Golpe de Estado en Honduras: El fantasma acecha

Por Nubia Piqueras Grosso

El aumento de la corrupción, la violencia, el desempleo y la pobreza distinguen a Honduras cuatro años después del golpe de Estado, perpetrado el 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente constitucional Manuel Zelaya.

Ese panorama se recrudece al convertirse esa nación centroamericana en una de las principales rutas del tráfico de drogas hacia el mayor consumidor mundial, Estados Unidos, y por incapacidad del Gobierno para superar conflictos sociales.

En los últimos 19 meses, los poderes Ejecutivo y Legislativo aprobaron sin éxito 17 disposiciones para combatir la criminalidad, que al cierre de 2012 exhibía una tasa de 86 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Este hecho cobra más relevancia cuando los casos llegan a los tribunales de justicia y solo se investiga el 20 por ciento de los crímenes, confirman autoridades hondureñas que explican así el alto nivel de impunidad.

Justamente la poca efectividad en las pesquisas y los altos niveles de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad obligaron a realizar pruebas de confianza entre los uniformados, en un intento por depurar a la Policía.

En declaraciones a BBC, publicadas el pasado año, Zelaya aseguró que la situación en la nación centroamericana empeoró tras la asonada golpista.

“Los derechos humanos no son respetados, la economía apunta hacia abajo, la pobreza aumentó y el país se convirtió, según datos públicos, en el más violento del mundo con una tasa de homicidios récord”, precisó el político.

Un reciente informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales reveló que la crisis fiscal en Honduras se agudiza pese a las reformas tributarias introducidas por el Gobierno.

Según este organismo, la nación centroamericana atraviesa una situación caracterizada por alta violencia, inestabilidad institucional, ingresos insuficientes, gasto público poco transparente y un déficit que hizo insostenible la deuda.

Sobre este particular, el economista Hugo Noé acotó que el saldo actual de la deuda representa el 40 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que pone en riesgo sectores como educación, salud y seguridad alimentaria.

El también expresidente del Banco Central de Honduras reiteró la necesidad de realizar un ajuste fiscal, que dependerá de la orientación política del próximo presidente, quien será electo en noviembre venidero.

En una reciente intervención pública, la candidata presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, propuso un modelo alternativo que permita el desarrollo del país e impulse programas sociales para evitar el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado.

La realidad demuestra que las fuerzas que orquestaron el golpe de Estado de 2009 siguen controlando el poder político y económico de Honduras, además de obstaculizar cualquier posibilidad de cambio, aseveró.

El actual modelo neoliberal afecta por igual a empresarios, trabajadores, soldados, policías, mujeres, niños y ancianos, recordó la favorita en la intención de voto popular con un 28 por ciento, según las más recientes encuestas.

 

El peligro de la Constituyente

A solo cinco meses de los comicios generales en Honduras, la posibilidad de convocar a una asamblea nacional constituyente no solo recrudece las críticas de algunos analistas políticos contra Xiomara Castro, sino que reviven los fantasmas de una asonada militar como la que sacó a su esposo del poder.

Durante la reciente reunión extraordinaria de Libre, la candidata dijo que, de llegar a la presidencia, propondrá la creación de un socialismo democrático en Honduras y la elaboración de una nueva Constitución.

Esta última iniciativa, acariciada por Zelaya durante su mandato y excusa utilizada por la reacción para propinar el golpe de Estado, resulta hoy blanco de ataques para quienes opinan que la constituyente no resolverá los problemas de exclusión y pobreza enfrentados por el país.

Según los expertos hondureños Raúl Pineda y Jorge Yllescas, en tiempos de crisis económica, problemas sociales y violencia desatada, los políticos deben hacer propuestas concretas que animen la esperanza de una solución.

Por ello Xiomara Castro promueve la creación de un Estado libre e independiente de cualquier potencia o gobierno extranjero, y que Honduras no sea patrimonio de ninguna familia ni persona, apuntó al recordar la redacción que hicieron los próceres Dionisio de Herrera y Francisco Morazán.

En su mensaje incluyó, además, iniciativas de Gobierno en importantes campos como educación, salud y seguridad.

Ante esta contienda “a sangre y fuego”, no son pocos los que avizoran un nuevo descalabro en la transparencia electoral, porque “Honduras es un laboratorio para ver cómo se pueden generar más golpes de Estado en la región”, expresó la coordinadora del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva.

Por mucho que este partido (Libre) lidere las encuestas, temo que no haya elecciones, y creo que si finalmente se celebran, aunque la organización de Xiomara gane, el Tribunal Supremo Electoral acomodará los resultados conforme a los acuerdos que se alcancen, aseguró la luchadora social.

El golpe apoyado por los poderes Legislativo y Judicial también desató un resurgir en la conciencia popular y en particular de los movimientos sociales, ambientalistas y campesinos que hoy integran Libre.

Esa agrupación política pretende acabar con la larga hegemonía del bipartidismo (Liberal y Nacional), un fenómeno que en 100 años solo dejó atraso, injusticia, hambre, pobreza, deuda y violencia, aseveró Xiomara Castro.

Hoy los sondeos de opinión hablan del colapso en la confianza de la gente en los partidos tradicionales, que no solo resultan protagonistas de la violencia política y de golpes de Estado, sino del poder repartido por más de un siglo.

Encuestas como la realizada en Honduras por la estadounidense Universidad Vanderbilt, muestran que la caída en los niveles de aceptación popular de los partidos Liberal y Nacional son el reflejo del descontento de la población con el golpe de Estado.

En tal sentido la pesquisa arrojó que un 58 por ciento de la gente se mostró contraria a la asonada militar, ejecutada por sectores antidemocráticos y oligárquicos nacionales con la complicidad del gobierno de Estados Unidos, en tanto un 72 por ciento no apoyó la expulsión de Zelaya del país.

A pesar de la resistencia al viejo golpismo y los deseos de cambiar la realidad, muchos dudan de la transparencia del sistema, incluso avizoran un futuro sangriento, como el período vivido en 2009, porque como apuntara Oliva, la oligarquía no dio un golpe de Estado para entregar el poder cuatro años después.

Fuente: Prensa Latina/ARGENPRESS.Info

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