De Lavalle a Washington para protestar

Diego Monton.

Diego Monton.

“En Argentina hay empresas que pagan matones”

 

Por Gabriel Conte

Dirigente del colectivo “Campesinos sin tierra” de Lavalle y parte de la conducción nacional de ese movimiento. Diálogo desde Washington.

Una delegación de la agrupación “Campesinos sin tierra” se reunió este martes en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Allí se evalúa la situación en el continente y, según explicó desde la capital estadounidense Diego Montón, miembro del colectivo campesino Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza (UST), “el informe tendrá principalmente un carácter regional, marcando que hay procesos que se dan más allá de las fronteras nacionales, y eso es porque la ofensiva de las transnacionales sobre la agricultura y los bienes comunes es en todo el continente”.

Montón, en diálogo desde Washington, sostuvo que “de Argentina, particularmente citaremos los ejemplos paradigmáticos del proceso de subordinación de la producción de alimentos a la dinámica de las transnacionales, afectando principalmente derechos a la tierra y al trabajo digno a las comunidades campesinas, y ahora, con una Ley de Semillas en debate que pone en riesgo el uso propio y la libre circulación de las semillas criollas”

Además, Montón explicó que informarán “cómo el proceso de desalojos y acaparamiento de tierras está vinculado a la criminalización de los defensores de derechos humanos campesinos y el uso de violencia, que ha llegado a asesinar campesinos y campesinas de la mano de sicarios contratados por empresas”. En la agenda del encuentro, “también -informó- están todas las consecuencias del uso indiscriminado de agrotóxicos sobre las poblaciones rurales”.

“Reclamamos -puntualizó el dirigente campesino-un rol más activo del estado en defensa de la vida campesina frente a una mercantilización de la tierra y los alimentos impulsado por grandes corporaciones”.

En su último libro, “El kirchnerismo feudal”, el periodista Diego Rojas denuncia que hay algo así como “autodefensas” armadas en Santiago del Estero. ¿Esto es así? ¿Además de la violencia simbólica también corren peligro las vidas de campesinos en el país?

– En el país gran parte de la población campesina no posee la regularización de los títulos. Eso de la tierra es comunitario, por lo que empresarios inescrupulosos intentan acaparar las tierras en las que generaciones enteras han vivido trabajando y produciendo alimentos, cuando encuentran algún tipo de resistencia comienzan a hostigar, muchas veces, tratando de acusar de usurpación a los poseedores. Cuando esto no resulta, muchos recurren a la violencia, empresas de seguridad privada o directamente a matones. En nuestro movimiento, lamentamos la muerte de dos jóvenes asesinados de esta manera. En el país se cuentan al menos 6 más. Y además en Mendoza la empresa coreana Cosmos puso matones armados para intentar arrebatar tierras a campesinos de San Martin.

¿Después de lo que ha pasado en la última década, hacia donde cree que debe conducir y desembocar este proyecto político?

– El modelo agropecuario es una cuestión pendiente. El aumento sostenido de los precios de alimentos se debe en parte a que está muy concentrada la cadena agroalimentaria, y a su vez trasnacionalizada. Es urgente fortalecer la soberanía alimentaria, para esto el tema de la tierra es el punto de partida. Luego, se requiere un fuerte estimulo a la producción de la agricultura familiar y campesina, para fortalecer los mercados locales, con alimentos sanos y a precios justos, con valor agregado en el campo, para dar trabajo de calidad, recordemos que en el campo el trabajo en negro supera el 70 por ciento. Después de esta etapa nosotros sostenemos que deben volver, al menos, un millón de familias al campo. Por eso reclamamos la creación de un instituto de la agricultura familiar y campesina con un presupuesto importante es fundamental.

Reclaman ante la CIDH en Washington, ¿se sienten escuchados institucionalmente en la Argentina?

– En esta última etapa hemos logrado algunos canales de diálogo con el gobierno nacional. Sin embargo, el diálogo aun no se ha materializado en acciones concretas y urgentes que se requieren. La justicia tampoco se ha hecho eco de la situación y hay muchos fiscales y jueces que se han prestado a acciones de presión y criminalización. Nosotros proponemos crear juzgados de tierra, que se aboquen exclusivamente a los conflictos de tierra, que son de carácter civil y dejar de llevar a la justicia penal como usurpadores a trabajadores que tienen décadas como poseedores. Diría que en la justicia es donde menos nos sentimos escuchados.

¿Qué esperan de la CIDH?

El hecho de que nos den la audiencia ya es el primer paso, donde se reconoce al campesinado de América Latina como un grupo que requiere especial atención a la hora del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Esperamos entonces que la CIDH continúe el seguimiento de esta temática, trabajando y controlando a los estados que los violen, pero no solo a los estados, sino también a las corporaciones trasnacionales que son las principales causantes de esas violaciones. Esperamos lograr un proceso regional que pueda dar seguimiento y proponer sistemas de control y penalización a las empresas que violan los derechos de los campesinos y campesinas.

Fuente: MDZOL/ARGENPRESS.Info

 

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