Tribunal declara ilegal detención de inmigrante latina

Roxana Orellana y durante una protesta hace algún tiempo. Foto: laconexionusa.com

Roxana Orellana y durante una protesta hace algún tiempo. Foto: laconexionusa.com

La detención fue realizada por el sheriff del condado de Frederick, Maryland

 

En una decisión histórica, un tribunal federal de apelaciones determinó que la sospecha o conocimiento de un oficial de la ley estatal o local de que una persona ha cometido una violación de inmigración sin más información, no provee una causa probable para sospechar que la persona está involucrada en alguna actividad criminal.

La corte dijo que el oficial no puede detener o arrestar a la persona basándose únicamente en una supuesta violación civil de la ley federal de inmigración.

Por otra parte, el posterior pronunciamiento de una orden de detención de ICE, después del arresto y la detención ilegal de la persona, “no limpia el arresto ilegal”. La decisión fue tomada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos para el Cuarto Circuito en Virginia, el cual tiene el establecimiento de la ley de Maryland, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

La decisión inequívoca sostiene que “la ley local y la aplicación de la ley estatal no puede hacer cumplir la ley de inmigración civil” y encontró que “los agentes no tenían autoridad legal para arrestar o incluso detener brevemente a la apelante basándose en la sospecha o conocimiento de su estatus migratorio”.

LatinoJustice PRLDEF, CASA de Maryland y la firma de abogados Nixon Peabody LLP en noviembre de 2009 presentaron una demanda contra la Junta de Comisionados del condado de Frederick (Maryland), el sheriff Charles Jenkins del mismo condado y a dos ayudantes del sheriff, por violar los derechos civiles de Roxana Orellana Santos, ya que ella fue arrestada y detenida ilegalmente por dos agentes de contado de Frederick el 7 de octubre de 2008.

La denuncia alega que Santos estaba comiendo su almuerzo en un área pública a las afueras de su lugar de trabajo cuando dos alguaciles uniformados y armados se acercaron a ella y comenzaron a interrogarla. Le pidieron una identificación y después de un prolongado cuestionamiento y al comprobar que tenía una orden de traslado por medio de inmigración, los agentes arrestaron a Santos y la llevaron a una cárcel local antes de ser trasladada a Control de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE).

Santos estuvo en un centro de detención sin cargos penales por 46 días, lejos de su hijo de apenas dos años y su familia.

En una decisión hecha en 2012, el Tribunal de Distrito de Maryland desestimó el juicio, ya que consideró que el primer interrogatorio y posterior detención por la orden de inmigración no violó la cuarta enmienda, una determinación que se invirtió con el fallo de hoy.

“Estamos muy contentos por este fallo que sostiene explícitamente que la policía local no puede detener o arrestar a los latinos solo por sospechar su status migratorio”, dijo José Pérez, asesor general adjunto de PRLDEF LatinoJustice.

“Es evidente que los agentes del condado de Frederick detuvieron, interrogaron a la Sra. Orellana Santos basándose solamente en su aspecto físico, justo en el momento que se sabía públicamente cuantos inmigrantes había arrestado en su oficina el sheriff del condado de Frederick. Esta es la esencia de la discriminación racial.”

El aumento de los intentos por parte de la policía local o estatal para participar en la aplicación de la ley federal de inmigración se ha acompañado por un aumento preocupante de la discriminación racial en todo el país como la policía local —quien a menudo está mal entrenada y mal supervisada— busca discriminatoriamente aplicar la ley federal de inmigración en contra de aquellos quienes sospechan no tienen status y que frecuentemente es imposible de discernir.

“El sheriff Jenkins declaró la guerra a la comunidad inmigrante del contado de Frederick y con la decisión de hoy se validan las quejas de los residentes locales que han sido aterrorizados por el simple hecho de conducir a la tienda, llevar a sus hijos a la escuela, o como en el caso de Roxana, almorzando,” dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland.

“Esperamos que las agencias policiales en todo Maryland tomen seriamente esta decisión y la responsabilidad que pueda derivarse de hechos similares.”

John Hayes, abogado principal del caso y socio de Litigios en Nixo Peabody dijo: “Lo que está en  juego en este caso es un asunto de importancia pública. Prácticas policiales dirigidas a un grupo basándose únicamente en su apariencia física no tienen lugar en Estados Unidos. Se necesita mucho coraje y compromiso de la Sra. Orellana Santos para presentarse en nombre de la igualdad ante la ley para detener este trato discriminatorio para todos los que viven y /o trabajan en el condado.”

La decisión confirmó que se desestimaron las reclamaciones en contra del sheriff Jenkins y de los 2 agentes a título individual, para determinar que no era derecho claramente establecido que los agentes del orden local y estatal no podrían detener o arrestar a un individuo en base a una orden de inmigración civil en el momento de la edición de octubre 2007. La Corte Suprema de Estados Unidos en su decisión del 2012 encontró una parte notoria de la conocida ley anti-inmigrante de Arizona SB1070 en la constitución de Estados Unidos, señalando que “la detención de personas únicamente para verificar su estatus migratorio plantea problemas constitucionales.”

La decisión revoca el despido de la Corte de Distrito en contra de los acusados municipales y remitió la capacidad oficial de la demandante para reclamar de nuevo al condado en la Corte de Distrito para determinar si las acciones de inconstitucionalidad de los agentes se deben a una política oficial o a la costumbre del contado o a las acciones de una política del Condado.

Ninguno de los dos agentes que arrestaron a la Sra. Orellana Santos había recibido formación alguna bajo el programa 287-g, por lo que no se les permitió participar en una ley de inmigración. La demanda fue presentada justo cuando los alguaciles dieron a conocer que se había detenido al inmigrante nuevo 500.

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