Quienes deben irse del Gobierno de Guatemala

Ante los errores del Gobierno, se debe destituir a los ministros de Defensa y Gobernación y el ministro de Relaciones Exteriores debiese renunciar.

 

Hemos tenido ocasión de leer los informes presentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), del Ministerio Público (MP) y de la CICIG, los cuales son contundentes al señalar la responsabilidad directa de las fuerzas de seguridad, tanto la policía nacional como el ejército, en los hechos violentos que llevaron a la muerte de, por lo menos, ocho pobladores de Totonicapán, el pasado 4 de octubre.

Al calificar las acciones de la tropa como “ejecución extrajudicial” se afirma que se trató de violaciones graves de los derechos humanos, es decir, hay responsabilidad del Estado y se debe tomar la medida más enérgica al más alto nivel para que dichos hechos no se vuelvan a repetir. Es muy clara la acusación que hacen la OACNUDH y el MP sobre las acciones perpetradas por los 89 soldados (¡!), al mando de un coronel, que viajaron desde la Guardia de Honor hasta el kilómetro 170; pero, igualmente evidentes son los vacíos que aún deben llenarse en las investigaciones.

¿Cuáles eran las órdenes precisas de esta “caravana de la muerte” que se desplazó con tanta prisa y fuerza bélica y que ignoró que quienes estaban a cargo de enfrentar la manifestación pacífica eran los efectivos de la Policía Nacional Civil? Es absurdo imaginar que dicho coronel, quien tiene sobrada responsabilidad, por las muertes ocurridas, actuara “por la libre”. No obstante, de ser así, el ejército manifiesta fallas garrafales que ameritan la destitución del Ministro de la Defensa; con mayor razón si el mandato fue “desmantelar la manifestación a como dé lugar”.

¿Cómo explicar la falta de coordinación entre el Ministerio de Gobernación y el ejército? ¿Cómo asume el control del orden público el ministro de Gobernación si tener efectivamente el control? También esta falla garrafal amerita la salida inmediata del Sr. Mauricio López Bonilla, quien no tiene formación para dirigir la PNC sino que simplemente educación, entrenamiento y práctica contrainsurgentes.

Las respuestas formales del Gobierno también nos llevan a pensar que los dos ministros mencionados no tienen la idoneidad para los cargos y que tanto el presidente como el ministro de Relaciones Exteriores han demostrado su irrespeto por el “derecho a la vida” de nuestra gente humilde.

¿Quiénes le dieron al presidente Pérez la información de que “los soldados iban desarmados” y luego de que “dispararon al aire”, sino sus Ministros cercanos?  Las declaraciones del Ministro Harold Caballeros, minimizando la muerte de los ocho campesinos, nos hacen recordar a otro Ministro de esa cartera que restó importancia a la quema de la Embajada de España en 1980.

Su desdén por la vida, pese a su forzado arrepentimiento, lo hacen absolutamente impresentable ante la comunidad internacional, particularmente en el momento en que Guatemala ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El presidente Pérez, quien, presionado por el CACIF y la línea dura militar, insiste en que va a seguir reprimiendo las justas manifestaciones del movimiento social, debe leer muy cuidadosamente el mensaje emitido por la CICIG, particularmente su recomendación primera: “Promover una reforma que prohíba toda participación de militares en asuntos de naturaleza criminal y policial”.

Acertadamente, la CICIG educa a los sectores poderosos del país al explicarles: “Toda acción policial se realiza con respeto a la vida e integridad de las personas… De aquí que la policía utiliza la fuerza como  última ratio. En su caso, los militares se preparan para ganar una guerra con el uso de la fuerza como método de primer orden. Consecuencia lógica de lo anterior es que el Ejército debe ocuparse de la seguridad del país frente a ataques de una potencia extranjera y nunca de la seguridad ciudadana”.

Por todo ello, teniendo en cuenta que hace 15  años que terminó el conflicto armado interno, exigimos la desmilitarización del Estado y sus instituciones. De lo contrario, lo que ahora se ve como indispensable: el retiro de 3 Ministros, puede pronto convertirse en la petición de cambio también en la presidencia.

Nueva York, 13 de octubre de 2012

Comité Ejecutivo Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)

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