Piden que más salvadoreños se unan contra la explotación minera de su país

Ron Carver de IPS (centro) se opone a la explotación minera en suelo salvadoreño/Foto Ramón Jiménez.

Por Ramón Jiménez

Una delegación integrada por dirigentes de organizaciones que luchan en contra de la explotación del subsuelo salvadoreño en busca de oro y plata en perjuicio de la población civil, testificará ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C. este domingo 4 de noviembre.

Al grupo se unirán ciudadanos estadounidenses encabezados por Ron Carver del Instituto para Estudios Políticos (IPS) y el abogado Luis Parada, asesor jurídico de esa institución y quien ha litigado con éxito en arbitrajes por demandas de las compañías mineras en contra del Estado salvadoreño.

La intervención de Parada ha frenado las ambiciones de expansión de empresas transnacionales canadienses y estadounidenses, en deterioro de la salud de la población civil salvadoreña y de los recursos naturales.

“En los pueblos donde hay minería existe no solo un retroceso en el tema de los derechos humanos sino también incide en la escasés y contaminación de las fuentes de agua, que lo vuelven un problema muy serio”, remarcó Yanira Cortez, procuradora Adjunta para la Defensa del Derecho al Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, cuya principal labor es la tutela y promoción del derecho humano al medio ambiente.

La procuradora adjunta de Defensa del Derecho al Medio Ambiente, Yanira Cortez (izq.) explica la gravedad del caso de las minas en su país/Foto Ramón Jiménez.

Cortez, junto con Xenia Marroquín y Edgardo Mira integran la delegación no gubernamental que testificará este domingo ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

Marroquín representa al Foro del Agua, que agrupa a distintas organizaciones, y Mira pertenece al Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM). Los tres estuvieron en una rueda de prensa que tuvo lugar este sábado en la Casa Rutilio Grande de Takoma Park, Maryland.

“A la Comisión de Derechos no venimos a poner una denuncia sino a que se ponga atención al tema, ya que de continuar en la situación actual los daños sería irreversibles y entonces vamos a tener que llevar esta denuncia a otras instancias internacionales como el PARLACEN [Parlamento Centroamericano”, enfatizó Marroquín.

Los integrantes de la delegación reconocieron que  en El Salvador  sólo un 10% del agua es buena y el 90% restante está en regular, mala o pésima calidad y que el principal abastecedor de agua de todo el país: el río Lempa —que de por sí ya está contaminado en todo su recorrido desde Guatemala, pasando por Honduras, hasta desembocar en las costas del Pacífico salvadoreño— sufrirá una mayor contaminación si les son concedidos los permisos a decenas de compañías mineras.

“El Foro del Agua demandó que la Asamblea Legislativa reforme la Constitución para que sea reconocido el derecho humano al agua, para que esta tenga establecidos algunos usos prioritarios, como el doméstico, y no otros que van en detrimento de la calidad de vida de la población”, explicó Marroquín.

Tanto la procuradora adjunta para la defensa del Medio Ambiente como los voceros de CEICOM y el Foro del Agua, señalaron que los cambios sugeridos también proponen un manejo sustentable de las cuencas hidrográficas, especialmente la del río Lempa, el más caudaloso del país.

Con ocasión del Día Mundial del Agua el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, hizo entrega al presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, el anteproyecto de la Ley General de Aguas; algo que también hicieron las organizaciones  sociales inicialmente en 2006 y actualizado en 2011.

De aprobarse el Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa —que todavía no se hecho— serviría para regular el uso de los recursos hídricos en el país.

Sin embargo, para el representante de IPS , Ron Carver a pesar de todo lo que están haciendo las organizaciones sociales y la Procuraduría  para la Defensa del Derecho al Medio Ambiente  “los salvadoreños que residen en la región metropolitana de Washington, incluyendo sectores de Maryland y Virginia “necesitan involucrase y conocer más sobre los graves daños que las transnacionales mineras están haciéndole a la población civil de su país y puedan unirse a la lucha que desde Estados Unidos se está librando”.

 

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