Publican reportaje crítico a las agencia de seguridad en Maryland

TAKOMA PARK, MD – Dentro del furor de deportaciones en Estados Unidos., aun mientras la reforma migratoria está en deliberaciones en el Congreso, el American Civil Liberties Union (ACLU) de Maryland este martes publicó un reportaje sobre como las agencias de seguridad al nivel local y del estado están socavando la seguridad pública y desperdiciando recursos a través de la ejecución de peticiones de retención de inmigración que llegan del Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Cumplimiento con las peticiones de retención no es obligatorio, pero el reportaje detalla la tasa inquietante al que varios condados detienen a los inmigrantes sin más motivación que una infracción de tránsito – en efecto, tal política transforma a las agencias de seguridad locales en actuales suplentes de los agentes de inmigración.

El reportaje del ACLU salió durante una conferencia de prensa a la cual asistieron el senador de Maryland Victor Ramírez (D-Prince George’s) y representantes de CASA de Maryland (CASA), y Service Employees International United (SEIU). El Senador Ramírez patrocinará el Maryland TRUST Act en el Senado, un proyecto de ley dirigida a la restauración de la confianza comunitaria en las agencias de seguridad locales al eliminar su participación en la aplicación de las leyes sobre la inmigración civil.

“Cada vez más municipalidades en todas partes del país están rehusando el rol de suplente en el presente furor de deportaciones,” dijo Sirine Shebaya, abogada del ACLU de Maryland y la encargada de la defensa de los derechos de los inmigrantes.

“El ACLU suplica a Maryland que se une con otros estados en afirmar que el cumplir con estas órdenes no representa el uso eficiente de nuestros recursos policiales limitados y a la vez resulta en la fragmentación de nuestras comunidades.”

El reportaje, Restoring Trust: How Immigration Detainers in Maryland Undermine Public Safety Through Unnecessary Enforcement, explica como los inmigrantes de Maryland se ven detenidos después de que aseguran el derecho de la libertad, dentro de las instalaciones estatales y locales a cargo del estado o autoridad local, para el propósito único de transferirles a las autoridades federales de inmigración, siquiera cuando los mismos inmigrantes están detenidos sin más motivación que una infracción de tránsito y donde no reciben en su contra ningún cargo de infracción de la inmigración civil.

Las conclusiones claves del reportaje ACLU:

La mayoría de personas detenidas por inmigración en Maryland están solamente acusados de infracciones de tránsito u otros delitos menores.

La gran mayoría de las peticiones de retención (“ICE hold”) de inmigración en Maryland están dirigidas a gente Latina.

Al mezclar la aplicación de leyes federales de inmigración con las autoridades locales, las peticiones de retención de inmigración funcionan a socavar la seguridad pública y la confianza que tienen las comunidades en las agencias de seguridad locales.

Las peticiones de retención de inmigración son puramente solicitudes voluntarias que imponen gastos sobre las municipalidades locales, gastos no reembolsados por el gobierno federal.

Varios estados, condados, y ciudades a través de los Estados Unidos han adoptado medidas de terminar la detención de individuos basada únicamente en las peticiones de retención (“ICE holds”) de inmigración.

El reportaje solicita la reforma estatal para retomar el control de un sistema disfuncional de aplicación de las leyes de inmigración en Maryland.

Tal reforma proveería las salvaguardias que abordan al debido proceso y otras preocupaciones constitucionales que surgen de las peticiones de retención de inmigración. Estas salvaguardias restaurarían y ayudarían a reparar la confianza que la comunidad tiene en las agencias de seguridad locales.

También, asegurarían que las municipalidades locales se verían reembolsados por cualquier gasto relacionado al cumplimiento de una peticion de retención de inmigración.

Recientemente, la Oficina del Procurador General de Maryland (Attorney General’s Office) publicó una carta de opinión junto con varios procuradores de otros estados y condados en reconocer que el cumplir con las peticiones de retención de inmigración es discrecional.

 

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