Asesinos y robachicos

Por Teresa Gurza.

Esto que voy a contarles, pasó hace muchos años; pero explotó hace dos semanas…

Primero se sospechó y luego hubo certeza, de que con la complicidad de la Iglesia Católica el Ejército chileno robó bebés a las madres que asesinaba.

Y aunque en 2004 el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, asumió la responsabilidad de la institución en “todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado… para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad…” no se refirió a hechos concretos.

Fue hasta 2207, cuando pudo probarse que la mexicana María Rosario Avalos Castañeda y el argentino Bernardo Lejdermand, murieron acribillados en el Valle del Elqui al norte de Chile; y que su hijito Ernesto de dos años, arrebatado del cuerpo ensangrentado de la madre al que estaba abrazado, fue entregado a un convento donde permaneció tres meses hasta ser reclamado por sus abuelos paternos, a los que se dijo que la pareja se había suicidado.

Lo curioso es que fue precisamente Cheyre, entonces cadete del regimiento Arica estacionado en la Serena, quien dio el bebé a las monjas. Pero no había hablado públicamente del crimen que dejó sin padres al pequeño Ernesto.

El caso fue reflotado ahora, en vísperas del 40 aniversario del cruento golpe de Estado que derrocó al presidente Constitucional Salvador Allende, por el columnista de El Mercurio, Carlos Peña.

Sus cuestionamientos para que Cheyre cuente la verdad; y la denuncia interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos por Ernesto, ya de 42 años y quien lo considera cómplice, forzaron la renuncia de Cheyre a la presidencia del Servicio Electoral de Chile faltando menos de tres meses para las elecciones presidenciales.

El domingo 18 de agosto Peña escribió:  “¿Sabía usted que Juan Emilio Cheyre, ex Comandante en Jefe del Ejército y actual director del Servel, entregó a un convento de monjas a un niño de dos años, testigo del asesinato de sus padres a manos de militares?  Ese increíble suceso -sobre el que Cheyre ha guardado hasta ahora silencio- ocurrió en 1973. El recuerdo de ese acto es de índole pública; y en él se muestra, como en un resumen, el drama de nuestra memoria colectiva”.

Y exigió a Cheyre no seguir pensando que su pasado es únicamente asunto suyo; ni actuando como si el acto del que participó, fuese algo privado.

“No es solo su actuación de hace cuarenta años (podría alegar que no era más que un capitán que cumplía órdenes y repetía mentiras sin saberlo), sino su actitud de hoy ante su propia memoria… No es un asunto entre él y Dios; porque la memoria de hechos como este, no es privada, sino pública e indispensable para reelaborar la memoria colectiva… tarea que sigue pendiente en Chile” advirtió el columnista.

Para defenderse Cheyre argumentó que Ariosto Lapostol, comandante del regimiento Arica, ordenó llevar al niño a un convento de La Serena que tuviera menores “con situaciones afines”; y que el obispo Juan Francisco Fresno, le dijo a cuál dirigirse.

“Todos creímos por casi dos décadas que se habían dinamitado. Sí… estas cosas ocurrieron; ¿pero sin haberlo llevado al convento, dónde estaría ahora este niño?”, dijo con cinismo.

Y de la misma forma, calificó su conducta y la de Lapostol, –condenado en 2007 en primera instancia, pero absuelto por la Corte Suprema– “de lealtad al Ejército, apego a nuestros conciudadanos, y ausencia de odio. En síntesis, fruto de honor militar”.

A la semana, sorpresivamente el expresidente Ricardo Lagos metió baza por Cheyre; porque “no puede culparse a un teniente de 20 años que únicamente cumplió órdenes”.

Y una nueva atrocidad del pinochetismo fue revelada esta semana por Ingrid Heitmann Ghigliotto, ex directora del Instituto de Salud Pública durante el gobierno de Michelle Bachelet, (2206-2010), quien aseguró que en el subterráneo del edificio encontró “dos cajas llenas de ampollas con toxinas botulínicas”, ingresadas al país durante el gobierno militar.

“Pinochet tenía armas químicas para matar a la mitad de Santiago”, sostuvo en una entrevista con la agencia alemana DPA.

Provenientes del Instituto Butantan de Sao Paulo, las toxinas  permanecieron escondidas durante años en sótanos del ISP ubicado al lado del Estadio Nacional; y fueron descubiertas e incineradas en 2008, sin informar a la justicia.

 

 

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