Cambios radicales pide la juventud en Brasil

Por Marco A. Gandásegui (h)

El levantamiento de la juventud urbana brasileña sorprendió a los ideólogos del neoliberalismo y a los medios de comunicación que responden a sus intereses. Lo cierto es que nadie esperaba que en el Brasil actual ocurriera un movimiento social tan abarcador que movilizara a un millón de personas en protesta por las políticas impopulares del gobierno.

Como consecuencia, la presidente Dilma Rousseff se reunió con representantes de los jóvenes y aceptó la necesidad de efectuar un plebiscito para iniciar una reforma política. La reforma política tendría como objetivo erradicar la corrupción del sistema político y promover la democracia participativa. Sin embargo, la presidente no mencionó medidas para atender los males heredados del neoliberalismo. La reacción oficial en torno a la propuesta sobre la “tarifa cero” en el sector transporte y las reformas en el sector salud fue considerada insuficiente por los representantes de los jóvenes insurrectos.

Las movilizaciones demostraron que América latina no es la región donde puede campear el neoliberalismo sin oposición. Las políticas neoliberales han causado enorme daño y el despojo que empobrece a las comunidades del continente ha creado un fuerte resentimiento que no puede superarse con meras buenas intenciones. El descontento popular en el país suramericano tiene sus raíces en las tasas de desigualdad más altas del mundo.

Los medios no esperaban el estallido del descontento en Brasil porque durante diez años las cifras presentaban un cuadro idílico del país penta-campeón mundial de fútbol. Según el Banco Mundial y la ONU, en los últimos diez años “la pobreza se ha reducido y 30 millones de brasileños han ingresado a la clase media. Más del 50 por ciento de los brasileños forman parte de la clase media en comparación al 38 por ciento de hace una década”.

Los ‘expertos’ agregaban que “en los últimos cinco años el ingreso del 10 por ciento del sector más pobre ha subido. Simultáneamente, fueron creados 18 millones de puestos de trabajo. Aproximadamente, 11 millones de familias están inscritos en el programa estatal “Bolsa familia” El salario mínimo fue aumentado este año a 330 dólares al mes”.

Según estos informes que distorsionan la realidad, los brasileños no deberían estar protestando. Los neoliberales insisten en que deberían estar festejando. El problema es que las cifras del Banco Mundial y de la ONU no reflejan la realidad. Son meras máscaras que fueron denunciadas precisamente por Luiz Inácio “Lula” da Silva y el PT durante las últimas 2 décadas del siglo XX. Son los mismos números que manipulaba el expresidente Fernando H. Cardoso, quien fue derrotado por Lula en las elecciones de 2002.

Según varios observadores, la protesta desencadenada por el alza del transporte se combinó con la pésima situación de los servicios de salud pública, el sesgo clasista y racista del acceso a la educación, la corrupción gubernamental (que obligó a Dilma a destituir a varios ministros) y la arrogancia tecnocrática de los gobernantes que ignoran las peticiones del pueblo: Mejorar la previsión social, impulsar la reforma agraria y atender los reclamos de los pueblos originarios ante la construcción de grandes represas.

Dilma tiene el poder para poner fin al descontento, pero dice que hay intereses oligárquicos que no la dejan gobernar. Si no actúa con energía puede poner en peligro su presidencia y al PT: Tiene que dar un giro para alejarse de las políticas neoliberales. El PT y su dirección tiene que cumplir con la promesa reiterada por Lula una y otra vez antes de llegar a la Presidencia: “Poner fin a la política neoliberal y de despojo”.

Primero, introducir políticas públicas que generen empleos formales, multipliquen la productividad de los trabajadores y capture las enormes ganancias que son transferidas al exterior por las empresas trasnacionales. Las subvenciones introducidas hace 10 años respondían a una política de emergencia y Lula lo convirtió en un programa permanente.

En segundo lugar, movilizar al país – juventud, mujeres, obreros, campesinos y capas medias – para erradicar la corrupción y consolidar los programas de salud, educación y vivienda, entre otros. El pueblo brasileño tiene muchos recursos internos y un mundo para conquistar. Está exportando anualmente cerca de 100 mil millones de dólares (minerales y productos agrícolas) sin mucho valor agregado que debe invertir en desarrollo ‘incluyente’.

La alianza interclasista pregonada por Lula durante sus campañas presidenciales no incluía a los rentistas y latifundistas campeones de las políticas neoliberales. Sin embargo, cogobernar con los neoliberales ha resultado ser desestabilizador y peligroso para Brasil. Esta política tiende a excluir a las mayorías que generan reacciones populares.

Según el sociólogo brasileño Emir Sader, lo más importante de la presente coyuntura es “la introducción del significado político de la juventud y sus condiciones concretas de vida y de expectativas en el Brasil del siglo XXI”. El planteamiento de Emir se proyecta con igual fuerza hacia el resto de la región latinoamericana.

Brasil tiene que transformar el boom de las exportaciones agro-mineras – ‘reprimarización’ – en una táctica temporal y no en una estrategia para el desarrollo. Aún no es tarde. Dilma tiene que asumir su papel. Tiene todo en sus manos. A los enemigos del pueblo brasileño, a los neoliberales, los puede derrotar en todos los campos. Sólo así puede iniciarse la construcción de la nueva sociedad que reivindica el PT.

 

 

Propone gobierno de Brasil un plebiscito para reforma política

Por Edgardo Luguercio (XINHUA)

El gobierno de Dilma Rousseff anunció la convocatoria a un plebiscito para una reforma política en Brasil, en respuesta a las masivas manifestaciones que se extienden por todo el país buscando mejoras en los servicios públicos y el fin de la corrupción política.

El gobierno decidió alterar la propuesta inicial hecha en una reunión con gobernadores y prefectos de convocar a una Constituyente exclusiva para una “amplia y profunda reforma política” que atendiera al reclamo de las calles.

Rousseff modificó su apuesta al comprobar que sería blanco de cuestionamientos jurídicos y de la oposición del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), sigla que preside las dos casas del Congreso y principal aliado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Luego de su anuncio, la idea de una Constituyente exclusiva enfrentó fuertes críticas de juristas, que afirmaron que si fuera convocada sus integrantes tendrían la libertad para reformar toda la Constitución y no precisarían restringirse exclusivamente a un tema.

Además, el anuncio de Rousseff sorprendió al vicepresidente Michel Temer, líder del PMDB, quien consideró la propuesta inadecuada y llamó a los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Henrique Alves, ambos del PMDB, para buscar una alternativa.

En el Congreso, al que la legislación atribuye la responsabilidad de convocar a un mecanismo de ese tipo, un amplio arco de legisladores se oponía a apoyar una nueva Constituyente, que vieron como una amenaza.

Según las autoridades parlamentarias, la convocatoria al poder constituyente representaba el camino para la democracia directa, desplazando al Congreso.

Temer expuso a Rousseff las dificultades legales y políticas que presentaría una “constituyente específica” para la reforma política, sugiriendo que fuera realizado apenas un plebiscito sobre las nuevas reglas electorales.

Rousseff y Temer discutieron las alternativas con la Orden de Abogados de Brasil (OAB), que también cuestionó la idea de una nueva Constituyente, lo que fortaleció la tesis de un mecanismo que definiera el contenido de la reforma directamente en la consulta popular.

El anuncio del gobierno fue hecho después de una reunión de Rousseff con el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, quien apoyó la idea de una consulta popular.

Para el magistrado, el debate jurídico sobre la legalidad de los diferentes mecanismos para implementar una reforma política “no interesa a la sociedad”, que exige cambios profundos.

“Tenemos en el país una crisis de legitimidad. Precisamos medidas para superarla”, enfatizó.

El ministro de Educación, Aloizio Mercadante, confirmó oficialmente la decisión de consultar a la población sobre las reglas electorales del país, pero alegó problemas de tiempo para organizar una Constituyente.

“Hay una polémica constitucional: si hay espacio en la Constitución brasileña para una Constituyente de esa naturaleza o no. Varios juristas de peso sustentan que hay. Sin embargo, no tenemos tiempo hábil para realizar una Constituyente. Por eso, la presidenta habló en su discurso de ‘plebiscito'”, afirmó.

La convocatoria a una consulta popular fue justificada por el hecho de que la reforma política estuvo en varias ocasiones en la agenda del Congreso en los últimos años, pero la falta de acuerdo hizo que su tratamiento fuera suspendido.

El plebiscito tendría la forma de una serie de preguntas, a las cuales caberá la respuesta “sí” o “no”, incluyendo definiciones sobre financiamiento público de campañas, elección parlamentaria en dos turnos y el voto en lista cerrada.

La reforma incluiría definiciones sobre financiamento de campaña para los partidos políticos, restringiendo el aporte de las empresas privadas, y un sistema de dos turnos para la elección a los cargos legislativos, por la que habría una primera votación en partidos, y luego en una lista de candidatos proporcional.

El cambio obligaría a los partidos políticos a presentar sus programas y banderas, e impediría la práctica habitual en el país sudamericano de candidatos que se presentan por una agrupación y luego de electos cambian de partido y de programa.

El gobierno ya envió su propuesta de plebiscito para que sea evaluada técnicamente por el Tribunal Superior Electoral (TSE), y la idea es realizar la consulta hacia fines de agosto, después de una rápida campaña.

Las nuevas reglas, que luego del plebiscito deberán ser refrendadas por el Congreso, entrarían en vigor para las elecciones generales de octubre de 2014.

 

La muerte de un joven eleva a cinco la cifra de muertos por la represión de las protestas en Brasil

XINHUA

Un estudiante que participaba en una manifestación en Belo Horizonte se convirtió en la quinta víctima mortal durante la ola de protestas que estremecen a Brasil hace dos semanas, confirmaron hoy fuentes médicas.

El joven, identificado como Douglas Henrique de Oliveira, de 21 años, cayó la víspera desde un puente durante un enfrentamiento con la policía que se registró en la manifestación que reunió a más de 50.000 personas en la ciudad de Belo Horizonte, mientras se disputaba la semifinal de fútbol de la Copa Confederaciones entre Brasil y Uruguay.

La manifestación pretendía acercarse al estadio Mineirao, donde se jugaba el partido, pero la fuerte vigilancia policial lo impidió.

Tras la marcha, pequeños grupos de jóvenes protagonizaron incidentes y enfrentamientos con la policía.

En uno de estos incidentes, cerca del estadio, el joven cayó desde un puente y fue trasladado a un hospital cercano, en el que murió en horas de la madrugada como consecuencia de las heridas que sufrió.

En Belo Horizonte, la protesta terminó con 25 detenidos por vandalismo y otros crímenes.

Los incidentes incluyeron saqueo de tiendas y destrucción del mobiliario urbano, y fue incendiada una concesionaria de vehículos.

La manifestación fue una de varias en Brasil el miércoles como parte de la ola de protestas que registra el país para pedir el fin de la corrupción, y mejoras sociales en educación y sanidad, entre otras demandas.

Con la muerte del miércoles en Belo Horizonte suman cinco las víctimas mortales desde el inicio de las manifestaciones el pasado 10 de junio en todo el país.

 

Brasil: Impresionantes marchas con futuro positivo aunque incierto

Por Emilio Marín (LA ARENA)

Junio viene aportando grandes novedades para la política y la sociología latinoamericana. Brasil ha sido conmocionado por movilizaciones multitudinarias, sobre todo de jóvenes. Ese sistema político no se esperaba semejante interpelación.

El 6 de junio hubo una marcha de 3.000 personas en una avenida de San Pablo protestando por el aumento de 20 centavos de real en el boleto del transporte de colectivos. Hoy el movimiento en Brasil empieza a dar signos de decaimiento, pero eso no significa que haya expirado. Y en ese lapso las demostraciones llegaron a involucrar a 1,2 millón de personas en ochenta ciudades.

Justamente por su vitalidad y representatividad, ese auge callejero arrancó sus primeras victorias. Estas fueron, casi de inmediato, la anulación del aumento del boleto de transporte; ahora el estado federal y las provincias y municipalidades deberán negociar para ver cómo subsidian ese faltante de ingresos. Y, mucho más importante que lo reivindicativo: el movimiento logró que la presidenta Dilma Rousseff decidiera convocar a un plebiscito para impulsar reformas del caduco sistema político.

 

Riesgos y dirección

Todo eso habría sido imposible sin las marchas convocadas por el Movimiento Pase Libre (MPL) y engrosadas sobre todo por largas columnas de jóvenes. Es un movimiento de masas surgido de abajo, con todas las ventajas que ello significa y a la vez con los riesgos que entraña. Ventajas porque no hubo aparatos partidarios que pudieran condicionarlo y menos abortarlo. Riesgos, porque como se vio en la Argentina en diciembre de 2001, lo básicamente espontáneo no cuenta con una dirección política y sus posibilidades de victoria se reducen cuando amaina justamente la espontaneidad.

La anulación del aumento y que la presidenta recibiera a los jóvenes del MPL, así como que luego se entrevistara con 27 gobernadores y 26 prefectos de las capitales de los estados, con la idea de convocar a un plebiscito antes de octubre, son un logro indiscutible. Y los movimientos de masas que consiguen victorias tienen la posibilidad de seguir desarrollándose, por razones obvias. A contrario sensu, cuando hay derrotas severas suelen ser probables los paréntesis e inclusos las disoluciones.

 

Plebiscito sí, Constituyente no

Rousseff tuvo una actitud de sensibilidad social y olfato político ante la irrupción de las movilizaciones. Mientras la policía paulista y de otros estados, como Mina Gerais, reprimía fuertemente a los manifestantes (en total hubo cuatro muertes), la presidenta dio la cara por cadena nacional. Dijo que había que escuchar la voz de la calle y se comprometió a atender los reclamos y a reunirse con los manifestantes de Pase Libre, con los gobiernos estaduales y representantes del oficialismo (Partido de los Trabajadores y aliados del PMBD) y la oposición. Estos adversarios, el PSDB, tiene como presidenciable para 2014 al senador Aecio Neves, ex gobernador de Mina Gerais.

Y la jefa de Estado cumplió, pues recibió por separado a los jóvenes manifestantes y autoridades estaduales. Luego hizo lo propio con abogados de la Orden de Brasil y con entidades de lucha contra la corrupción. Los opositores, tomados in fraganti por la iniciativa presidencial, plantearon su negativa a una reforma constituyente porque supuestamente se podía poner en riesgo “la democracia”. Un integrante del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deploró la reforma constitucional como si fuera inspirada por Venezuela y Bolivia. “El prestigio que Brasil tiene hoy en el exterior está vinculado al progreso institucional, al respeto de las reglas de juego y a la independencia de poderes. Anoche, Brasil se fue a dormir parecido a Alemania, España, Italia y Portugal en términos de estabilidad institucional, y amaneció como Venezuela o Bolivia”, declaró el reaccionario Mendes.

En parte por la complejidad de hacer una reforma en un plazo más o menos breve, y en parte por esa oposición de la derecha política, mediática y judicial -con grandes intereses empresarios detrás-, la presidenta redujo sus pretensiones. No habrá reforma de la Constitución, que seguirá siendo la de 1988, pero sí se convocará a plebiscito antes de octubre. Y si hay apoyo suficiente, habrá leyes para reformar aspectos básicos del sistema político.

 

Tarde pero bien orientadas

La presidenta informó de cinco iniciativas que pretendía canalizar vía reforma constitucional y que formarán parte de la consulta popular. Una apunta a endurecer las penas para casos de corrupción, que han afectado mucho a su gobierno y los de su mentor Lula da Silva (a Fernando Collor de Mello directamente le costó el juicio político y la destitución en 1992).

Otra pretende aumentar la inversión de la infraestructura y transporte público, así como mejorar la prestación de salud, incluso mediante la contratación de médicos extranjeros. Los 40.000 médicos cubanos, que prestan servicios internacionalistas en 60 países, podrían hacer un gran aporte en el país sudamericano, pero esto requiere de modificaciones legales porque las corporaciones médicas, como lo hicieron en Argentina, plantearán demandas judiciales y denuncias contra aquellos profesionales y el gobierno que los contrate.

Otro de los pactos propuestos por la presidenta gira en torno a la educación. Ya el año pasado presentó un proyecto al Congreso para que se destine a proyectos educativos el 100% de las ganancias obtenidas de la explotación petrolera en las aguas profundas del Atlántico. En 2012 Petrobras informó de buenos resultados en sus perforaciones en la cuenca marina de Santos.

Estas iniciativas son correctas pero tienen el grave inconveniente de que llegan tarde y por ahora son anuncios. Para convertirse en realidades deberán pasar por la aprobación del plebiscito, que es perfectamente posible, y también por las negociaciones con la oposición en el Congreso.

Y allí hay fuertes bancadas opositoras. El titular del Senado es Renan Calheiros, contrario al PT, quien debió renunciar a ese cargo hace seis años ante denuncias de corrupción con contratos con empresas de la construcción. Y volvió a ese puesto clave con el voto de sus pares, el año pasado. ¿Acaso él va a ser una figura clave de la lucha contra la corrupción y para el agravamiento de las penas?

 

Algunas certezas y varias dudas

Sobre el sentido del movimiento popular, convendría no dejarse llevar por las críticas de los medios monopólicos de Brasil y los sectores reaccionarios de allí y de Argentina, que pusieron el acento en la violencia de algunas protestas. Eso existió, pero no fue lo decisivo y ocurrió luego que la policía reprimiera y asesinada a varias personas lo que no justifica actos de vandalismo pero le pone el contexto.

Sectores populares que cuestionan los aumentos del transporte, deplo€ran las falencias de la educación y salud pública, rechazan la corrupción política y cuestionan los 14.000 millones de dólares de gastos de la organización del Campeonato Mundial de Fútbol 2014, deben ser valorados como un movimiento positivo. Sobre todo si participan numerosos jóvenes, que demandan, critican, politizan y participan.

Algunos oficialistas podrían argumentar que Lula y Dilma han hecho muchísimo por los más humildes. Y es verdad. Por eso mismo fueron votados por las mayorías y hasta hoy conservan altos índices de popularidad. De todos modos conviene no exagerar con aquella obra petista. Citando al brasileño Carlos Martins, Atilio Borón escribió en Página/12 que el plan “Bolsa Familia”, que atiende con 33 dólares mensuales a hogares extremadamente pobres, supone una erogación de 20.000 millones de reales al año, en tanto el pago de los intereses de la deuda se lleva 240.000 millones. Semejante desproporción explica el faltante de la inversión en salud y educación a que aludían los manifestantes.

 

Comparaciones

Mientras el monopolio O Globo cuestionaba a la presidenta Dilma, sus colegas de “La Nación” de Buenos Aires, la contraponían a Cristina Fernández, sugiriéndole a ésta aprender de aquella en su inclinación al diálogo. Y comparaba las manifestaciones populares de Brasil con los tres cacerolazos de Buenos Aires y algunas otras ciudades.

Estaban comparando peras con manzanas. Dilma y Cristina son parecidas políticamente, en su virtudes y defectos de gestión. Si la argentina llama a la oposición política a dialogar para una reforma de la Constitución, ¿qué creen que le contestarían?

Entre lo ocurrido en Brasil y los cacerolazos de Callao y Santa Fe hay más diferencias que parecidos. Allá se reclamaba transporte gratuito; los copetudos de Buenos Aires habrían dicho que eso es “pagarles todo a los negros”. Allá pedían rebaja del boleto, aquí los de teflón votan a Mauricio Macri, avalan que el subte salga $3.50 y no les molestaría subirlo a 5. Allá querían el Pase Libre, acá se escucharon airados reclamos de poder ir a Punta del Este todos los años.

La diferencia sustancial entre el movimiento brasileño y los caceroleros argentinos no es tanto de cantidad, que también existe, sino de calidad. Allá -con las impurezas de todo movimiento social amplio- había predominancia popular; acá, en los caceroleros, había mucha clase media y alta. El último cacerolazo de abril que reivindica la “tribuna de doctrina” contó con la abierta organización de Clarín y el macrismo. Eso en Brasil no se vio.

Fuente:ARGENPRESS.Info

 

 

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