15 mil desaparecido en Perú: desde Fujimori hasta Ollanta Humala

Por Luis Arce Borja 

Impunidad y complidad actual. En Perú la discusión es interminable para saber la cantidad exacta de personas desaparecidas durante 20 años de conflicto armado (1980-2000). Esta discusión es entre cifras oficiales y el testimonio verídico de los familiares de las víctimas. Los gobiernos que han seguido después del 2000 cuando cayó el régimen de Fujimori han utilizado la coerción, el chantaje y todo el poder del Estado para ocultar los crímenes de las fuerzas armadas, la policía y grupos paramilitares. El gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2000), la administración de Alejandro Toledo (2001-juillet 2006), hasta llegar al gobierno de Alan García (2006-2011), y el actual régimen del militar Ollanta Humala, han protegido militares y civiles acusados de masacres, secuestros y desapariciones de personas acusadas de subversión.

 

Las cifras de desaparecidos

Para la Conferencia Episcopal Peruana, entre 1980 y el 2000 las personas desaparecidas fueron 15 mil. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su informe de 2003, registra 8 mil 558 personas desaparecidos durante el conflicto armado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, duplica esta cifra y en octubre del 2011, señala que los desaparecidos en Perú suman 16 mil. Esta cifra se basa en los informes y registros del Instituto de Medicina Legal y el Equipo Peruano de Antropología Forense.

Si para el número de desaparecidos hay cifras en desacuerdo, lo mismo ocurre para la cantidad de muertos durante la guerra interna. Así para la Comisión de la Verdad y Reconciliación el costo en vidas humanas de la guerra interna suman 70 mil. El Consejo de Reparaciones del Perú en un informe del 2011 ha señalado que el número de víctimas de la guerra interna que atravesó el Perú podría ascender a 100 mil personas. Esta cantidad de muertos y desaparecidos fueron en su gran mayoría ciudadanos del campo, estudiantes y trabajadores de la ciudad sindicados de pertenecer o sostener los grupos subversivos, en particular a Sendero Luminoso (Partido Comunista del Perú-PCP). En Perú no pasa una sola semana que no se descubren fosas comunes donde fueron sepultados clandestinamente ciento de victimas de militares y policías durante el conflicto armado. Así por ejemplo en el 2011 la Cruz Roja entrega un informe sobre la posible existencia de 4 mil 644 fosas comunes en todo el Perú. De esta cantidad de cementerios clandestinos, dice la Cruz Roja, más de 2000 aún no han sido localizadas.

 

¿Por qué tanta impunidad en Perú?

Perú es uno de los países de América Latina, donde los antiguos responsables de muertes, masacres y desapariciones, no solamente no han sido sancionados, sino que vuelven al poder y con ello repiten sus métodos criminales contra la población. Por ejemplo Alan García Pérez presidente entre 1985 y, fue responsable de cientos y miles de asesinatos y desapariciones. Matanza en los penales, desapariciones de estudiantes, crímenes contra la población, etc. Nunca fue sancionado y al contrario fue recompensado con una nueva gestión presidencial entre julio de 2006 y el 2011.

En junio del 2009, el presidente Alan García fue nuevamente acusado de masacres masivas y de desapariciones de pobladores. Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos de Perú), denuncio (13 de junio 2009) la responsabilidad del gobierno de García por el asesinato de 31 indígenas de la selva y 61 desaparecidos. Estos hechos ocurrieron en Bagua, una localidad de la amazonia peruana. El conflicto se inició cuando los indígenas se movilizaron contra decretos gubernamentales atentatorios contra sus derechos a la tierra y la subasta de los recursos naturales en beneficio del tratado del libre comercio con Estados Unidos. El saldo represivo del segundo gobierno de García fue de 174 muertos y 61 desaparecidos.

El régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) significo un de los periodos más sangrientos del conflicto interno. Uno de los jefes militares de este periodo fue el actual presidente del Perú, Ollanta Humala. El actual gobernante, ha sido acusado de secuestros, torturas y crímenes de prisioneros durante la época de Fujimori cuando era jefe militar en una zona de guerra. En sociedades normales, Ollanta Humala debería estar preso por torturas, crímenes y desaparecidos. Pero ello no es así, Humala es el presidente del Perú y ganó las elecciones en el 2011 con el apoyo de las fuerzas armadas y de la izquierda legal peruana.

En el primer año de la gestión de Ollanta Humala 17 campesinos fueron muertos por orden del gobierno. Hasta el final del 2012, el actual régimen ha asesinado en conflictos sociales a 27 personas entre campesinos y asalariados. En el informe “Un año del gobierno de Ollanta Humala” de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (julio 2012), se anota que en cuanto a los derechos humanos durante el actual gobierno, “muy poco es lo que se ha hecho, y más bien se ha producido un retroceso”. Esta comisión advierte en su informe que este problema “se refleja en los muertos, heridos y la criminalización de las protestas sociales, así como el recorte de libertades fundamentales mediante el estado de excepción”.

La herencia del fujimorismo en el poder, no solo se refiere al actual presidente peruano, sino también a la legalidad para el movimiento político de la familia Fujimori. Keico Fujimori, es la hija del ex mandatario, ex primera dama fue cómplice de su padre durante su gobierno corrompido y criminal. Pero gracias al sistema de impunidad en Perú, Keico no está en prisión como su progenitor, y al contrario ella aspira a ser presidenta del Perú. La hija de Fujimori es la actual lideresa del grupo “Fuerza Popular”, otro nombre de lo que fue “Cambio 90” de la época de Alberto Fujimori. Ella ha sido en el 2011 candidata a la presidencia de la Republica y se ubicó en el segundo lugar después de Ollanta Humala. Actualmente las encuestas y sondeos electorales la ubican como la candidata preferida para las próximas elecciones presidenciales del Peru.

A diferencia de otros países latinoamericanos, el ciclo de muertos y desaparecidos en Perú se desarrolló durante el periodo de tres gobiernos que se instauraron vía procesos electorales, pero que dependían 100% de los militares. Fernando Belaunde, líder de Acción Popular (AP) 1980-1985: Alan García Pérez del Partido Aprista (APRA) 1985-1990 y Alberto Fujimori, líder de “Cambio 90” (1990-2000), fueron los tres gobiernos “democráticos” que recibían órdenes de las fuerzas armadas. La particularidad común de estos regímenes fue que en el aspecto político, sobre todo en la forma de enfrentar la subversión, entregaron todo el poder a las fuerzas armadas. El modelo de plan contrainsurgente, fue diseñado, dirigido y aplicado por los militares y la CIA americana. El eje de este plan antisubversivo, fue el asesinato masivo de poblaciones enteras sospechosas de constituir “base de apoyo” de Sendero Luminoso. Tanto el gobierno de Alan García así como el de Alberto Fujimori, elegidos “democráticamente”, contaron desde su inicio con el apoyo de la izquierda legal peruana, así como de la iglesia católica, y las principales Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del medio peruano.

 

Putis

Uno de los casos más brutales de secuestro y asesinato masivo de campesinos acusados de pertenecer o ser base de apoyo de Sendero Luminoso. Este hecho sangriento ilustra la actuación brutal de los fuerzas armadas en las zonas consideradas “rojas” o base de apoyo de la subversión.

Putis es una pequeña localidad andina ubicada en la provincia de Huanta (Ayacucho) y a 300 kilómetros el sureste de Lima. Este genocidio de un pueblo ocurrió en 1984 cuando Fernando Belaunde, considerado “padre de la democracia peruana”, era presidente del Perú. En ese pequeño pueblo fueron asesinados 123 campesinos, entre ellos mujeres y niños. Ellos, antes de ser ejecutados, fueron obligados a cavar una gigantesca fosa común donde serían muertos y sepultados. Como dijo la misma Comisión de la Verdad (CVR) estos pobladores “fueron acribillados por miembros de las fuerzas armadas quienes sospechaban que los pobladores rurales colaboraban con rebeldes de Sendero Luminoso”.

Estos hechos fueron descubiertos recién en el 2001 por el periodista Edmundo Cruz. Las autoridades se vieron obligadas a reconocer esta matanza. Antes de este descubrimiento las victimas de Putis eran considerados “desaparecidos”. Incluso se decía que eran “senderistas” que se habían enrolado con la subversión. Según los expertos que analizaron los restos mortales, el 45% de los cuerpos hallados en la fosa común correspondían a niños y jóvenes entre 1 y 17 años de edad. Todos fueron muertos con balas de fusil y acuchillados. Sobre la cantidad de niños en esta masacre, Edmundo Cruz declaro en un reportaje a la agencia AP, que el asesinato de los niños “solo tenía una explicación muy frecuente en la ideología de los militares de esa época”. “Esa ideología era que estos niños más tarde serían iguales a sus hermanos y padres a quienes los militares consideraban terroristas”, explicó. Hasta la fecha, no hay ningún militar ni civil acusados por este asesinato masivos de niños, jóvenes, adultos y mujeres.

 

Parodia de “sanción” e impunidad

¿Por qué en Perú no se ha sancionado ejemplarmente ningún alto militar, civil o ex presidente acusado por crímenes y desapariciones de miles de peruanos?. El verdadero poder en Perú está constituido por las fuerzas armadas. En el caso peruano, las elites políticas, sus partidos y sus organizaciones de fachada, cumplen las órdenes provenientes de los cuarteles. El sistema político, aparte de ser decadente y corrompido, es una “democracia” caricaturesca bajo la tutela de las fuerzas armadas. En este marco político-jurídico, jamás habrá sanción para los responsables de cientos y miles de asesinatos contra la población. En cualquiera de los gobiernos llamados democráticos, la presencia militar es cuantiosa y grosera. Están presentes en el ejecutivo, en el parlamento, en las instituciones públicas, y hasta en la presidencia de la Republica como es el caso del comandante Ollanta Humala.

En este contexto algunos militares han sido condenados a prisión por casos menores, pero no por los grandes crímenes que habían cometido. Estos “militares sancionados”, han cambiado la prisión por la detención domiciliaria o por largas estadías en los hospitales militares. Fujimori, es el único ex presidente que ha sido acusado y condenado a 25 años de reclusión por dos hechos de sangre, que en el conjunto de los crímenes bajo su responsabilidad, constituyen apenas dos gotas de agua en un océano de matanzas innumerables. Fujimori fue sancionado por el asesinato de 15 adultos y un niño en Barrios Altos (Lima) el 3 de noviembre de 1991 y la muerte 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta el 18 de julio de 1992. En total 25 muertos, de una cantidad globalmente estimada entre 15 y 20 mil personas durante su gobierno que transcurrió entre 1990 y el 2000.

 

Comisiones de la verdad, otra forma de ocultar el crimen.

En Perú como en ningún otro país latinoamericano, se ha institucionalizado la propaganda para desprestigiar a los grupos subversivos y responsabilizarlos de muertes y desaparecidos que corresponden a la autoría de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Tanto en Perú como en el extranjero se dice que los principales agentes de muerte, secuestros y desapariciones fueron los grupos armados, principalmente el Partido Comunista del Perú (PCP) organización subversiva conocida bajo el nombre de Sendero Luminoso. En la prensa oficial se repite: “Los culpables fueron todos los involucrados en la guerra: las guerrillas de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)”.

Para Salomón Lerner, presidente de la CVR (junio 2003), “la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar ‘la lucha armada’ contra el estado peruano…”. En tanto ello es el principal responsable del conflicto interno con el 54% de las víctimas que suman 70 mil muertos. Las cifras de la CVR fueron corregidas en el 2011 por la Defensoría del Pueblo, institución que entrega otra versión. Para esta organización los responsables del secuestro y desaparición fueron: El ejército, responsable del 60.4% de los desparecidos. La Policía Nacional fue responsable del 12.2% de las detenciones y desapariciones. El 7.3% de casos fue de autoría de los miembros de Comités de Autodefensa. En el 6% aparecen como responsables miembros de Fuerzas Combinadas (ejercito-policía).

La Comisión de la Verdad (CVR), junto con diabólizar a los subversivos, ha realizado bastantes esfuerzos para justificar y exculpar de crímenes y secuestros a las fuerzas armadas y gobiernos respectivos. La CVR, dice en 2003 refiriéndose a los militares, ellos actuaron “en nombre de la ley y en defensa del régimen democrático”, mientras que los subversivos “se levantaron de manera autoritaria en contra de dicho régimen”. Al mismo tiempo señala la CVR, hay que “reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia”. Así esta Comisión rinde su “más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber”. (CVR, 2003, Tomo VIII, p. 323)

El periodo entre 1980 y 1985, fue una de las etapas más violentas y represivas de 20 años de guerra interna. Fue el inicio del ingreso de las fuerzas armadas para combatir la subversión y el comienzo de las regiones en estado de emergencia controladas violentamente por los militares. En esta etapa se inauguran los centros clandestinos de tortura, crímenes y desaparición de prisioneros. Fernando Belaunde, fundador del Acción Popular, un partido tradicional de la derecha pro americana del Perú, era el presidente del Perú “democráticamente elegido”. La misma CVR reconoce que el periodo más violento de la guerra interna fue entre 1983 (cuando Belaunde ordeno la intervención de los militares) y 1984 cuyo resultado fue (oficialmente) 19,468 víctimas.

La trayectoria sangrienta de la etapa gubernamental de Fernando Belaunde no impidió que esta misma Comisión dijera en su informe final, que Belaunde hizo grandes esfuerzos para proteger la democracia. Tampoco fue un impedimento para que Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR, dijera el 11 de junio del 2003 que en “el contexto del conflicto armado interno que se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático tenía la obligación de defenderse y de recurrir a las fuerzas del orden”.

Sobre el Apra y Alan García Pérez, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no se restringe alabanzas. “La CVR resalta, también, el esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Alan García Pérez por preservar el sistema democrático, las elecciones locales y generales y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil situación en medio del peor conflicto armado interno de la historia republicana del país”. La CVR considera que, al asumir Alan García Pérez el gobierno en julio de 1985, “impulsó una serie de políticas sociales para reorientar la estrategia contrasubversiva en marcha. El objetivo explícito fue derrotar a la subversión mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos y a las regiones más pobres. El nuevo gobierno asumió como propias las críticas a la actuación de las FFAA que se venían haciendo desde el periodo gubernamental previo”.

La CVR es más cautelosa con el régimen de Fujimori, pero no se detiene para ensalzar a la Dincote (policía antiterrorista), una de las ramas más brutales de la policía política de la época de Fujimori. Los miembros de la Dincote han sido acusados de crímenes, torturas y desapariciones de prisioneros acusados de terroristas. Fue en la Dincote donde se organizó y se dirigía el comando “Rodrigo Franco”, un grupo paramilitar que funcionó durante el régimen de Alan García (1985-1990). Este comando fue responsable de varias centenas de crímenes, entre ellos altos dirigentes sindicales obreros. La CVR señala en el 2003 refiriéndose a la DINCOTE, que “gracias a la experiencia acumulada desde fines de la década anterior y el énfasis puesto en el trabajo de inteligencia, mostró por esa misma época facetas más constructivas y eficaces”.

En diciembre de 1996 un comando integrado por 14 miembros del MRTA tomó por asalto la residencia del embajador japonés en Lima. Había una recepción y el MRTA capturo cerca de 1,000 rehenes entre diplomáticos, ministros, políticos, periodistas y otros. Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori organización un operativo que se denominó “Chavín de Huantar”. Su objetivo rescatar a los rehenes y liquidar a todo los integrantes del MRTA. En efecto el operativo se ejecutó el 22 de abril de 1997, y rápidamente el comando del MRTA fue doblegado. La mayor parte de los militantes del comando subversivos se rindieron. Los militares entraron a la embajada, y ahí a sangre fría mataron con tiros de bala en la cabeza a los sobrevivientes del MRTA. La CVR, en su informe final del 2003, reconoció “el derecho del Estado a rescatar a los rehenes allí recluidos y saluda el heroísmo y la eficiencia de los comandos que culminaron con éxito el operativo de rescate”.

 

Conclusión

La breve información que aquí se ha presentado recoge en parte un problema de la lucha de clases en América Latina. La lógica muestra que la guerra contrainsurgente en Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y cualquier otro país latinoamericano, tiene las mismas características. Lo fundamental es reconocer que el crimen selectivo, y masivo, la tortura y la desaparición de cualquier persona sindicada como subversivo, constituyen la estrategia fundamental del Estado para liquidar la amenaza popular.

Incontestablemente, tanto en Perú como en cualquier otro país, la lucha por hacer justicia y sancionar a militares y civiles criminales de guerra, no es un problema que se restringe a las leyes penales de tal país. Es ante todo una lucha de todo el pueblo contra el actual sistema político y jurídico corrompido. Es imposible lograr que se esclarezca los crímenes de guerra de décadas anteriores, sino se toma en cuenta con objetividad que las clases políticas que ahora están en el poder son las mismas que en décadas pasadas incentivaron y apoyaron el crimen y la represión contra la población.

Es un error creer que la iglesia o cualquier falso demócrata son sinceros cuando se muestran acongojados por los miles de asesinatos y desaparecidos en Perú o en otro país latinoamericano. Ellos fueron cómplices de militares y gobiernos criminales. Hay que evitar que el problema de los desaparecidos se convierta en slogan electoral y en un negocio lucrativo. Un ejemplo de la danza de millones de dólares en las famosas comisiones de la verdad o cualquier otro organismo “defensor de los derechos humanos”, es el beneficio económico que hicieron los integrantes de la CVR. En dos años de funcionamiento (junio 2001- agosto 2003) la Comisión de la Verdad y Reconciliación costó 14 millones de dólares al Estado. Su informe final solo ha servido de guion de telenovela y para exculpar a los principales responsables asesinatos de miles de ciudadanos peruanos.

Fuente: ARGENPRESS.CULTURAL

 

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