La demora en la aplicación de la justicia a responsables de crímenes de genocidio en Guatemala fue calificada esta semana de lamentable por fuentes jurídicas consultadas en la capital guatemalteca.
Hasta el momento, la justicia guatemalteca se mantiene sin pode poder avanzar en el proceso contra los ex militares José Rodríguez, Efraín Rios Montt y Héctor López, quienes enfrentan un proceso judicial por la matanza de más de mil 700 indígenas ixiles durante el conflicto armado (1960-1996).
La defensa de esos tres exmilitares ha promovido sendos recursos y de forma sistemática han paralizado a la justicia guatemalteca para dilatar los procesos y perpetuar la impunidad, que tanto afecta a Guatemala, afirmó un abogado experto en Derechos Humanos que demandó el anonimato.
Según el abogado, en círculos de poder se ha llegado a comentar que podría darse ahora una amnistía a los implicados en ese caso, completamente contrario a la jurisprudencia nacional y a las obligaciones que el Estado tiene como parte del Derecho Internacional.
A juicio de especialistas en temas jurídicos, de concretarse esa amnistía se comprometería la responsabilidad del Estado de Guatemala y daría un mensaje sumamente negativo a la sociedad si un crimen de tal magnitud queda impune.
En opinión de las fuentes consultadas, el aparato estatal aún sigue completamente plegado a los sistemas de impunidad del pasado y existen serios problemas a nivel del sistema judicial.
Hoy mismo, un alto tribunal guatemalteco prevé discutir, junto a los abogados de esos tres exmilitares y de víctimas del conflicto armado (1960-1996), si el juez Miguel Ángel Gálvez cuenta con competencia para conocer un juicio por genocidio.
Rodríguez y López Fuentes fueron arrestados en octubre y junio del 2011, respectivamente, y permanecen en el hospital militar al alegar padecimientos de salud.
A Ríos Montt le exigen rendir cuentas sobre señalamientos por delitos de lesa humanidad en su contra por las masacres perpetradas por el Ejército en el área indígena Ixil, departamento de Quiché, y la comunidad Plan de Sánchez, en Baja Verapaz.
Organizaciones humanitarias le imputan al exgeneral decenas de masacres cometidas por el cuerpo castrense contra la población, sobre todo la autóctona, cuando fungió como presidente hace 30 años.
Fuente: ARGENPRESS.Info
