La libertad de prensa es violentada en Guatemala

Ya son 9 meses de violencia contra periodistas en 2013

 

Por Hugo Rolando López

De enero a septiembre del presente año la violencia se ha desatado contra de los periodistas hombres y mujeres, por el simple hecho de informar y orientar al pueblo de Guatemala, por el cual la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ha condenado y repudiado las violaciones que han sufrido los comunicadores en su quehacer diario. Considerando que una sociedad bien orientada es un conglomerado que sabe lo que sucede en su país y, por ende, está consciente de sus derechos y obligaciones con el Estado, y éste con sus ciudadanos.

Pero en nuestro país sucede todo lo contrario, se quiere tener a la población en la total ignorancia de lo que sucede, porque entre menos informada se encuentre será más fácil gobernar y, por supuesto, nadie se daría cuenta del despilfarro de los recursos económicos que los diferentes organismos del Estado, municipalidades y demás entes hacen piñata sin beneficio para la población; de la corrupción e impunidad que impera en nuestro país, así como de la desnutrición y el hambre que padece nuestra población, especialmente la niñez guatemalteca.

Por si fuera poco, la inseguridad que estamos padeciendo, la contaminación del ambiente por parte de los proyectos mineros, que está afectando la fauna y la flora y, además, los recursos naturales de nuestro suelo desaparecen, enriqueciendo las empresas transnacionales y los bolsillos de los funcionarios que incluyen algunos alcaldes. Sin embargo la función social de los periodistas pareciera que a ciertos sectores les obstaculiza, cuando se habla que los vecinos denuncian la contaminación de un río como sucedió en el Departamento de Retalhuleo con el corresponsal de Prensa Libre, Rolando Miranda, que fue enjuiciado por el delito de difamación por el Ingenio El Pilar en un juzgado de primera instancia penal; el reportaje de Sonia Isabel Menchú Menchú de diario El Periódico, que publicó sobre las salidas de la cárcel del capitán Byron Lima Oliva, que fue intimidada por un viceministro de Cultura.

El atentado a balazos en contra de la presentadora Elsa Mariana García Jiménez de Guatevisión, y las amenazas de muerte constantes a la columnista Gladis Monterroso del Diario La Hora no se pueden callar. Además, la muerte violenta del periodista en Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa: Jaime Napoleón Jarquín Duarte, corresponsal de Nuestro Diario y miembro de la APG, no se puede pasar por alto ni tampoco negar que se quiere callar a la prensa con este mensaje de muerte violenta.

Las agresiones contra los periodistas Alejandra Cano y Juan Rodríguez, de T13 NOTICIAS, no pueden ignorarse, y luego el 9 de abril, el asesinato de Luis Alberto Lemus Ruano de Radio Stereo Café en la ciudad de Jutiapa, dejó un sabor amargo este segundo asesinato, como se advierte los periodistas que deben cuidarse y callarse de lo que sucede cuando cubran la noticia en lugar de los hechos.

Alexander Coyoy corresponsal de Prensa Libre en el Departamento de San Marcos, fue intimidado y agredido por el simple hecho de cubrir una fuente de información. Pero el Estado no hace absolutamente nada para que el periodismo trabaje sin el acoso que lo van a asesinar.

El atentado a balazos del colega Julio César del Valle, miembro de la APG, en el mes de mayo llevó el correo negativo de continuar este comunicador en el periodismo, porque así se lo manifestaron; las amenazas de muerte al periodista de Retalhuleu Carlos Alberto Salgado Vega del semanario El Defensor, por un reportaje que hizo sobre trata de personas, especialmente de menores de edad y la golpiza que recibió Juan Víctor Castillo de Radio Sonora por miembros de la DEA de Estados Unidos en la extradición de Alfonso Portillo Cabrera, son hechos que la historia jamás olvidará de este año de listones negros.

Las amenazas de muerte de Danilo López corresponsal de Prensa Libre, Otoniel Essau, de Corporación de Noticias, dejan huella de la persecución de los corresponsales de prensa en el interior del país.

El asesinato del director de Radio Sultana de Oriente en Zacapa: Luis de Jesús Lima también miembro de la APG, tiene indicios que las críticas que hacía a los funcionarios de gobierno y municipales de dicho lugar pueden ser indicios de su muerte violenta; el allanamiento del Instituto DEMUS de Frank La Rue, Relator de Libertad de Expresión y Opinión de la ONU, también de la APG; las amenazas de muerte en contra del presidente del diario El Periódico José Rubén Zamora e intento de allanar ilegalmente su residencia y atacar su portal de Internet, muestran que hay sectores interesados en silenciar a la prensa por las denuncias de corrupción que publica en contra del gobierno.

El periodista Fredy Rodas, corresponsal de Radio Sonora y Diario Al Día, fue baleado en la ciudad de Mazatenango; Giovanni Fratti, periodista de radio, fue enjuiciado por difamación en un juzgado de Instancia Penal; Carlos Humberto Orellana, del noticiero Optima 23, fue asesinado en la ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez, el 19 de agosto. Nuevamente tres periodistas departamentales, como Alfonso Guarquez en Sololá, Aroldo Marroquín de Prensa Libre y Esner Gómez Navarro de Nuestro Diario, fueron amenazados de muerte en el interior del país, por las fuerzas de seguridad y por el simple hecho de cubrir la detención de dos personas que se conducían en moto.

Las corresponsales Lucrecia Mateo quien difundía un análisis de la hidroeléctrica en el Municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, fue agredida por personas desconocidas que irrumpieron en la radioemisora, para silenciar a la comunicadora mientras difundía las inconformidades que prevalecen en la población sobre ese proyecto. Lucero Sapulú fue agredida en Quetzaltenango, junto a otros periodistas que querían cubrir la elección de la reina indígena. Fue agredida físicamente y robada una cámara fotográfica, según manifestaron miembros del comité que tenían a su cargo la elección de la reina. Ambas son corresponsales de Corporación de Noticias.

Por lo anterior me pregunto, ¿de qué sirve tipificar constitucionalmente la libertad de prensa, tener la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, la Ley de Acceso a la Información Pública, el Decreto 1803 (libre acceso a los espectáculos públicos), el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, El Pacto de San José y otras leyes, si no se protegen a los periodistas y no hay plena libertad de opinión y de expresión en Guatemala. ¿Hasta cuándo seguiremos así?, es la pregunta que se hacen los periodistas y los ciudadanos de Guatemala.

Hugo Rolando López es Coordinador de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG.

Fuente: REVISTA APG/ARGENPRESS.Info

 

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