Las viejas heridas que abre un juicio criminal

Coronel retirado Inocente Orlando Montano. Foto: AP/BBC.

Coronel retirado Inocente Orlando Montano. Foto: AP/BBC.

El coronel retirado Inocente Orlando Montano, uno de los jefes militares más importantes de El Salvador durante la guerra civil que afectó a ese país entre 1980 y 1992, fue sentenciado este martes en Estados Unidos a 21 meses de prisión por fraude migratorio.

Activistas de derechos humanos esperan que esa sentencia facilite los esfuerzos de una corte española por llevarlo a juicio por su supuesta participación en abusos cometidos durante el conflicto. De ser así, se convertiría en el primer oficial de alto rango en ser enjuiciado penalmente por delitos cometidos durante la guerra en esa nación centroamericana. Una amnistía lo protege de enfrentar procesos penales en El Salvador, explica la periodista Nina Lakhani, quien ha seguido el caso de cerca.

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En mayo de 2011, Montano trabajaba discretamente en una fábrica de Massachusetts, en Estados Unidos, cuando él y otras 19 personas fueron acusadas formalmente por una corte española por su supuesta participación en el asesinato, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas, además de su empleada doméstica y su hija adolescente.

Cinco de los religiosos -opositores abiertos del gobierno salvadoreño- eran españoles. Este país europeo pidió que Montano fuera extraditado y poco después fue acusado por Estados Unidos de haber mentido sobre su fecha de entrada al país y su pasado militar con el objetivo de obtener el permiso de trabajo estadounidense.

En septiembre del año pasado se declaró culpable de seis cargos de fraude migratorio y perjurio -hacer juramentos en falso- y fue sentenciado el martes en una corte de Boston, en un proceso donde también jugó un papel importante su pasado militar en El Salvador.

Figura clave

Como viceministro de seguridad pública, el coronel Montano llegó a ser uno de los tres líderes militares más importantes de El Salvador, asegura Lakhani.

Eso sin contar que Montano fue el comandante del batallón Belloso, uno de los batallones clave en los esfuerzos militares contra el entonces grupo rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En un informe preparado para el juicio contra Montano, la profesora de ciencia política Terry Karl argumenta que unidades bajo el comando de Montano llevaron a cabo al menos 1.169 abusos contra los derechos humanos, incluyendo 65 asesinatos extrajudiciales y 51 desapariciones forzadas, además de dejar 520 víctimas de tortura.

Claves de la guerra civil

Entre 75.000 y 85.000 civiles salvadoreños murieron durante la guerra civil entre 1980 y 1992.

La evidencia de la profesora Terry Karl proviene de documentos gubernamentales de EE.UU. desclasificados, de investigaciones del congreso, entrevistas confidenciales y de un dossier de la comisión para la verdad.

Montano fue nombrado como un probable cómplice en la masacre de los jesuitas por la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos en 1999, que declaró que la amnistía de El Salvador es ilegal.

“La masacre de los jesuitas no fue una aberración”, escribe.

“A lo largo de la carrera militar de 30 años del coronel Montano, él ordenó, incitó y asistió, y/o comandó a las fuerzas que participaron en una estrategia de desaparición y detención arbitraria, masacres rurales de no combatientes civiles, la desaparición forzada de menores y la tolerancia hacia escuadrones de la muerte liderados por los militares y que operaban dentro de las unidades bajo su comando”.

Al otro lado del espectro está el testimonio del general Mauricio Vargas, un excompañero de Montano que fue llamado al juicio por los abogados defensores. Vargas critica el informe de Karl, tilda sus argumentos de “infundados” y asegura que Montano “no conspiró con otros oficiales de alto rango para incitar el asesinato de los sacerdotes jesuitas y las dos mujeres”.

Agrega que Montano “nunca encubrió las investigaciones de este crimen y nunca trató de bloquear los acuerdos de paz durante el conflicto armado”.

La BBC intentó plantearle algunas preguntas a Montano a través de su abogado, pero no obtuvo respuesta.

El juez federal estadounidense que llevaba el proceso por las irregularidades migratorias había indicado que la sentencia de Montano reflejaría la gravedad de su supuesto expediente en derechos humanos, detallado en el reporte de Karl y en testimonios de religiosos y sobrevivientes de tortura civiles, explica la periodista.

El Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), con base en San Francisco y que ayudó a desencadenar la acusación española al presentar una queja criminal en España hace cuatro años, espera que el proceso de extradición contra Montano comience mientras está bajo custodia estadounidense.

“Sólo encontré sus huesos”

Los católicos en El Salvador conmemoran el aniversario de la muerte de los jesuitas.

Los procedimientos de inmigración contra Montano lograron generar más esperanza entre las víctimas de la guerra civil de que haya justicia algún día, al permitir que varias atrocidades sean analizadas minuciosamente desde la perspectiva legal, asegura la periodista Nina Lakhani.

Una de ellas es la masacre de El Calabozo, en la que entre 200 y 300 campesinos murieron el 22 de agosto de 1982 a manos del Batallón Belloso, bajo el comando de Montano, y del también muy temido Batallón Atlacatl, indica la periodista.

Según Nina Lakhani, el Calabozo fue una operación terrestre llevada a cabo por unidades entrenadas por Estados Unidos, contra supuestos simpatizantes de la guerrilla y que los soldados mataron a civiles no armados, secuestraron a niños para adopciones ilegales, bombardearon casas y destruyeron cultivos.

El gobierno salvadoreño nunca ha reconocido oficialmente que la masacre ocurrió, puntualiza la periodista.

Otras masacres

Otras masacres perpetradas por soldados del batallón Belloso y detalladas en el informe de Karl incluyen:

la de Cerro Cuyas Cumbres, Chaletenango, en noviembre de 1982, que dejó 40 civiles muertos.

la de Tenango, Cuscatlán, en febrero de 1983, en la que murieron 43 personas incluyendo al menos 15 niños cuyos cuerpos fueron exhumados.

En cada caso, Montano fue el oficial encargado de las instrucciones operativas.

Chunguita Realegeño, de 58 años, que perdió a toda su familia en la masacre, excepto a un hijo, le dijo a Lakhani: “Me escondí con mi bebé durante tres días sin comida o bebida porque no podíamos seguir caminando. Nunca volví a ver a mi familia, sólo encontré sus huesos. Sufro cada día y cada noche sabiendo que quienes mataron a mi gente siguen libres”.

Atisbo de esperanza

Esther Major, la investigadora de El Salvador en Amnistía Internacional, dijo: “Un caso como la acusación de inmigración contra Montano ofrece un atisbo de esperanza de que aparecerá algo de verdad y responsabilidad tras décadas de mentiras, negación e impunidad. Se están revisando las evidencias, se está reconociendo que ocurrieron las masacres e importan las voces de las víctimas y los sobrevivientes”.

En un momento dado parecía que El Salvador podía revocar la amnistía concedida en 1993 a los excombatientes.

En 2000, los exrebeldes, el FMLN, ganaron una mayoría legislativa contra el partido Arena, que estaba aliado con los militares. Este es el tipo de cambio político que antecedió al colapso de las amnistías en Chile, Argentina, Guatemala y Honduras.

Montano entró a Estados Unidos en 2001, justo cuando parecía que la masacre de los jesuitas iba a ser investigada de nuevo.

 

La guerra civil en El Salvador duró entre 1980 y 1992.

Pero fue apenas en 2009 cuando un candidato del FMLN, Mauricio Funes, llegó a la presidencia, y la amnistía no ha sido revocada.

No sorprende que Montano se haya ofrecido a volver a El Salvador una vez cumpla su sentencia en Estados Unidos, explica Lakhani.

La Corte Suprema del país ya rechazó el pedido de España por la extradición de 17 personas acusadas junto con Montano por la masacre de los jesuitas, incluyendo al expresidente Alfredo Cristiani.

De los dos acusados restantes, uno está muerto, mientras se desconoce el paradero del teniente Héctor Cuenta Ocampo, quien ocupó una posición importante en el Servicio de Inteligencia Nacional. Su última dirección conocida estaba en San Francisco, indica Lakhani.

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Fuente: BBC Mundo

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