Victoria para la justicia en Guatemala

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) elogió la sentencia condenatoria del Tribunal B de Mayor Riesgo de Guatemala en el juicio contra el ex dictador militar Efraín Ríos Montt. El general retirado, de 87 años, ha sido condenado por genocidio y delitos a los deberes de la humanidad contra la población maya ixil durante la guerra civil de Guatemala. Fue sentenciado a 80 años de prisión. José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fuera jefe de inteligencia bajo el mando de Ríos Montt y también acusado en el juicio, ha sido absuelto de todos los cargos.

Un panel de tres jueces ha declarado al general retirado Ríos Montt culpable de todos los cargos, que incluyen la masacre de 1.771 ixiles, desplazamiento forzado y la planificación de destruir a la etnia ixil. Las acciones formaban parte de planes militares  de 1982 y 1983 para eliminar no solo a la guerrilla durante el conflicto armado interno, sino a cualquiera que simpatizara con sus objetivos. Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, 200.000 personas fueron asesinadas durante las tres décadas de conflicto armado interno, y otras 45.000 fueron desaparecidas –la mayoría de ellas de etnia maya.

“Esta es la primera vez que se juzga rigurosamente a un ex jefe de Estado por genocidio en tribunales nacionales. A pesar de todos los obstáculos, su éxito demuestra la importancia de hacer justicia a nivel nacional, incluso cuando todo parece jugar en contra. Es un gran paso adelante en la lucha por la justicia tanto en Guatemala como en el mundo”, dijo David Tolbert, presidente del ICTJ. “El día de hoy quedará grabado en la historia de la lucha contra la impunidad por atrocidades masivas como una victoria para las víctimas de este país, y para todos los que defienden que el Estado garantice, en lugar de violentar, los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

La juez presidenta Yassmín Barrios, junto con dos otros jueces, basó el veredicto condenatorio en las evidencias presentadas de que Ríos Montt ordenó los planes que llevaron al genocidio, y que tenía pleno conocimiento de las masacres y otras atrocidades que se estaban cometiendo, pero no hizo nada para detenerlas, a pesar de tener el poder para hacerlo.

La Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), formada por sobrevivientes del genocidio, y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) fueron esenciales en el proceso. Ellos fueron quienes investigaron las atrocidades y presentaron los casos a los fiscales  ya en 1997, continuando con las investigaciones en los años posteriores. Gran reconocimiento merecen la actual Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, y su equipo en el Ministerio Público, que han mostrado el valor y el tesón de enjuiciar estos crímenes.

“Este ha sido un proceso largo, en el que las víctimas que se unieron para buscar justicia han podido honrar a sus seres queridos. Han sido necesarios un enorme coraje y diligencia. Los fiscales y jueces merecen el crédito por haber llevado a cabo su trabajo bajo circunstancias muy complicadas. El juicio es parte de la difícil lucha que Guatemala mantiene por enfrentar la verdad, pero con este veredicto histórico se ha reducido el espacio para el racismo y la negación, y se han reconocido la dignidad y los derechos de los que fueron perseguidos por un Estado racista”, dijo Paul Seils, vicepresidente del ICTJ.

Un golpe de Estado llevó a Ríos Montt al poder el marzo de 1982, convirtiéndolo en el jefe de Estado de facto hasta agosto de 1983. Durante su mandato de 17 meses, uno de los más sangrientos de la historia reciente de Guatemala, lideró la estrategia militar para terminar con la guerrilla, y que supuso un incremento dramático de la violencia contra la población civil.

A pesar de que los crímenes sucedieron hace más de 30 años, los tribunales escucharon los testimonios de más de 100 sobrevivientes y familiares de víctimas, algunos de los cuales eran niños cuando las fuerzas guatemaltecas atacaron y arrasaron sus comunidades. Sus historias ayudaron a demostrar que el ejército consideró a los ixiles civiles, incluso a los niños, objetivos militares. El tribunal también escuchó testimonios que demostraron las terribles prácticas sistemáticas de abusos sexuales a mujeres, que tuvieron lugar durante las masacres y la ocupación militar.

“La juez Barrios ha dicho hoy que todos los guatemaltecos sufrieron por estos crímenes. Hoy, toda Guatemala debería estar orgullosa de la capacidad de sus instituciones y el coraje de las autoridades que han hecho avanzar este caso y han hecho que se juzgue”, explicó Marcie Mersky, directora de programas del ICTJ. “A pesar de las muchas dificultades y de los retos legales que todavía quedan por resolver, Guatemala se ha convertido en un ejemplo para la región y para el mundo en la lucha por la rendición de cuentas”.

El juicio tiene lugar 14 años después de que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, auspiciada por las Naciones Unidas, concluyera que los agentes del Estado cometieron actos de genocidio contra la población maya ixil y otros grupos étnicos, y que el Estado tenía la obligación de investigar y castigar esos crímenes.

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