El uso de la prisión preventiva

Por Juan Hidalgo

Lo sucedido el pasado 17 de abril en Lima, Perú con el deceso por propia mano del expresidente Alan García, motivada por una investigación en curso derivada de los sobornos efectuados por la constructora brasileña Odebrecht, debe llevar a la reflexión sobre el uso y abuso de las detenciones preliminares y prisiones preventivas, ejecutadas ampliamente por las autoridades del sistema de justicia contra la mayoría de implicados en este caso.

Desde su implementación en los códigos procesales penales en los países de la región latinoamericana, y sus consecuentes modificaciones hasta elevarlo a un tope de 36 meses para casos complejos, como se configura en el caso Odebrecht, ha sido materia de cuestionamiento no solo de las partes afectadas, sino de juristas y analistas que consideran se está abusando de esta figura legal, que va contra el principio universal de la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas.

Ya en el 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), concluyó que el uso no excepcional de esta medida es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los estados de la región, en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad.

La CIDH ha señalado que su aplicación es un problema serio y recuerda que la prisión preventiva, debe partir de la consideración del derecho de la presunción de inocencia y de de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y solo puede fundamentarse en fines legítimos como que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia 

“El uso excesivo de la prisión preventiva constituye uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia, y constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática, que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia”, remarca la CIDH

Este abuso de la prisión preventiva se ha podido observar en las órdenes judiciales ejecutadas contra procesados que ya tenían impedimento de salida del país, y no habían dado indicios claros de fuga o entorpecer las investigaciones como son los requisitos para su aplicación.

Es el caso de la lideresa del partido fujimorista del Perú, Keiko Fujimori, a quien se le acusó de estar detrás de un entorpecimiento a una labor fiscal de allanamiento a uno de sus locales partidarios, con la participación incluso de congresistas de ese partido en el marco de una investigación por aportes de Odebrecht a su partido. 

También se sostuvo que Keiko Fujimori no contaba con trabajo fijo que demuestren el arraigo en su país, pese a que tenía una vivienda propia e hijos menores asistiendo a escuelas peruanas.

Otra situación similar se ha efectuado contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, un octogenario que se encuentra con detención preliminar de 10 días, pese a que la CIDH en sus recomendaciones a los Estados, remarcó se tengan en cuenta los grupos de riesgo entre los que figuran personas mayores, personas con discapacidad, indígenas, afro descendientes y de la comunidad LGTB.

El último episodio de esta tragicomedia fue el suicidio del expresidente Alan García Pérez, quien ante una detención preliminar de 10 días, prefirió quitarse la vida cerrando con ello un vía crucis desde que regresó al Perú en noviembre del 2018, para responder a una citación más del Ministerio Público peruano, sin imaginar que esta vez sería un viaje sin retorno, toda vez que se habían recabado nuevas pruebas que decretarían su impedimento de salida del país.

Resulte inocente o culpable de las investigaciones en curso no cambia el hecho que pudo afrontar un proceso judicial sin la necesidad de ir a prisión, aunque su fallido intento de asilo en la embajada de Uruguay en Perú, habría sido utilizado como un intento de fuga.

Sin embargo, la consigna en este caso tan complejo donde las coimas de Odebrecht presuntamente se han triangulizado o tercerizado, hace que los fiscales peruanos recurran a la detención preliminar y consecuente prisión preventiva, para asegurar el curso del proceso, la aplicación de las penas y reparaciones, pasando por alto los criterios de necesidad y proporcionalidad como señala la CIDH.

About Ramón Jiménez

Ramón Jiménez, Managing Editor de MetroLatinoUSA.Com (MLN). Graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Distrito de Columbia (UDC). Email: [email protected]

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