Ollanta Humala y el indulto a Fujimori

Por Carlos Angulo Rivas

Después de muchos años de seguimiento diario a la política peruana, estoy convencido que ella constituye una comedia inacabada, una farsa montada en busca de autor. La falta de seriedad de los dirigentes políticos ayuda a la actuación teatral circense y no sólo por la fisonomía de personajes histriónicos por naturaleza o bufos grotescos innatos, sino por las declaraciones que emiten sin el mayor sonrojo.

Los periodistas, analistas y reporteros de la radio y TV, colaboran en estos espectáculos de entretenimiento, de desinformación y de aturdimiento de los ciudadanos; en consecuencia, son peores que los protagonistas directos, pues ellos se gradúan en crear confusión luego de haber vendido sus conciencias a los propietarios de los medios.

A los políticos peruanos no les preocupa los problemas nacionales reales, tampoco los remedios urgentes para solucionar la pobreza insultante, el hambre, la falta de educación, salud, trabajo y servicios indispensables; a estos nuestros orondos personajes les interesa sólo la competencia electoral para asaltar al estado y enriquecerse de manera grosera e impune. En esta dirección, adelantan campañas electorales viciosas entre las mismas figuras corruptas e inmorales como si no existiera la posibilidad de un renacer nacional y patriótico con liderazgos mucho más decentes. Se trata entonces de presentar a los mismos políticos fracasados y corruptos a fin que los ciudadanos vuelvan a escoger, entre todos los impresentables, al “mal menor” o sea a un presidente por descarte y no uno por convicción.

Alan García inició su campaña electoral por adelantado cuando todavía ni siquiera se han cumplido dos años del gobierno de Ollanta Humala. La prematura disposición a ser candidato para un tercer mandato presidencial, nadie duda, busca el objetivo de liberarse de los crímenes en su haber y de los millonarios desfalcos al estado cometidos durante dos períodos presidenciales; de tal forma este conocido bandolero político pretende convertir en políticas las acusaciones de corrupción que pesan sobre él y sus cómplices; pretende convertir en ataques gubernamentales a su candidatura las acusaciones con las pruebas de sus delitos. Sin embargo, no las tiene fácil por cuanto la Megacomisión Investigadora del Congreso continúa descubriendo actos delincuenciales de gran magnitud, muy propios del ego colosal de Alan García que, a sí mismo, se considera intocable. A tanto llega el cinismo de este sujeto que mediante un comunicado de su partido, APRA, convertido en una banda de hampones de alto calibre, pidió oficialmente “indulto humanitario” para el reo Alberto Fujimori; un indulto que, por supuesto, no dio él cuando era presidente de la república, prefiriendo liberar más bien por el mecanismo de las “gracias presidenciales” a 3,200 narcotraficantes de los cuales 400 eran jefes de los carteles de la mafia.

Felizmente, el sainete político del indulto por razones “humanitarias” al reo japonés Alberto Fujimori ha terminado con la resolución del presidente Ollanta Humala de no otorgarlo. La verdad, es digno saludar esta determinación de Humala frente a un indulto traído de los cabellos, el mismo que mantuvo al país más de ocho meses con la majadería insana de la distracción. No sabemos si por cálculo político u otros motivos Ollanta Humala no cortó por lo sano desde un comienzo, y permitió crear falsas expectativas en los extremistas de la derecha y los fujimoristas frente a una posible liberación de un delincuente sentenciado a 25 años de prisión. Por principios jurídicos internacionales suscritos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional, el perdón, la amnistía o el indulto a un sentenciado por delitos de lesa humanidad no procede en ninguna circunstancia, ni por vejez, ni por enfermedad terminal ni por ningún otro subterfugio de burlar la justicia. El carácter humanitario se puede aplicar sin necesidad de liberar al reo; ya que si éste está enfermo de gravedad se le atiende en los hospitales o las clínicas siempre en calidad de preso sentenciado. Los criminales nazis fueron atendidos hospitalariamente pero murieron en la cárcel o en un centro médico siempre en la condición de reos; y recientemente el ex dictador Rafael Videla falleció en su prisión.

Por consiguiente, las reacciones de la japonesa Keiko Fujimori y de su hermanito el congresista pervertido Kenji, no tienen asidero legal alguno. Esta risible mujer, ex candidata presidencial, no sabe lo que dice cuando afirma: “que emplearán mecanismos legales y constitucionales para lograr la libertad de Alberto Fujimori” y peor cuando dice: “Me llama la atención que se haya demorado ocho meses en evaluar la situación de mi padre, y en menos de tres horas el presidente anuncie su decisión, ello nos indica que nunca hubo voluntad política para darle indulto.” Precisamente, Ollanta Humala no podía burlar la ley ni asumir una decisión administrativa “política” eludiendo la responsabilidad de respetar la sentencia judicial. Reducir todo el proceso judicial seguido a una simple decisión política, como seguro sí lo hubiese hecho ella, si para desgracia del Perú ocupara el cargo de Humala, consagraría una inadmisible impunidad. La sucesión de propagar maniobras psicosociales, teatros montados, ademanes dramáticos lamentables, mediante un moribundo artificial con la figura del malvado ex dictador y ratero contumaz, que acompañó la masiva campaña de la Derecha Bruta y Achorada a favor del indulto “humanitario” a Alberto Fujimori perturbó la paciencia de los ciudadanos honrados.

De todas maneras, la determinación de Ollanta Humala, aunque tardía para muchos, coloca el punto final al exaltado trajín de la gran mafia nacional, de políticos y periodistas, cuya obscena representación, incluido el cardenal Cipriani, quería la libertad de uno de sus líderes congénitos, sin importarle el país y la decencia. La japonesa Keiko Fujimori no tiene noción de dignidad ni de respeto al estado de derecho, a ella le interesa únicamente su interés propio y familiar; y enrrostra a los peruanos con insolencia: “mi padre saldrá en libertad y no a la tumba como Humala y su señora desean” y el hermanito pervertido Kenji con igual desfachatez declara: “Ollanta Humala le dio un golpe letal a mi padre.” Como se observa, ambos descendientes del japonés Alberto Fujimori están convencidos de que el Perú es una chacra, y ellos los propietarios de la hacienda al concebir que la libertad del ex dictador por “indulto” o cualquier vía es una obligación no asumida por Humala. Ese planteamiento nace de una percepción equivocada desde el comienzo, ya que el indulto por crímenes de lesa humanidad no procede en ningún caso; y porque por último un indulto no es un derecho sino una solicitud de “gracia presidencial” partiendo de una condición de humildad, reconocimiento y arrepentimiento, acerca de los crímenes cometidos. De otra forma el estado peruano estaría reconociendo la existencia del derecho a asesinar a sus ciudadanos y el derecho a robar en los gobiernos, ambos delitos básicos por los que ha sido sentenciado Alberto Fujimori. En el primer caso el reo no quiere pedir perdón por las ejecuciones extrajudiciales y en el segundo no quiere devolver el dinero sustraído al estado.

El gobierno de Ollanta Humala o de cualquier otro mandatario no puede entrar a discutir o analizar los hechos por los cuales el ex dictador Alberto Fujimori fue juzgado, eso ya lo resolvió el Poder Judicial al terminar el proceso con la sentencia refrendada por la Corte Suprema. El Poder Ejecutivo no puede corregir una situación que está totalmente acabada según la Constitución y el ordenamiento legal.

Carlos Angulo Rivas es poeta y escritor peruano.

Fuente: ARGENPRESS.Info

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