Libertad de expresión y otros derechos en El Salvador

INFORME SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DERECHO A LA COMUNICACIÓN EN EL SALVADOR

De: Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS)
Para: Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH), Dr. Edison Lanza

El Salvador sufre graves retrocesos en materia de libertad de expresión, acceso a la información y derecho a la comunicación, en el contexto del nuevo gobierno presidido por Nayib Bukele. A continuación, mencionamos brevemente algunos hechos y situaciones relevantes a tomar en cuenta por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH:

1. El presidente Nayib Bukele desmanteló la institucionalidad que promovía y facilitaba el acceso a información en el Ejecutivo, la ex Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA); y ahora muchas instituciones (Cancillería, Ministerio de Justicia y Seguridad, la propia Casa Presidencial y otras) niegan información que debería ser entregada según la Ley de Acceso a la
Información Pública (LAIP). Por ejemplo: El Ministerio de Relaciones Exteriores ha negado a la Red Informativa de ARPAS información sobre convenios sobre seguridad y migración firmados con el gobierno estadounidense; y a otros medios les ha sido negada información sobre gastos en instituciones gubernamentales.

2. Algunos medios han sido impedidos de ingresar a conferencias de prensa del Presidente o no se les permite hacer preguntas que resulten “incómodas”. Además, se ha implementado una estrategia de información centralizada desde las secretarias de Comunicación y de Prensa de la Presidencia, lo cual también afecta el trabajo de periodistas y medios de comunicación. El caso más emblemático es el bloqueo a periodistas de El Faro y Factum, a quienes se les ha impedido entrar a las conferencias de prensa del presidente Bukele; y a ARPAS no se nos ha permitido hacer preguntas, sólo a los medios afines al gobierno.

3. La mayoría de medios de comunicación han sido excluidos de la asignación de publicidad gubernamental: la Presidencia concentra la pauta en los grandes medios condescendientes con su gestión y en medios digitales vinculados a miembros de su entorno, mientras margina a los que tienen políticas informativas o editoriales críticas. Para la CIDH, esto constituye un acto de “censura indirecta”. Una investigación periodística de ARPAS mostró, en el primer mes del gobierno de Bukele, Telecorporación Salvadoreña (TCS) acaparó el 35% del monto total asignado: 193,049.86, de los 550,792.61 dólares otorgados en junio de este año.

4. Las reformas a la Ley de Telecomunicaciones que reconocen a los medios comunitarios, aprobadas hace más de tres años, siguen sin implementarse: con pesar de haber sido presentadas varias solicitudes de frecuencias para este tipo de medios, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) no ha otorgado una sola concesión. Con eso se sigue postergando la asignación de frecuencias radioeléctricas históricamente negadas a los medios comunitarios y la
posibilidad de iniciar un proceso gradual de desconcentración del modelo mediático del país. De cinco solicitudes de radio y una de televisión presentadas por ARPAS, ninguna ha sido resuelta.

5. Igual que el gobierno anterior, el actual se niega a convertir a los medios estatales en medios públicos pluralistas e independientes. La Asamblea Legislativa tampoco retoma el proyecto de Ley de Medios Públicos que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales desde el año 2013. Canal 10 y Radio Nacional actúan como medios oficiales; y el periódico digital Transparencia Activa fue automáticamente cerrado con la supresión de la SPTA.

6. Existe un clima de intolerancia a la crítica que se expresa en “linchamientos digitales”, principalmente en Twitter y Facebook. Periodistas, analistas y cualquier persona que informe u opine críticamente de la gestión presidencial puede ser descalificada, estigmatizada o atacada, por el propio Presidente Bukele o por miembros de su círculo cercano, desde cuentas oficiales o desde perfiles falsos. Uno de éstos es conocido como “Brozo”, quien atacó a las periodistas de un medios digital que publicaron sobre un presunto caso de acoso sexual que involucra al director de noticias de un grupo televisivo afín al gobierno; desde esta misma cuenta se ha atacado a El Faro y Factum, y estigmatizado a ARPAS vinculándonos con partidos políticos.

7. Recientemente el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) filtró a Casa Presidencial datos privados ciudadanos/as solicitantes de información pública: datos que la LAIP define como reservados o confidenciales y que, por tanto, no pueden entregarse. Bukele no dio una explicación válida sobre por qué solicitó esos datos y para qué serán utilizados. Es probable que esta filtración ya sucedía desde
el gobierno anterior; ARPAS y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) hemos presentado un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR). Esto sucede mientras la Asamblea discute un proyecto de Ley de Protección de Datos Personales.

A lo anterior se suman graves denuncias de acoso sexual y laboral en algunos medios de comunicación.
El centro de monitoreo de la APES ha registrado decenas de casos durante este año y la Mesa de Protección a Periodistas ha denunciado públicamente situaciones de acoso sexual, sobre explotación laboral, despidos injustificados y otras violaciones a los derechos laborales, especialmente contra mujeres periodistas.

Los hechos y situaciones señaladas constituyen graves violaciones a los Estándares de Libertad de Expresión de la CIDH y al Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por tanto, solicitamos, atenta y respetuosamente, a la Relatoría hacer llamados urgentes el Presidente Nayib Bukele y a su gobierno, en el sentido de:
-Garantizar la libertad de expresión y de prensa
-Permitir el acceso a la información pública
– Incluir en la pauta publicitaria a todos los medios de comunicación, sin importar su política informativa o línea editorial
-Implementar las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y otorgar frecuencias a medios comunitarios
-Convertir los medios gubernamentales en medios públicos
-Asumir una actitud tolerante a la crítica periodística y ciudadana
-Evitar declaraciones estigmatizantes y acabar con el acoso, ataques y “linchamiento digital” en redes
sociales.
-Respetar y proteger los datos privados de las ciudadanas y ciudadanos.
A la Asamblea Legislativa:
-Retomar la discusión del proyecto de Ley de Medios Públicos y aprobar la Ley de Protección de Datos Personales.
-A la Fiscalía General de la República:
-Investigar las denuncias de acoso sexual en los medios de comunicación y los ataques digitales desde cuentas de redes sociales como “Brozo”

A los propietarios y directores de los medios de comunicación:
-Respetar los derechos laborales de las y los periodistas.

San Salvador, 2 de diciembre de 2019.

About Ramón Jiménez

Ramón Jiménez, Managing Editor de MetroLatinoUSA.Com (MLN). Graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Distrito de Columbia (UDC). Email: [email protected]

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