“Tengo el compromiso de apoyar cualquier proceso en el mundo que tenga que ver con la paz”, destacó el coordinador del Consejo Transnacional de Apoyo al Proceso de Pacificación de El Salvador (Ctappes), Luis Cardona, residente del área metropolitana de Washington, quien se encuentra en ese país centroamericano desde la semana pasada.

Alentados por el vicario castrense Fabio Colindres y el ex comandante guerrillero Raúl Mijango, la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18 mantienen desde el 9 de marzo una tregua que redujo los homicidios, aunque siguen las extorsiones a particulares, transportistas y a otros sectores productivos del país, según las autoridades.

Según Mijango, con la tregua se han evitado más de 1.100 muertes.

Acompañados de Mijango, los 10 integrantes de Ctappes que llegaron el viernes, visitaron el sábado el centro penal de Izalco, en el oeste del país y este domingo se presentaron al penal de Quezaltepeque, 30 kilómetros al noroeste de San Salvador.

En la cárcel de Quezaltepeque, los integrantes de la delegación estadounidense conversaron con miembros de la pandilla Barrio-18 quienes los invitaron a realizar un recorrido por las hacinadas celdas.

Entre el grupo de visitantes se encontraba Luís Rodríguez, un ex pandillero en Los Angeles, California quien comentó que para el fenómeno de las maras se “tienen remedios y soluciones” que ya fueron aplicados en Los Angeles, Chicago y México y que pueden contribuir a la solución del problema de pandillas en El Salvador.

El grupo estadounidense que permanecerá hasta el próximo viernes está integrado por expandilleros, familiares de víctimas, activistas sociales, representantes de gobiernos municipales y expertos en asistencia psicológica.

Según cifras oficiales, en El Salvador existen cerca de 10 mil pandilleros encarcelados y 50 mil más en las calles del país.

Ex pandilleros avalan pacificación

La tregua entre las pandillas “18”y “MS” fue avalada ayer por  expandilleros, residentes en Estados Unidos, según lo manifestaron, durante una visita ayer tarde al penal de Quezalteque, La Libertad.

“Nosotros queremos aprender del proceso de paz que ustedes tienen en su país, queremos saber de qué forma podemos apoyar todo lo que están haciendo, porque estamos claros que la paz es necesaria”, les manifestó Luis Cardona a pandilleros y pandilleras, recluidos en ese centro penitenciario.

“Nosotros queremos aprender más del proceso de paz que ustedes tienen en su país, también queremos saber en qué modo podemos apoyar todo lo que están haciendo ustedes (los pandilleros). Queremos contar su historia para que el resto del mundo se entere, posiblemente de uno de los milagros más grandes de la historia del país de El Salvador”, les expresó Cardona, de origen puertorriqueño y ex miembro de esas estructuras delincuenciales en Estados Unidos, en particular en Washington, D.C. y sus alrededores

Cardona, que después de dejar la violencia callejera estudió leyes penales en la Universidad del Distrito de Columbia (UDC) en la capital estadounidense, coordina la delegación, que incluye a cuatro ex pandilleros salvadoreños, así como abogados y líderes de organizaciones no gubernamentales que ayudan en la rehabilitación de jóvenes.

“Yo pienso que lo que están haciendo aquí (el cese a la violencia) se necesita de mucho coraje y valor”, manifestó Luis Rodríguez un ex pandillero y ex drogadicto de Los Ángeles.

“La razón por la cual estamos aquí en El Salvador, es porque ustedes (los pandilleros) ahora son una luz de esperanza para todos. Por lo consiguiente queremos ayudar en lo que están haciendo”, les manifestó.

“Todos somos seres humanos y tenemos la capacidad de ser algo bueno e importante y eso es lo que queremos oír de ustedes, les dijo Rodríguez, de origen chicano-mexicano.

Por su parte, Enrique Hurtado (salvadoreño) quien también perteneció a las pandillas en Los Ángeles, de profesión bombero, y director ejecutivo de una organización que ayuda a jóvenes, avaló la tregua.

“Lo que están haciendo está bien, no va a haber otra oportunidad de tener este acuerdo, lo que van a hacer lo tienen que hacer ahora para calmar al país, la comunidad de Los Ángeles los quiere apoyar pero todo depende de ustedes”, les explicó.

Un integrante de la delegación, explicó que la ayuda que están ofreciendo, saldría de un diagnóstico que harán, luego de entrevistarse con reos de los centros penitenciarios de Izalco, Cojutepeque, Ciudad Barrios, Quezaltepeque y la cárcel de mujeres, en Ilopango, 10 kilómetros al oriente de la capital salvadoreña.

“La ayuda que quisiéramos, es que intercedan ante el Gobierno, para que cese la persecución y la discriminación”, les manifestó el reo Ludwin Rivera.

La delegación visitará 5 penales para conocer el proceso de pacificación. El promedio diario de homicidios después de la tregua entre pandillas es del 3.5 por ciento.

En misión de paz con maras salvadoreñas

Viajan desde Los Ángeles, Washington y otras ciudades a El Salvador con una misión: asistir en el proceso de control de la violencia y la tregua de pandillas del país centroamericano.

El Concejo Ctappes está integrado por activistas sociales, representantes del gobierno municipal, expertos en asistencia psicológica y, notablemente, de expandilleros rivales de las calles angelinas y hasta familiares de víctimas de ataques perpetrados por las maras.

La intención es cooperar en la tregua que establecieron desde marzo pasado la Mara Salvatrucha y su principal rival, Barrio 18.

“En un país como El Salvador, donde gran parte de la clase media vive fuera y existen grandes necesidades económicas, es necesario hacer participar a los inmigrantes. Esta violencia es un asunto internacional”, señaló a BBC Mundo Paula Cruz-Takash, presidenta de la Comisión de Relaciones Humanas de la ciudad de Los Ángeles y parte del comité que se encuentra en San Salvador.

Considerada una de las capitales pandilleras por antonomasia en Estados Unidos, Los Ángeles ha puesto a prueba programas para el control de bandas delictivas durante más de 30 años.

Pero, además, le cabe una responsabilidad adicional en el fenómeno de las maras salvadoreñas: la Salvatrucha y la 18 surgieron en los barrios hispanos de esta ciudad californiana, en los años ’80, alimentadas por la pobreza y la marginalidad que rodeó a muchos de los migrantes de Centroamérica.

Fenómeno trasnacional.

Las pandillas salvadoreñas de California fueron, en principio, una vía de protección para quienes llegaban escapando de la guerra civil, frente a grupos ya establecidos de mexicanos y afroamericanos.

Cuando el gobierno estadounidense comenzó a deportar pandilleros, la violencia halló un camino de regreso.

Segunda tasa mundial de homicidios

En la lista que elabora la Organización de Naciones Unidas, El Salvador figura segundo entre los países con tasas más elevadas de homicidio en el mundo, detrás de su vecino Honduras.

El índice de 2011 fue de 71 muertes por cada 100 mil habitantes (Honduras tiene 87).

Tras el anuncio de la tregua entre la Mara Salvatrucha y la Mara 18, el número de homicidios mostró una reducción “significativa”, según reconoció el gobierno.

Según datos de la Policía Nacional Civil, entre el 1 y el 29 de abril se habían registrado 147 asesinatos, 55% menos que en el mismo período de 2011.

“Las deportaciones desde Estados Unidos juegan un papel muy importante: son miles de jóvenes a lo largo de los años que han sido deportados, muchos después de haber estado en cárceles estadounidenses y sin familias ni lazos en El Salvador, donde continuaron con el reclutamiento para mantener activas sus organizaciones”, dijo Cardona a BBC Mundo.

En un país de unos seis millones de habitantes, los mareros suman más de 20.000, según el Departamento de Estado estadounidense. Otros elevan la cifra a 50.000, con casi un tercio de ellos tras las rejas.

En marzo pasado, portavoces en prisión de la Mara Salvatrucha (conocida también como MS-13) y la Mara 18 difundieron una carta en la que acordaban una tregua entre bandas, con el fin de contribuir a la pacificación del país.

En un proceso supervisado por el obispo castrense Fabio Colindres y el exlegislador Raúl Mijango, una treintena de mareros recibió a cambio permiso para contactar a sus familias y el traslado a una prisión con menos restricciones.

Con la tregua en marcha, el número de homicidios mostró una reducción “significativa”, según reconoció el propio gobierno: en abril, el primer mes relevado tras la tregua, se registraron 147 asesinatos, 55% menos que en el mismo período de 2011. Cinco muertes por día donde antes había 14.

Dos programas

“La policía ha entendido que necesita la cooperación de personas que han estado en pandillas y tienen cierto liderazgo, para diseminar información e intervenir en crisis internas de las maras”, dijo Alex Sánchez, director de Homies Unidos en Los Ángeles.

Según los portavoces de Ctappes, los mismos pandilleros salvadoreños han solicitado la intervención de sus compatriotas del extranjero, para un proceso que incluso sus promotores reconocen como frágil.

“Si el cambio ha venido de esa gente en las prisiones, puede funcionar, porque no les ha sido impuesto. Pero es necesario crear una red de apoyo y tener paciencia… esto es un proceso largo”, opina Juan Pacheco, ex pandillero residente de Virginia y ahora estudiante de medicina, quien ahora trabaja con la organización Barrios Unidos.

El modelo que Los Ángeles “exportará” al país centroamericano está basado en dos estrategias: la intervención por parte de ex pandilleros en las calles y en las cárceles –una receta que la policía angelina tardó mucho en aceptar– y luego la reinserción de mareros redimidos.

“Es necesaria la cooperación de personas que han estado en pandillas y tienen cierto liderazgo, para diseminar información e intervenir en crisis internas de las maras y así reducir la violencia hacia afuera”, le señaló a BBC Mundo Alex Sánchez, reconocido “intervencionista” y director de Homies Unidos, organización que trabaja con exmiembros de bandas en California.

Por su parte, la MS-13 y la 18 se han comprometido a respetar las escuelas como zonas de paz y a suspender el reclutamiento de nuevos miembros.

Escepticismo

Pero no todos se muestran optimistas sobre los alcances de la tregua y el llamado “proceso de pacificación” en el largo plazo.

Durante la presidencia de Francisco Flores se promovió el plan “Mano Dura” contra los maras.

Muchos prefieren la prudencia y consideran que los grupos beligerantes tienen intenciones políticas para anunciar el acuerdo; incluso especulan con que sea un compás de espera para reforzarse y redefinir sus ataques.

Ya en 2004 –bajo el gobierno del entonces presidente Francisco Flores, promotor del plan “Mano Dura” contra las maras–, Salvatrucha y Barrio 18 pactaron un cese de acciones que no prosperó.

Ahora, el gobierno salvadoreño se ha deslindado del proceso. El presidente Mauricio Funes ha negado que se haya recompensado a las pandillas para conseguir la tregua, cuyo avance adjudicó a la mediación de la Iglesia católica.

Los mismos mareros no consideran al gobierno como interlocutor válido, lo que ha puesto de relieve la importancia de mediadores como el obispo Colindres y observadores externos como el Ctappes o la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La lista de peticiones que las pandillas hicieron al gobierno

Durante la reunión que el secretario general de la OEA tuvo el jueves con los líderes de la MS-13 y el Barrio 18, estos le presentaron los puntos de negociación que ya han propuesto al gobierno. Entre ellos, el cese de operativos policiales, derogar la ley de proscripción de pandillas y acuartelar a la Fuerza Armada, medidas que Insulza consideró “racionales” y que cree que deben incluirse de inmediato en una negociación.

El jueves 12 de julio, en el centro penal La Esperanza, al norte de San Salvador, los líderes de las dos principales pandillas que operan en El Salvador leyeron una lista de peticiones a las que consideran “el acuerdo marco” con el que pretenden iniciar una segunda fase de negociaciones con el gobierno.

El documento fue leído ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza; Alan Blackwell, secretario de seguridad multisectorial de la OEA; Ronald Ochaeta, representante de ese organismo en el país; y los mediadores con las pandillas, monseñor Fabio Colindres y el ex diputado Raúl Mijango. Un video difundido en redes sociales por el portal de debates Política Stereo recoge el momento en que los pandilleros leen sus propuestas.

El encuentro celebrado en Mariona marca por muchas razones un antes y un después en el proceso de diálogo entre el Ejecutivo y las dos principales pandillas del país. Por primera vez permitió a los salvadoreños ver a los líderes nacionales de la MS-13 y el Barrio 18 sentados a una misma mesa, a pesar de la guerra que los enfrenta desde los años 90 y las miles de muertes que cada grupo ha causado durante la última década en las filas del otro, y que todavía alimentan el odio mutuo.

Hombres como Borromeo Henríquez “Diablito de Hollywood”, Saúl Antonio Turcios Ángel “el Trece” o Carlos Tiberio Ramírez Valladares “Snayper”, de la MS-13; o Carlos Ernesto Mojica Lechuga “Viejo Lin”, Víctor Antonio García Cerón “Duke” o Carlos Rivas Barahona “Chino tres colas”, del Barrio 18, nunca habían sido vistos juntos.

Las imágenes disponibles en internet permiten presenciar sin embargo el clima distendido en el que todos ellos compartieron en el área de visitas familiares del penal de Mariona las horas previas a la reunión con Insulza. Pandilleros que hasta sorpresivo traslado el pasado 9 de marzo vivían aislados entre sí y del exterior en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca conversaron por horas en privado, sin esposas y sin guardias de seguridad presentes.

El jueves también pudo verse juntos por primera vez en años a “Duke” y al “Viejo Lin”, líderes visibles de las dos facciones -Revolucionarios y Sureños- en los que desde hace seis años está dividido el Barrio 18 en el país. Aunque los dos bandos de la pandilla 18 han dejado de lado sus diferencias para participar en este proceso de negociación y ya han firmado unidos cuatro comunicados, lo cierto es que la división entre ellos permanece. Prueba de ello es que en la reunión con Insulza participaron como representantes de las dos pandillas tres personas: “Diablito”, “Duke” y “Lin”, en ese orden. Los acuerdos que en los últimos meses han tomado las pandillas no tienen dos sino tres pilares.

El primero en intervenir en la reunión privada del jueves 12 fue Borromeo Henríquez “Diablito”, que entregó a Insulza un documento al que bautizó públicamente como “Propuesta de acuerdo marco para la recuperación de la paz social en El Salvador” y que contiene, según explicó a los asistentes, una serie de puntos que según las pandillas deberían formar “la hoja de ruta para la nueva etapa de diálogo” con el gobierno. El líder de la MS-13 aseguró que el pasado 22 de junio ambas pandillas hicieron llegar una copia de ese documento al presidente de la República, Mauricio Funes, y al ministro de Seguridad, David Munguía Payés.

El pandillero pidió formalmente a Insulza que la OEA se comprometiera como verificadora y garante de esta nueva fase del diálogo con el gobierno de El Salvador, y le solicitó que “por la delicadeza de los contenidos de la propuesta”, el documento con su propuesta marco se mantuviera en un ámbito “estrictamente privado”.

Sin embargo en el video difundido por Política Stereo se ve cómo a continuación Víctor García Cerón “Duke” dio lectura uno por uno, por petición de Raúl Mijango, a los puntos de dicha propuesta. En ella las pandillas invitan al Ejecutivo a un diálogo de “características indirectas”, es decir, a través de la intermediación, esta vez sí reconocida oficialmente por el Estado, de “la Iglesia Católica y la sociedad civil, representadas por Fabio Colindres y el señor Raúl Mijango”.

Según lo que leyó “Duke”, el documento que las pandillas entregaron hace tres semanas a Funes recoge las “condiciones mínimas” que la MS-13 y el Barrio 18 ponen “para que el proceso (de paz) llegue a buen término”.

 

Las propuestas de la MS-13 y la 18

La lista de peticiones elaboradas por las pandillas inicia asegurando que ambas organizaciones se comprometen a disminuir “el acontecimiento de hechos delictivos que arrebaten la vida de nuestros miembros, personas civiles y miembros del ejército” y que como “contrapartida” esperan que las autoridades suspendan los operativos policiales en los territorios en los que ellos operan y que la Policía se limite a “prestar seguridad y a intervenir solo en los casos en los que exista flagrancia”.

Solicitan además una serie de modificaciones legales que incluyen la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, que está en vigor desde septiembre de 2010. Esta ley fue promovida por el presidente Funes y por el entonces ministro de justicia y seguridad pública Manuel Melgar, luego de que un grupo de pandilleros del Barrio 18, de la facción Revolucionaria, liderada por “Duke”, incendiaran un autobús en el que murieron calcinadas 16 personas. La normativa criminaliza la pertenencia a pandillas.

Dentro de las modificaciones legales también se solicita la eliminación de la figura del testigo criteriado, es decir, las personas que colaboran con las autoridades a cambio de obtener beneficios legales como reducciones de pena o el perdón absoluto de sus delitos. Esta figura es el instrumento más usado actualmente por la Fiscalía para conseguir capturar y desarticular a clicas enteras.

Los pandilleros solicitan también la derogación de varios artículos del Código Penal que los excluyen de beneficios carcelarios como la libertad condicional o el traslado a los pabellones de “fase de confianza” donde las medidas de encierro son menos estrictas. En varios de sus artículos, el Código Penal excluye a miembros de organizaciones delictivas de los privilegios en el cumplimiento de las penas de los que goza la población común.

En la lista se demanda también el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas, que desde 1996 colabora con labores de seguridad pública. De tener éxito en esta propuesta, esta sería la segunda vez que la milicia cede terreno como resultado de la negociación entre el gobierno y las pandillas: el 4 de abril de este año, los militares que realizaban los registros en las cárceles del país y los que brindaban seguridad desde las torres de vigilancia fueron removidos de sus puestos y sustituidos en sus funciones por personal de seguridad de Centros Penales. Eso ocurrió un mes después de que 30 líderes de pandillas fueran trasladados desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia cárceles con regímenes más relajados.

Los pandilleros solicitaron el indulto para todos los prisioneros de la tercera edad y para todos aquellos que padezcan enfermedades terminales. Este es un punto en el que lo solicitado por las pandillas coincide con las propuestas hechas por el ex director de centros penales, Douglas Moreno, quién ya había planteado ambas medidas como una vía para palear el hacinamiento que padece la red de centros penales del país, cuya capacidad ya está superada en más del 300%.

En dos de sus propuestas, las pandillas hacen alusión a los supuestos maltratos de los que son víctimas de parte de las autoridades: solicitan que se detengan las torturas a las que dicen ser sometidos durante los interrogatorios policiales y que se elimine el accionar de grupos de exterminio. Diversas fuentes relacionadas con las pandillas y con organizaciones de derechos humanos han venido insistiendo durante años en la existencia de grupos de exterminio que supuestamente operan de forma clandestina en el país con el propósito de eliminar pandilleros. Además, varios pandilleros han asegurado a El Faro haber sido víctimas de torturas al ser capturados por la Policía y en las penitenciarías.

Las pandillas piden también que se mejoren las condiciones de las cárceles y que se habiliten en ellas actividades productivas, educativas y culturales. En distintas visitas que este periódico ha realizado al interior de varios centros penales ha sido posible constatar que estos no reúnen las condiciones mínimas de espacio, seguridad e higiene.

Se pide también “planes de reinserción social y productiva, becas, créditos productivos, capacitaciones, y oportunidades de trabajo para los activos en situación de libertad y para los familiares de pandilleros recluidos en centros penitenciarios”.

Tras la intervención de Duke, el “Viejo Lin” leyó en voz alta el comunicado de ambas pandillas que minutos después él mismo presentaría a los medios de comunicación. En él se anunciaba un “simbólico desarme parcial” de ambas pandillas y la orden a todos los miembros de la MS-13 y el Barrio 18 en el país de no ejercer violencia contra mujeres.

La respuesta de Insulza

El secretario general de la OEA reaccionó complacido ante las demandas y los anuncios hechos por los líderes de la MS-13 y la 18, y se comprometió en nombre de la Organización de Estados Americanos a apoyar a Colindres y Mijango para que la propuesta de las pandillas “sea urgida, revisada y discutida, y ojalá concretada”.

“Pueden contar con nosotros”, dijo Insulza, que aseguró que iba a aprovechar la reunión de esa misma tarde con el presidente Funes para abordar el contenido del documento. “Creo que las propuestas que ustedes hacen son tremendamente claras”, aplaudió, “y ahora es hora de entrar a una negociación y a una discusión que no puede demorarse mucho, porque estas cosas tienen un ritmo y ese ritmo tiene que cumplirse de manera que nadie pierda la fe en lo que estamos haciendo”.

“Les felicito por las cosas que están (en la propuesta), que se sustentan por sí solas, y también por las que no están”, dijo el funcionario. “No están pidiendo nada que signifique omitir procesos judiciales ni dejar de cumplir castigos. Ustedes están pidiendo cosas de futuro, hacia adelante. (…) Están pidiendo cosas que son racionales en materia de convenios internacionales y también importantes en materia de reformas judiciales y reglamentarias, que todas pueden ser discutidas, conversadas por las autoridades.”

Tras las palabras de Insulza, en la reunión participaron Alan Blackwell y un palabrero de la MS-13 que pidió a Insulza su intervención para detener lo que, según él, es una campaña de acoso policial contra familiares de pandilleros y pandilleros retirados. “Últimamente están dando muerte a muchos de nuestros compañeros”, llegó a denunciar, sin recibir respuesta de Insulza o los mediadores. La reunión terminó como había empezado: con una oración guiada por el obispo Fabio Colindres.

 

MLNews/Agencias.-

 

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