OEA avanza en la universalización del registro de nacimientos en las Américas

Universalización de actas de nacimiento/Foto OEA.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) revisó en una sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente, el estado de avance de los esfuerzos del organismo hemisférico por cumplir el 2015 con la meta del registro universal de nacimientos en la región.

De acuerdo a un diagnóstico previo, en la actualidad cerca del 10 por ciento de los niños de América Latina y el Caribe no están registrados, lo que equivale a más de 6 millones de infantes. El objetivo de la OEA es registrarlos a todos para el 2015. “El Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas PUICA es genuinamente unas de las joyas de la OEA, porque ejecuta un plan que cambia la vida de las personas”, dijo en la sesión Kevin Casas-Zamora, Secretario de Asuntos Políticos de la Organización Hemisférica.

“Cuando una persona es registrada, le estamos cambiando su vida. En otras palabras, cuando la OEA registra bebés en hospitales, estamos construyendo democracia, porque les estamos dando la oportunidad de que cuando crezcan puedan ejercer sus derechos políticos”, agregó el Secretario Casas-Zamora.

Por su parte, Steven Greiner, coordinador del PUICA, presentó el “Informe de progreso de la Secretaría General de la OEA sobre la meta de eliminación del subregistro para 2015”, que detalla el trabajo realizado en 17 países de América Latina y el Caribe. Greiner explicó que desde 2010 hasta el presente, la OEA ha trabajado en cinco áreas estratégicas: registro hospitalario; campañas de concienciación; reconstrucción de documentos perdidos o destruidos; mejora de la conexión entre diferentes oficinas de registros (“inter-operabilidad”) y de la seguridad de las bases de datos; y cooperación horizontal regional.

Greiner también presentó el plan de trabajo para los próximos dos años, que entre sus objetivos tiene el fortalecer los sistemas de registro hospitalario, particularmente en América Central y Paraguay; incrementar la automatización e “inter-operabilidad” en los países del Caribe; realizar campañas de registro en zonas fronterizas en Centro y Sudamérica; apoyar las iniciativas que faciliten el acceso a documentación de las personas refugiadas y aquellas que habitan en zonas post-conflicto; respaldar al Consejo Latinoamericano y del Caribe del Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV) como el foro que realza el valor de las instituciones registrales; y recabar información cuantitativa sobre la indocumentación, especialmente en los adultos, para crear políticas públicas que se enfoquen en este problema.

Mia Harbitz, experta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en políticas para reducir el subregistro, destacó la asociación de la OEA y el BID en diferentes países de la región para alcanzar la universalización del registro de nacimientos, y recordó que “el derecho a la identidad es uno de los más básicos de los derechos humanos”. “Hay una relación directa entre el nivel de registro de nacimientos y el nivel de desarrollo humano, que es un indicador que describe el nivel de educación, de cobertura de salud y de bienestar de las personas”, agregó Harbitz.

Buti Kale, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), centró su intervención en la falta de registros de nacimientos y de documentos de identificación en situaciones de conflicto. “El derecho a la identidad es el derecho de todo individuo a existir legalmente”, afirmó y señaló que las personas que no están registradas “no existen para los ojos de la ley”.

Para ilustrar la importancia de contar con un documento de identificación, el representante de ACNUR puso como ejemplo el caso del actual Presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouatarra, “a quien le negaron el derecho a la identidad en su país en 2000, y en consecuencia le prohibieron postularse como candidato a la presidencia”. Kale relató que tras varios años, Ouatarra logró que le otorgaran su registro de nacimiento, lo que le permitió conseguir el permiso para presentarse a las elecciones y hoy en día ser el Presidente de su país.

La reunión de la CAJP contó con la intervención especial de autoridades de las instituciones de registro civil e identificación de Brasil, Colombia y República Dominicana, que viajaron a Washington, DC expresamente para relatar las experiencias de sus países sobre el tema y su trabajo con el PUICA. También estaba prevista la intervención de delegados de Ecuador, Perú y Costa Rica, pero su traslado fue imposibilitado por el paso del Huracán Sandy por la Costa Este de Estados Unidos.

La Coordinadora General de Promoción del Registro Civil de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de Brasil, Beatriz Merguiso, explicó que en su país hay desde 2007 un “compromiso nacional” con diferentes campañas para registrar los nacimientos. Como resultado, “hace una década había un millón de nacimientos al año que no eran registrados, mientras que en la actualidad la cifra alcanza los 167 mil”. La representante brasileña agregó que las regiones donde hay mayor dificultad para registrar los nacimientos son el nordeste, las zonas metropolitanas y las zonas fronterizas. También señaló que “hay un problema cultural, porque para realizar el registro, los padres deben ir al hospital con sus documentos de identidad, y muchas veces no los llevan”.

El Registrador Nacional Civil de Colombia, Carlos Ariel Sánchez, relató que en Colombia se expiden tres registros de identidad: el primero a los 7 años de edad, el segundo cuando la persona es adolescente, entre los 14 y 17 años, y el tercero a partir de la mayoría de edad, los 18 años. “Desde el año 2000, se ha empezado a dar un Número Único de Identificación Personal que la persona mantiene desde su nacimiento”, dijo Sánchez, y agregó que esta medida ha permitido acabar con los fraudes de identidad falsa y ordenar el sistema de registro nacional. El experto colombiano estimó que en la actualidad “un cuatro por ciento de los menores de cinco años en Colombia no están registrados”, aunque reconoció que “en algunas zonas del país, las más alejadas de los centros urbanos, el promedio llega al 8 y hasta el 10 por ciento”.

La Directora Nacional del Registro Civil de República Dominicana, Dolores Hernández, dijo que en el 2004 había medio millón de dominicanos sin acta de nacimiento y que desde entonces se han registrado a la mayoría, sobre todo a partir de la introducción de los avances tecnológicos en el registro. “En los proyectos que estamos trabajando, para el año 2013 vamos a contar con una cédula de identidad biométrica”, anunció Hernández.

El presidente de la CAJP y Representante Permanente de Colombia ante la OEA, Embajador Andrés González Díaz, resaltó la labor del PUICA a pesar de que “nuestra meta es todavía muy grande”. “Hay un desafío enorme, una gran cruzada para lograr el registro de seis millones y medio de niños y niñas, de cuya realización y de esta responsabilidad depende buena parte de su futuro”, indicó el Embajador colombiano.

El Embajador González, que recordó que la sesión especial de la CAJP se realizó por un mandato de la Asamblea General de la OEA con el objetivo de analizar la marcha del PUICA, aseguró que “América Latina y el Caribe es la región del mundo donde se encuentra la tasa más alta de desigualdad e inequidad, y precisamente es en esta región donde debemos dar la guerra sin cuartel contra la pobreza. Precisamente, una de las trampas mortales para salir de esa pobreza es encontrar mecanismos de acceso, modernos y eficientes, en cuanto a la identidad”, concluyó.

El PUICA nació de un mandato de la Asamblea General de la OEA en 2008, que encomendó a la Secretaría General de la OEA apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para alcanzar la universalidad y accesibilidad del registro civil, y cumplir con la meta del registro universal de nacimiento para el año 2015. El PUICA orienta sus actividades a cumplir con cinco objetivos: universalización y accesibilidad del registro civil y el derecho a la identidad; fortalecimiento de las políticas de las instituciones públicas y la legislación de los países; participación ciudadana y sensibilización; identificación de mejores prácticas; y promoción de la cooperación internacional y regional.

 

 

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