Un salto en la escalera del conflicto colombiano

Por Daniel Urbino

La rúbrica de un segundo acuerdo en la mesa de conversaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno, supera un escalón más en el camino hacia el fin del conflicto más largo del continente.

Llegar a un consenso en este segundo punto de la agenda, donde se pactó lo referido a la participación política, o sea, a la inserción futura del grupo armado y otras organizaciones en la vida política de Colombia, no fue sencillo ni ágil.

Téngase en cuenta que solo en esta cuestión, las partes necesitaron cerca de seis meses y aún quedaron cuestiones pendientes a discutir más adelante.

Lo mismo sucedió con la cuestión agraria, asunto que abrió las pláticas en noviembre del pasado año y que solo fue zanjado de manera parcial a finales de mayo.

No obstante, la postura común alcanzada por la insurgencia y el ejecutivo es considerada por varios especialistas como fundamental en aras de la búsqueda de la paz, puesto que jamás en 50 años se había logrado avanzar en temas tan cruciales.

Los detalles del acuerdo no son del todo públicos. Una polémica cláusula de confidencialidad impide conocer a plenitud las disposiciones a las que llegó la mesa, aunque se divulgaron algunos detalles.

A grandes rasgos, ambas partes anunciaron su anuencia sobre los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política y para los nuevos movimientos que surjan luego de un acuerdo final.

Esto, según el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, es una nueva apertura democrática que cumple con el viejo anhelo de consolidar los derechos de la oposición.

Así se abre la puerta a los nuevos partidos que surjan tras el cese de la beligerancia, o sea, a la futura conversión del grupo armado en una fuerza política legal.

De la Calle dio algunos visos de “decisiones específicas para facilitar el tránsito de las FARC” como la posibilidad de que accedan al sistema político en condiciones especiales o que eventualmente ostenten representación en el congreso.

Aunque estos asuntos se tratarán en el futuro, dan pistas sobre los posibles cauces que podrá seguir la mesa a la hora de la toma de decisiones en tal sentido.

Según Iván Márquez, quien lidera la delegación de las FARC en las pláticas, este pacto reconoce también que la reunión es un derecho legítimo, así como la libre circulación y expresión, la libertad de conciencia y la oposición en una democracia.

Cuestiones que, -valoró el guerrillero- enriquecen la inclusión política por lo cual el gobierno debe canalizar espacios mediante los cuales se garantice el pleno ejercicio de estos derechos.

Se trata, agregó Márquez, de que en nuestra patria se respete el derecho a la vida, a la diferencia, a la opción política y la no estigmatización, y se puedan debatir las ideas sin temor a ser asesinado, perseguido, desaparecido o criminalizado.

No en balde la insurgencia hace estas declaraciones. A mediados de los 80, varios grupos y organizaciones beligerantes pasaron a la vida civil tras negociaciones con el gobierno y se agruparon en el Partido Unión Patriótica (UP).

Unos años después, y según datos conservadores, más de dos mil militantes de esa organización fueron exterminados, lo que se denunció como un genocidio por diferentes sectores sociales.

El arreglo prevé además la conformación de un estatuto de oposición que brinde garantías a aquellos que se declaren en oposición y la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz en zonas afectadas por la guerra, mediante las cuales esas poblaciones tengan una representación en la Cámara de Representantes.

Claro, nada de esto tiene un efecto inmediato. Las pláticas se rigen por un principio que reza que “nada está acordado, hasta que todo este acordado” y para ello tendrán que discutir los seis puntos de la agenda y llegar a un acuerdo final. Hasta ese momento, queda pendiente lo firmado.

 

Cuesta arriba

Aún hay mucho camino por recorrer. Si se mira desde un enfoque cuantitativo, apenas se venció un tercio de la agenda prevista, por lo que las pláticas aún van cuesta arriba.

Hay que agregar a esto que ambas partes tienen posturas antagónicas en temas pendientes como la dejación de las armas, las víctimas y la refrendación del acuerdo final. No será fácil hallar consensos sobre los mismos.

Además, el próximo año el proceso estará sometido a mayor influencia debido a las presiones del calendario electoral colombiano, que se sumará a las habituales de aquellos que están en contra de los diálogos y de quienes los utilizan con fines políticos.

El incentivo es que los dos bandos ratificaron su voluntad de continuar en la mesa. Las FARC han reiterado que no se levantarán de ella como no lo hicieron en anteriores procesos de esta índole.

Ahora comienza otra etapa. Las representaciones buscarán soluciones al problema de las drogas ilícitas, otro escalón a superar en aras de dejar atrás más de 50 años de conflicto.

Fuente: Prensa Latina/ARGENPRESS.Info

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