Piden renunci ade ministro en Guatemala

La masacre en “San José Nacahuil”: Sea cual sea el origen, el Ministro López Bonilla debe ser removido

¡Ya basta de incapacidad absoluta en materia de seguridad! Después de meses de amenazas en contra de los pobladores de “San José Nacahuil y de acciones policiales de amedrentamiento, la masacre de “San José Nacahuil” del día 7 de septiembre es responsabilidad directa del Ministerio de Gobernación, por omisión, por complicidad o por acción. Las 11 vidas perdidas y los 15 heridos, como mínimo, se suman a los miles de víctimas del período del Ministro Mauricio López Bonilla.

Según información fidedigna, poco tiempo después de que una radiopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) visitara uno de los negocios en los cuales se produjo la masacre, individuos con gorras pasamontañas llegaron a tres expendios en la población y dispararon indiscriminadamente con armas de grueso calibre. Como resultado de esa acción fueron muertos: Aurelio Surte Pixtún, Carlos Xocoxit Salala, Santos García Pixtún, Rolando Monroy Pixtún, Leonardo Agustín González Hernández, Santos Vicente Tepén Xuyá, Javier Tepén Soyoz, Santos Surte Pixtún, Inés Peinado Ortíz y Rigoberto Noj Tepén.

Mientras que los grandes medios de comunicación difundieron la versión irresponsable del ministro López Bonilla de que se trató de un ataque de pandillas –debido a que la población no cuenta con subestación de la PNC, por haber sido destruida en protesta por los pobladores hace años– el movimiento social del lugar, en su denuncia de la masacre afirma lo siguiente:

”San José Nacahuil es una de las comunidades del municipio de San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala.  En esta comunidad están asentado el pueblo Kaqchikel y el territorio es compartido con pobladores mestizos.  San José Nacahuil del mismo modo que las demás de otras comunidades de este municipio y San José del Golfo, se han caracterizado por su fuerte resistencia a la construcción de la Mina “El Tambor”, proyecto minero Progreso Siete Derivada, propiedad de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Asocciates KCA y la empresa EXMINGUA.

Su oposición organizada les ha encaminado a mantener por más de 1 año, una toma pacífica de la carretera comunitaria que conduce de San José del Golfo a la entrada del proyecto minero, es en este punto que se encuentra la resistencia pacífica que se conoce con el nombre de “La Puya”.  Está ubicada geográficamente a escasos 20 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

La resistencia pacífica alertó que desde el 31 de agosto estaba siendo intimidada por Policía Nacional Civil, en radiopatrullas y un microbús que no son de la jurisdicción a esos municipios, de las comisarías No. 13, 14, 15 y 16. Esta no es la primera vez que esto ocurre, en ese mismo mes había ocurrido, la resistencia hizo una conferencia de prensa, entonces se retiraron. Sus representantes fueron a la Procuraduría de los Derechos Humanos con el secretario del director de la PNC, para que les explicara la razón de la presencia de la policía, ante esto el ‘el funcionario no pudo justificar la presencia irregular’”.

La RPDG cree la versión de las víctimas y no la oficial apoyada por algunos medios de comunicación. En cualquiera de los casos, mantener a la población en el desamparo y permitir que unidades de la PNC intimiden a quienes se oponen al proyecto minero demuestran complicidad o tolerancia o participación de las fuerzas de seguridad en los actos de violencia. En cualquier parte del mundo, un hecho de esta naturaleza llevaría a la remoción inmediata del Ministro de Gobernación,

Teniendo en cuenta que este hecho es uno más en una larga serie de actos de violencia contra la población que defiende sus tierras, territorios y derechos, la RPDG exige:

a.    Al Presidente Otto Pérez, la remoción inmediata del ministro Mauricio López Bonilla;

b.    Al Congreso de la República, emitir una ley de emergencia nacional que suspenda todas las operaciones mineras y de construcción de hidroeléctricas en zonas de conflicto sociopolítico. No es aceptable que la utilización de los recursos hídricos y minerales se haga a costa de la sangre de nuestra población;

c.    Al Ministerio Público, que investigue, con el apoyo de la CICIG, los hechos ocurridos el 7 de septiembre en San José Nacahuil, toda la línea de mando policial hasta el Ministro de Gobernación y las causas de este ataque en el lugar.

Finalmente, la RPDG pide el acompañamiento internacional y expresa sus muestras de condolencia a las familias y a la comunidad de San José Nacahuil, así como su solidaridad total a las poblaciones en lucha en Guatemala. Por este medio nos sumamos a todas las acciones del movimiento social que busquen la defensa de la vida y los demás derechos de la población, en general, y de los pueblos indígenas, en particular.

 

Guatemala y Estados Unidos, 10 de septiembre de 2013

Comité Ejecutivo de la RPDG

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