Estados Unidos persiste en la política del “patio trasero”

Por Carlos Angulo Rivas

Por el momento tres son los países en la mira del gobierno de Barack Obama y la política de Estados Unidos para América Latina y el Caribe; y estos tres, Bolivia, Ecuador y Venezuela, pertenecen al ALBA, organismo propulsor de una integración económica, política, militar, social y cultural, donde se da prioridad a la solidaridad, la soberanía y la equidad. Proyecto impulsor, además, de la consolidación de otros organismos integracionistas independientes y soberanos como UNASUR; MERCOSUR y PETROCARIBE.

En pocas, palabras proyectos opuestos a la política hegemónica del neoliberalismo y la globalización, cuya aplicación compulsiva en el mundo ha traído consigo la crisis económica actual, la desigualdad casi absoluta y el desempleo generalizado. De ahí que el accionar político de la diplomacia norteamericana se venga excediendo en las funciones propias de las relaciones bilaterales, tanto es así que Bolivia ha expulsado a la agencia USAID al haberse detectado que varios de sus funcionarios estaban dedicados a sabotear y desestabilizar el gobierno del presidente Evo Morales; asimismo tenemos los casos de desacuerdo con los diplomáticos norteamericanos y la intervención de ellos en los asuntos internos de gobierno en el Ecuador y hasta la promoción frustrada de un golpe de estado contra el presidente Rafael Correa.

Con Venezuela sucede lo mismo y hasta algo peor desde el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, pues esperada la desaparición física del mandatario bolivariano el montaje de un plan para capturar el gobierno y derrotar a la revolución en ese país estuvo cocinado en la Casa Blanca y el departamento de Estado, mediante el financiamiento millonario en la campaña electoral y la cooperación servil de la oposición del MUD y del candidato fascista Henrique Capriles, líder del vandalismo contra la embajada cubana en Caracas, auspiciador del golpe de estado contra Hugo Chávez y protagonista de los disturbios callejeros subsiguientes a ese fallido intento de acabar con el proceso de cambios en Venezuela. Y es que el fascista Henrique Capriles, derrotado en las elecciones por Nicolás Maduro, continúa con el plan norteamericano de deshacerse de la revolución bolivariana por cualquier medio; en esa dirección no escatimó esfuerzos en desatar nuevamente el bandolerismo político desconociendo los resultados electorales de su derrota y promoviendo los desmanes donde murieron once víctimas inocentes y resultaron heridos decenas de ciudadanos. Luego, en los últimos cinco meses, han venido ocurriendo misteriosos sabotajes de corte de energía, escasez de alimentos y artículos de primera necesidad, incendios a instalaciones industriales, paralización de la siderúrgica del Orinoco, destrucción de infraestructura vial, etc. Acciones silenciadas por la prensa parametrada de los multimillonarios y sus secuaces periodistas nacionales y extranjeros; y lo abominable de este asunto ofensivo a la dignidad del pueblo venezolano y latinoamericano, es la posición asumida por el gobierno de Barack Obama que a la fecha se niega a reconocer a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela.

Con esta política ilegal e injusta, insolente y desmedida, los diplomáticos norteamericanos acreditados en Caracas se han creído con el derecho de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. En consecuencia, el presidente Nicolás Maduro, se ha visto en la obligación de expulsar a tres funcionarios de la embajada de Estados Unidos al haberse descubierto su participación en varios actos desestabilizadores contra el país. El mandatario venezolano al dar a conocer su decisión informó que se había detectado por seguimiento de inteligencia “a un grupo de funcionarios de la embajada de Estados Unidos dedicados a reunirse con la extrema derecha venezolana y financiar las acciones para sabotear el sistema eléctrico y económico”. La denuncia de este comportamiento hostil e ilegal, intervencionista y arbitrario, de los funcionarios diplomáticos violan las leyes internacionales. Por tanto, Maduro en el ejercicio pleno de los poderes constitucionales ordenó al canciller venezolano Elías Jaua la inmediata expulsión de los funcionarios Elizabeth Hunderland, David Mutt y Kelly Keiderlinh, incursos en los delitos de injerencia premeditada, financiamiento y coordinación de actos de sabotaje.

Al mismo tiempo, Nicolás Maduro asumió la defensa de la dignidad del pueblo venezolano solicitando el apoyo a esta drástica medida dirigida a combatir el intervencionismo encaminado a destruir la revolución bolivariana y los objetivos fundamentales en la búsqueda del bienestar de la población y la paz de la república. Por esta razón anunció la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CEPA), organismo encargado de articular y organizar un esquema para derrotar y neutralizar cualquier plan nocivo contra el país; como jefe del CEPA designó al mayor general Gustavo González López quien en el año 2010 comandó la Milicia Nacional Bolivariana. Asimismo, solicitó a los venezolanos estar alertas para no dejarse guiar por las “estrategias aventureras muchas veces criminales” de la “derecha fascista” que sobrevive en Venezuela, aseverando que este sector opositor mantiene “atajos” planificados sobre una arremetida contra la paz del país y su estabilidad.

El gobierno bolivariano ha condenado en diversas oportunidades el intervencionismo directo de Estados Unidos, tanto con Venezuela como en otros países latinoamericanos: Cuba, Bolivia, Ecuador, Brasil, Nicaragua; y en el medio oriente: Irak, Egipto, Libia, Afganistán, Siria, Palestina. En este cuadro pernicioso de injerencia en Venezuela, son muchos los incidentes ocurridos. De los últimos se conoce que, a inicios de septiembre de este año, el presidente Nicolás Maduro, cuestionó que Estados Unidos no concediera la visa a varios integrantes de la comitiva presidencial programada para el foro de cooperación América del Sur-África, que participaría en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. En ese mismo mes, el Canciller de Venezuela, Elías Jaua, denunció que el Gobierno de Estados Unidos negó el permiso de sobrevuelo del avión presidencial venezolano dentro de su territorio, en el espacio aéreo de Puerto Rico. Y, en marzo de este año, Venezuela suspendió los canales de dialogo con Estados Unidos, tras las declaraciones de la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, quien criticó la transparencia electoral de Venezuela y la expulsión de sus diplomáticos.

Como se puede observar, la expulsión de los tres funcionarios norteamericanos está plenamente justificada y para más detalles la cancillería venezolana ha entregado un informe completo a John Kerry, Secretario de Estado, con fotos de las reuniones, testimonios grabados, y las matrículas de los automóviles usados, ahí se demuestra la actuación absolutamente ilegal de los diplomáticos acreditados.

Carlos Angulo Rivas es poeta y escritor peruano.

Fuente: ARGENPRESS.Info

You must be logged in to post a comment Login