Conflicto entre poderes de estado en El Salvador se mantiene vivo

Un conflicto entre cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Parlamento de El Salvador se mantiene vivo aún en medio del descanso de Semana Santa.

La prensa contiunúa el seguimiento del tema, entre noticias de accidentes, celebraciones religiosas y el desarrollo de la temporada de vacaciones.

El polémico asunto viene desde el 23 de enero pasado, cuando los cuatro jueces decretaron inconstitucional la elección de los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), hecha por la Asamblea Legislativa el 16 de junio de 2011.

Atendiendo la sentencia, ese órgano el día 20 pasado eligió por mayoría al presidente de la CCR, Gregorio Sánchez Trejo, al primer magistrado, Javier Bernal, y la segunda, Silvia Aguilar.

Menos de 24 horas después, los cuatro magistrados, Berlamino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, emitieron un comunicando anunciando desconocer nuevamente ese acto del Legislativo.

Sánchez Trejo y Bernal anunciaron su aceptación de la decisión de los jueces, que aducen que el parlamento no argumentó que los escogidos tengan honradez y competencia notorias y carezcan de afiliación partidaria.

No obstante, fue rechazada por Aguilar, quien subrayó que el artículo 196 de la constitución establece que los miembros de la CCR “no podrán ser separados de sus cargos sino por causa justa, mediante resolución de la Asamblea Legislativa”.

El presidente de la Corte Suprema y la Sala de lo Constitucional, Salomón Padilla, también restó validez a la resolución de sus cuatro colegas y aseguró que su pronunciamiento fue adoptado de manera irregular en una reunión que él no convoco.

Precisó que la Sala debió emitir, en vez de un pronunciamiento, un fallo de inconstitucionalidad para anular la elección.

Padilla advirtió que ese acto genera “incertidumbre jurídica para el país” e incluso podría considerarse como una clara intromisión en los asuntos que le son propios a la Asamblea Legislativa y afecta las funciones de la CCR.

Lo que es improcedente y por lo tanto inaceptable, es que la Sala de lo Constitucional se auto otorgue la facultad de poder decidir si el acto legislativo es válido o no a partir de un pronunciamiento, sostuvo.

Padilla aseguró que está “firmemente convencido que ningún funcionario, del rango que sea, puede limitarle antojadizamente a las personas el libre ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución”.

Fuente: Prensa Latina/ARGENPRESS.Info

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