La organización de las Naciones Unidas (ONU) y la de Estados Americanos (OEA) se pronunciaron contra las escuchas telefónicas ilegales y otros programas de seguridad que puedan acarrear perjuicios a los derechos de intimidad.
En un comunicado conjunto de ambas instituciones, se enjuicia críticamente esa práctica, a la cual definen como violatoria de derechos humanos y a la libertad de pensamiento y expresión.
El relator especial de la ONU para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, y la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, firman la declaración distribuida en Panamá.
La nota no implica solamente a Panamá, sino también a autoridades de otros Estados americanos que, amparados por leyes de inteligencia o al margen de la regulación legal existente, habrían interceptado comunicaciones de particulares, en muchos casos con criterios o finalidades políticas.
El pronunciamiento de la ONU y OEA aflora cuando en Panamá miembros de la sociedad civil y dirigentes de partidos opositores denuncian ser víctimas de grabaciones ilegales, acusaciones que recaen en el Consejo de Seguridad del Estado dirigido por Alejandro Garuz.
Miembros de ese organismo retuvieron a la reportera de TVN Elizabeth González y al camarógrafo Bolívar Jurado, cuando realizaban una cobertura noticiosa cerca de sus oficinas y ese día fue agredido por Garuz el dirigente periodista Filemón Medina.
A propósito de esa situación, los relatores señalaron que bajo ninguna circunstancia, periodistas, comunicadores o civiles que tengan acceso y difundan información reservada sobre este tipo de programas de vigilancia por considerarla de interés público, pueden ser sometidos a sanciones ulteriores.
Fuente: Prensa Latina
