Por Luis Manuel Arce
Un año después de la rebelión ngöbe buglé, en febrero de 2011 en San Félix, Chiriquí, por una ley que permitía la explotación de yacimientos minerales panameños a estados extranjeros, vuelve a estallar el problema como un remake.
Se repite casi todo, solo que en un escalón superior, como en las buenas historias, y el final de la nueva versión empieza también casi igual que la primera: los nativos ganan el primer asalto y el presidente Ricardo Martinelli retrocede.
Es necesario hablar de un año atrás para comprender lo ocurrido un año después.
El 14 de enero de 2011 el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez -hoy canciller-, presenta a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 8 que reformaba el código minero, el cual pasa a toda velocidad por diputados y es promulgado el 11 de febrero de ese año por el presidente Ricardo Martinelli.
Al día siguiente los indígenas lo protestan, salen a las calles y cierran la interamericana en San Félix. Son reprimidos pero la protesta se mantiene y sólo termina el 27 de febrero con la derogación de la ley y el compromiso de Martinelli de respetar las comarcas en lo tocante al desarrollo minero e hídrico.
Del encuentro con Martinelli surgió el Acuerdo de San Félix de seis puntos, cuyo principal es el dos: «Crear una ley que prohíba explícitamente la exploración, explotación de la minería en la Comarca y la protección de los recursos hídricos y ambientales de la comarca Ngöbe Buglé y Campesino».
El gobierno anuncia el inicio de un gran diálogo para consensuar un nuevo proyecto minero sobre la base de esos puntos. Pero rápidamente empiezan las dilaciones. Algo no funciona. Los indígenas radicalizan sus peticiones y proponen otro texto de ley que añade conceptos concentrados en un polémico artículo 5.
«Artículo 5. Se cancelan todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras, para la exploración y explotación de los recursos minerales y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la Comarca Nögbe Buglé, áreas anexas, territorios y comunidades Ngöbe Buglé fuera de la Comarca y se suspenden de inmediato todos los trabajos que estén llevando acabo dichas empresas».
Sin embargo, el gobierno insiste en la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Barro Blanco, en el río Tabasará, que si bien no está dentro de la comarca ngöbe, sí afecta el hábitat indígena según Celio Guerra, cacique general del Congreso Tradicional.
Esos proyectos, los cuales han costado más de 100 millones de dólares, afectan la región comarcal de Mune, atraviesan el distrito chiricano de Tolé y terminan cerca del Puerto Vidal, y no se han terminado por las objeciones legales que ahora pueden desaparecer con facilidades de estudios de impacto ambiental, aprobadas por el actual gobierno.
A las orillas del Tabasará viven más de 40 comunidades; 711 hectáreas de potreros, 35 de bosques, 12 de plantaciones forestales y 138 hectáreas que ocupa el cauce del río quedarían inundadas, y esas son razones muy fuertes de la oposición indígena aunque la instalación esté fuera de los límites de su comarca.
En mayo se da por terminado el accidentado diálogo entre la comisión ad hoc de diputados y la Coordinadora pero de los 15 puntos que le sirvieron de base finalmente fueron consensuados 12 artículos, entre ellos el 5. El proceso se estanca, no hay avances y los indígenas retoman las protestas en julio.
Cierran la interamericana en San Félix y el puente sobre el río Tabasará, enojados por incumplimientos de acuerdos del gobierno y la construcción de la hidroeléctrica en Barro Blanco. Se renuevan las protestas.
Las negociaciones siguen estancadas, y de hecho es como si no existieran. El 19 de octubre el gobierno aprueba el proyecto que reforma el nuevo Código Minero y deja intacto el artículo 4, el cual había provocado la rebelión de febrero por concesiones mineras a estados extranjeros.
La Coordinadora rechaza el intento de imponer la ley que desconoce sus intereses y denuncia que se ignoran los acuerdos suscritos en la mesa del diálogo con el legislativo. La cacica Silvia Carrera, por el Congreso General, anuncia acciones preventivas contra la propuesta oficialista.
El ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, en acuerdo con el presidente de la Asamblea, Héctor Aparicio, negocia con los indígenas en San Félix y allí mismo proclaman la suspensión del debate del proyecto de ley 394 del gobierno, con el que discrepa la Coordinadora.
Su colega de Comercio e Industria, Ricardo Quijano, declara se ha logrado un acuerdo entre el gobierno y los indígenas, que el proyecto minero en discusión en la Asamblea no implica a las comarcas y lo que ellos no quieran no se reflejará en la ley.
Sin embargo, en la Asamblea se discute un texto diferente. Quijano se excusa y dice puede ser una equivocación. Pero cuando en noviembre termina el período de sesiones ordinarias, Martinelli convoca extraordinarias en diciembre para tratar el mismo proyecto de ley 394 que reforma el código minero. Las discrepancias son tremendas.
El jefe de la Comisión de Comercio, diputado oficialista Raúl Hernández, recordó que el acuerdo con los indígenas involucraba discutir paralelamente las dos proposiciones, y en caso de que se llamara a sesiones extraordinarias junto al proyecto 394 debía discutirse el 415, sugerido por autoridades comarcales, con su famoso artículo 5.
La cacica general Silvia Carrera se quejó de lo sucedido. «No puede ser que nuestra propuesta tenga más de cuatro meses de estar esperando aprobación en la Asamblea, y que el proyecto 394, presentado en octubre, ya esté en segundo debate», sostuvo.
El tema fue sacado de la agenda de las sesiones extraordinarias y pasado para enero de 2012. Cuando el proyecto de ley especial 415 aparece en los pupitres de diputados para el segundo debate pues la comisión lo había aprobado por unanimidad, ya del texto de la Coordinadora había sido volado el artículo 5 y casi no quedaba nada del documento original.
En lugar del artículo 5 aparecen los textos siguientes:
«Se prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica y no metálica y sus derivados de la comarca ngöbe buglé, sus áreas anexas y las comunidades ngöbes adyacentes a estas por cualquier persona natural o jurídica de carácter público o privado, nacional o extranjera».
«Artículo 4: se prohíbe la alteración de los cauces, cabezas de río y la explotación privada de las fuentes de agua dentro de la comarca ngöbe buglé, sus áreas anexas y las comunidades adyacentes…».
Los indígenas no tragan pues se mantiene la aprobación de hidroeléctricas en construcción. A partir de ahí comienza el remake ya conocido y su secuela de violencia. Los ngöbes no se dejan pasar gato por liebre, y como la Asamblea insiste en aprobar el texto modificado sin incluir el artículo 5, se lanzan de nuevo a la calle.
El gobierno persiste en su posición de desterrar por siempre el polémico artículo en aras de no renunciar a la construcción de hidroeléctricas. Crece la rebelión. Aumenta la represión. Hay muertos, miles de gente en la calle. La situación es muy grave.
En respuesta a una pregunta sobre qué falló en el cumplimiento del punto dos del acuerdo de 2011, que dio paso al artículo 5 de los indígenas y el 3 y 4 del gobierno dentro de la nueva ley 415, el canciller Roberto Henríquez aclara:
«Allí (punto dos de San Félix) se habla de «protección» de recursos hídricos, no «prohibición». Yo creo que aquí ha habido una diferencia de interpretación de lo que esa protección significaba para un sector y para el otro.
Probablemente la dirigencia de la Coordinadora equipara protección con prohibición y eso aparentemente ha producido esta diferencia, más el elemento nuevo que no aparece en el acuerdo de San Félix (y sí en el artículo 5).»
La oportunidad para dirimir esas interpretaciones ha llegado. Papadimitriu explicó que el Acuerdo de San Lorenzo consiste en establecer un diálogo sobre la Ley minera basado en lo acordado en el 2011 en San Félix. Como Gobierno estamos dispuestos a dialogar sobre el artículo 5 del proyecto de ley 415, afirmó.
Sin embargo, las negociaciones serán difíciles y delicadas pues el tema hídrico sigue ambivalente y los indígenas quieren claridad. La cacica general fue muy rotunda: «Creo y tengo fe en Dios que se cumpla lo pactado en el acuerdo y espero no pase como el año pasado, que hubo muchos acuerdos y no se cumplió ninguno. No queremos seguir cerrando calles».
