Panamá: Crisis de “gobernabilidad”

Por Marco A. Gandásegui (h)

El sistema político de Panamá se encuentra en una crisis de “gobernabilidad” propia de los ciclos que caracterizan su estructura social. Al mismo tiempo, la frágil economía capitalista del país experimenta una de las fases de mayor crecimiento de su vida republicana. El actual “boom” se puede comparar con los períodos marcados por la construcción del Canal de Panamá (1904-1914), la segunda guerra mundial (1936-1945) y la culminación del período de industrialización por medio de la sustitución de importaciones (1960-1970).

No es una casualidad que después de esos períodos de “boom” el país cayera en profundas recesiones económicas y en años de inestabilidad política: La crisis inquilinaria a mediados de la década de 1920, las movilizaciones populares de fines de la década de 1940. Así mismo, la crisis de los partidos que culminó con el golpe militar de 1968.

A simple vista, el caos y el desorden políticos que se observan, destruyendo el tejido social del país, puede achacarse al mal manejo administrativo de la cosa pública y a la corrupción a todos los niveles de la vida pública y privada. Sin embargo, la causa es mucho más profunda. Por un lado, la guerra declarada entre los diferentes sectores de la clase dominante por el control de los aparatos gubernamentales se ha convertido en el problema central del Estado panameño. No hay diálogo y no existen posibilidades a corto plazo de encontrar un terreno sobre el cual establecer una concertación.

El presidente Ricardo Martinelli ha encabezado a un sector de la clase dominante acusando a los demás de “ladrones y de corruptos”. En su discurso de apertura de la Asamblea de Diputados en 2012, dijo que el gobierno necesitaba fondos para desarrollar sus obras. “Para lograr estos cambios necesitamos dinero, plata, billete, money, fluss, chen-chen. Esos recursos tienen que salir de algún lado. Le metimos la mano en el bolsillo a los empresaurios. Y eso no nos lo perdonan”.

Los otros sectores no se quedan atrás, acusando a Martinelli de estar dirigiendo una pandilla de facinerosos que quiere vaciar las arcas fiscales. Alegan que Martinelli y los otros millonarios en su gobierno quieren convertirse en billonarios embolsando los miles de millones de dólares que ingresan a la hacienda pública nacional anualmente. Estas sumas estratosféricas son el producto de los tributos (peajes) que pagan los usuarios del Canal de Panamá, las rentas que pagan los operadores de los puertos del Atlántico y del Pacífico y de los movimientos de dinero que realiza el centro bancario instalado en la ciudad de Panamá.

El enfrentamiento provocado por Martinelli tiene como fundamento medias verdades. Los grandes empresarios panameños no contribuyen al fisco para el funcionamiento de la administración pública. Durante casi un siglo de dominación, ellos han sabido como evadir el pago de sus obligaciones con la sociedad. Los ingresos del gobierno son, en su gran mayoría, tributos que provienen del manejo de la ruta de tránsito (Canal de Panamá) e impuestos a las transacciones comerciales.

En esta batalla entre fracciones de la oligarquía no existe una clase media que sirva de moderadora o colchón que amortigüe los golpes. Es una realidad de todos los países de América latina. En el caso de Panamá, su ausencia le permite a la oligarquía abusar del poder político y concentrar cada vez más el poder económico. Según estadísticas nacionales, el 10 por ciento de las familias panameñas concentran casi el 40 por ciento de la riqueza del país. El 1 por ciento posee casi el 30 por ciento del poder económico.

La clase media – aproximadamente el 20 por ciento de las familias del país – tiene acceso al 20 por ciento de la riqueza nacional. Las clases populares, otro 70 por ciento de la población sólo tendría el 40 por ciento de la riqueza. Esta desigualdad aguda crea condiciones políticas de ingobernabilidad extremas.

Sólo existen tres formas de gobierno posibles en un país que presenta características tan agudas de desigualdad y concentración del poder. En primera instancia, un régimen oligárquico como el actual basado en la rapiña y la represión de los sectores populares. La falta de capacidad de la oligarquía panameña para administrar este tipo de gobierno obliga a sus dirigentes a buscar un protector extranjero. La república creada en 1903 ha descansado, en gran parte, sobre este supuesto por más de cien años.

En segunda instancia, han surgido gobiernos populistas en que la oligarquía ha delegado su poder político – casi obligada – a una instancia intermedia que toma las riendas de la república. El populismo constituye una alianza entre una fracción de la clase dominante y algunos sectores subordinados. Cuando el pacto deja de ser útil, la oligarquía recupera su hegemonía mediante la intervención armada exterior.

Por último, en forma hipotética, un gobierno que es formado por un partido (fracción) de la débil clase media en alianza con los sectores populares organizados y que tenga capacidad para enfrentar militarmente las amenazas de una fuerza armada extranjera. Este tipo de gobierno tendría que contar con una correlación de fuerzas sociales y políticas favorables tanto dentro del país como en el exterior.

Fuente: ARGENPRESS.Info

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