Colombia: La crítica situación de las islas San Andrés

Por José Eulícer Mosquera Rentería

Las criticas situaciones que viven actualmente las comunidades afrodescendientes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son producto de la exclusión y el abandono de que han sido objeto las comunidades afrocolombianas por parte de los gobiernos oligárquicos que han gobernado a nuestro país, quienes solo les han ofrecido a estos pueblos hipocresía, demagogia y malos tratos.

Prueba elocuente de ello es el hecho de que han pasado 21 años de promulgada la última Constitución Política y 19 de la Ley de Comunidades Afrocolombianas de 1993, y no se ha ejecutado el Plan de Desarrollo Integral que ellas autorizan, orientado a sacar a estas comunidades de la pobreza extrema y la marginalidad, y como la forma más adecuada de ir saldando la deuda histórica del Estado Colombiano para con las mismas, a pesar que se ha formulado por tres veces con la asesoría y acompañamiento de los organismos estatales correspondientes.

Para los gobiernos y sus bancadas parlamentarias nunca alcanzan los recursos para atender este plan, no obstante que la ley autoriza también recurrir al endeudamiento externo si es necesario. Pero diferentes gobiernos sí han dispuesto de miles de millones y hasta de billones de pesos de los recursos estatales, para auxiliar y subsidiar a los grandes empresarios nacionales y transnacionales, a la banca capitalista en sus momentos críticos, y para entregárselos a estafadores de su cuerda.

El caso de las comunidades hermanas del archipiélago caribeño en relación con el fallo de la Corte de La Haya, es también el resultado del absurdo modelo de desarrollo capitalista, centralista y de espaldas a los océanos y zonas de fronteras que han mantenido las oligarquías gobernantes, donde a las comunidades étnicas, forzadas a poblar la periferia y las zonas costeras más inhóspitas, le han asignado el papel de domeñadoras de nuevas tierras para la ampliación de las fronteras productivas para las inversiones capitalistas, en consonancia con lo cual hoy se vive una nueva etapa de despojo a sangre y fuego de las mismas, tanto en la región del Pacífico, como en la Caribe y valles interandinos, donde los desplazamientos forzados, la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad se han convertido en algo cotidiano, sin que los gobiernos cumplan debidamente con su función constitucional de proteger la integridad y la dignidad de estas comunidades.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al igual que las demás comunidades ancestrales afrocolombianas, han sido objeto de las políticas racistas y fascistoides de los diferentes gobiernos, con base en las cuales han promovido la emigración hacia esos territorios de inversionistas del interior del país, que han llevado más del 90% de su personal laboral, y por mucho tiempo dejaron a estas comunidades merced del accionar de los narcotraficantes también procedentes del interior del país, todos los cuales dieron riendas sueltas a sus conductas usurpadoras y avasalladoras para con las comunidades nativas, apoderándose de las mejores tierras y posiciones costeras.

Esta situación también es resultado de las políticas de apartheid y de enemistad promovidas por el imperio yanqui entre los países de América Latina y el Caribe, para mantenerlos desunidos y por ende, débiles, mediante las cuales convierte a los mandatarios de la región en sus gallitos de riña para tenerlos enfrentados, a objeto de garantizar la permanencia de su dominación neocolonial y para hostilizar e interferir el desarrollo de los países cuyos gobiernos toman un camino independentista, antiimperialista y de progreso social, como los de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Y en este sentido, el presidente Álvaro Uribe Vélez durante sus dos periodos presidenciales jugó un papel estelar al servicio del imperio yanqui y contra estos países.

Todo esto no permite que nuestros países y sus gobiernos resuelvan sus problemas y litigios en forma autónoma, amistosa, mediante negociaciones bilaterales razonables y dentro del ambiente de hermandad que les corresponde. Desde hace muchos años Nicaragua ha venido con reclamaciones territoriales y de precisión de límites en esta área del Caribe, poniendo presente de que habían sido fijados de manera ambigua y con la injerencia imperialista, pero los diferentes gobiernos colombianos respondieron con actitudes hostiles y prefirieron abstenerse a lo que decidieran instancias internacionales como la Corte de La Haya, tal como se lo dijo frente a las cámaras de televisión Álvaro Uribe Vélez al presidente Daniel Ortega en un evento internacional, sin embargo, como buen demagogo ahora regresa a San Andrés a exhibir un “patriotismo” alborotado y de dientes para afuera, ya que lo más importante de una patria es su gente y ni él, ni los gobernantes anteriores se han interesado por la suerte de nuestras comunidades, y al contrario, las han excluido.

La difícil situación de las comunidades del archipiélago también es producto del irrespeto de los diferentes gobiernos oligárquicos a los mandatos constitucionales y legales, y a los convenios internacionales con respecto al reconocimiento y respeto a las comunidades ancestrales, sus culturas y territorios, estableciendo la consulta previa ante ellas, en relación con las decisiones, planes, proyectos y actuaciones que las afecten.

Al contrario, han desarrollado proyectos estatales y dado concesiones a capitalistas nacionales y trasnacionales para que exploten los recursos en los territorios ancestrales, sin contar con la voluntad de estas comunidades, como ocurre actualmente con la “Locomotora Minera” del presidente Juan Manuel Santos y con las licencias dadas a grandes compañías pesqueras extranjeras para saquear nuestros recursos pesqueros, mientras una considerable franja de la población colombiana sobrevive en estado de desnutrición. Por tanto, si por algo hay que rechazar y se debe caer el fallo de La Haya es porque no se soporta en la rigurosidad de la doctrina del derecho, y a que las violaciones de la Corte de la Haya incluyen disposiciones emanadas de Naciones Unidas, como el Convenio 169 de 1989, acogido por Colombia.

Por su parte el Gobierno Colombiano se limitó a nombrar una comisión de negociadores integrada por voceros de la oligarquía liberal-conservadora, que resultó incompetente, lo más seguro pagándole una millonada de dólares, sin adelantar consulta alguna con las comunidades del archipiélago, y que la Corte de La Haya no exigió como le correspondía la realización de dicha consulta para poder continuar adelante con el trámite de lo demandado por los dos países; y tampoco Nicaragua adelantó consulta alguna con las comunidades ancestrales de la región, ni la Corte de La Haya le exigió evidencias de ello.

Pero para rechazar dicho fallo Colombia no tiene porque seguir los malos ejemplos de los gobiernos de Estados Unidos y su protegido Israel, como lo andan planteando algunos voceros de la oligarquía colombiana, ya que esos gobiernos se han dedicado a manipular los organismos internacionales en aras de imponerse sobre los demás países y pueblos, pisoteando toda disposición que no favorezca sus intereses imperiales.

Al contrario, urge fortalecer a las Naciones Unidas y todos sus organismos, ya que fueron creados por la humanidad para garantizar la convivencia pacífica entre los pueblos y naciones, sobre las bases de la autodeterminación y la solución negociada de los conflictos, después de las terribles experiencias de las dos guerras mundiales promovidas por las potencias capitalistas.

Para ello todos los Estados y Naciones deben comprometerse a cumplir con sus decisiones, siempre y cuando se soporten en el derecho internacional, al tiempo que deben presentar propuestas orientadas a mejorar el funcionamiento y el modus operandi de organismos como la Corte de La Haya. Debilitar a la ONU y sus organismos, generalizando el desconocimiento de sus decisiones, es poner a la humanidad en peligro de guerras, de genocidios y de la peor hecatombe mundial.

El presidente Álvaro Uribe la “solución progresista” y supuestamente para superar la corrupción, que le ofreció a San Andrés, fue intervenirle su administración pública imponiéndole unos administradores interioranos y de su cuerda política, a quienes sí les transfirió importantes recursos, cuya inversión no se vio en el archipiélago ni se reflejó en la mejora de las condiciones de vida del pueblo sanandresano, al igual que hizo con el Chocó, y la “gran obra” que le hizo a San Andrés fue un peatonal que inauguró con bombos y platillos, donde realmente lo que hay son negocios lujosos de unos paisanos suyos, y a los cuales solo tienen acceso los turistas billetudos. Mientras los proyectos productivos y de generación de empleos presentados por diferentes núcleos organizados de estas comunidades no merecieron su apoyo.

Por todo lo dicho, hay que rechazar el fallo de La Haya por sus omisiones y violaciones del derecho internacional y, a cambio, los gobiernos de Colombia y Nicaragua deben sentarse a negociar en un ambiente respetuoso, de hermandad, de solidaridad y de fraternidad, donde también participen representantes legítimos de las comunidades afectadas, ó al menos estas sean debidamente consultadas, en aras de llegar a una solución razonable en la distribución y uso del área marítima de aprovechamiento económico en disputa, para bien de ambos pueblos y comunidades costeras, que realmente tienen orígenes e historia comunes.

Por ello no es aceptable que las fuerzas armadas de ambos países anden intimidando y atropellando a los pescadores de las dos nacionalidades, que por hechos históricos cruzados por la injerencia imperialista occidental, quedaron separadas entre diferentes repúblicas.

Fuente: BARÓMETRO INTERNACIONAL/ARGENPRESS.Info

 

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