El gobierno de Otto Pérez debe rectificar políticas y acciones del Estado.
En esta fecha en que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, lo que correspondería al gobierno de Otto Pérez [Guatemala] es hacer valer, totalmente, todos los acuerdos y convenciones sobre los pueblos indígenas que ha firmado el Estado de Guatemala, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio No. 169 de la OIT. Debería comenzar con un decreto para indultar a todos los dirigentes y activistas indígenas que se encuentran presos –verdaderos prisioneros políticos—por conducir medidas de hecho para hacer prevalecer sus derechos; dar órdenes para que cese la persecución legal de líderes/liderezas indígenas y campesinos; pedir al Congreso que derogue las leyes que criminalizan al movimiento social y las ocupaciones de tierras y carreteras; garantizar que se eliminen los obstáculos a los juicios por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, particularmente el de Ríos Montt; y cambiar totalmente la estructura, funciones y funcionarios del órgano encargado de resolver los conflictos de tierras. Solamente así se podrá empezar a hablar de paz social y, quizás, algún día, aspirar a la reconciliación nacional.
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue establecido por la Asamblea General de la ONU el 23 de diciembre de 1994, dos años después de que Rigoberta Menchú Tum recibiera el Premio Nobel de la Paz, precisamente por su inquebrantable lucha por la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala y el resto de América. De esta manera en las acciones de las Naciones Unidas por reconocer y reparar la deuda histórica con los pueblos indígenas de América, los representantes indígenas de nuestro país siempre han jugado un papel sumamente importante.
Guatemala, mediante muchos líderes indígenas, fue pilar en los trabajos del Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas, al igual que en la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, que estuvieron a cargo de convocar a los pueblos indígenas de todo el mundo y escuchar sus demandas y reivindicaciones. Nuestro país también desempeñó un papel fundamental en las discusiones del tema en las Naciones Unidas, tanto en la Comisión de Derechos Humanos y, después, el Consejo de Derechos Humanos, como en la Asamblea General.
En esta lucha singular, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en la ciudad de México el 31 de marzo de 1995, constituyó un hito histórico. De todos los Acuerdos de Paz, mediados o no por las Naciones Unidas en diversas partes del mundo, éste es el único que se refiere a la cuestión indígena, proponiendo las medidas adecuadas para que en Guatemala se construyera la “paz firme y duradera”.
Con el concurso decidido de representantes indígenas de Guatemala, algunos de ellos en las mismas estructuras del Gobierno de Guatemala, con posterioridad a la firma de la paz en nuestro país la ONU ha tomado varias medidas, siendo una de las más importantes la creación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que se reúne año con año en Nueva York; y la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Un gobierno consecuente se preocuparía de poner en práctica todas las recomendaciones que el Foro emite en sus reuniones anuales y de velar porque la Declaración se respete total y adecuadamente. Es indudable que el gobierno de Otto Pérez ha fallado en esto y acumula una deuda adicional a la inmensa deuda histórica con los tres pueblos indígenas de Guatemala: Garífuna, Maya y Xinka. Es tiempo de rectificar.
Actualmente, se avasalla nuevamente a los pueblos indígenas por tres motivos. El intento de acaparar tierras por parte de capitales nacionales y extranjeros, con los más diversos usos, desde el cultivo del maíz para producir combustibles; el cultivo del azúcar y la palma africana para fines de exportación; las grandes haciendas ganaderas que producen carne para los mercados externos y los restaurantes “de primera”; y el simple uso del suelo, para facilitarle a los Estados Unidos y otros imperios un “corredor seco” que violente nuestra economía, soberanía e independencia. Debemos hacer énfasis en el hecho de que toda tierra en manos no indígenas en nuestro país es producto del saqueo de la conquista y saqueos posteriores, porque todo el territorio nacional le pertenecía a los pueblos originarios y nunca estuvieron de acuerdo ni en ceder derechos ni en vender. De esta suerte, los tribunales deberían dictaminar que toda tierra en la que los indígenas demuestren uso consuetudinario o tengan títulos les corresponde en derecho. Así de simple; lo demás sería robo de tierras, por muy “legalizadas” que puedan estar.
El segundo motivo es la extracción de los recursos que poseen los pueblos indígenas –agua y minerales—a cambio de migajas y residuos contaminantes. Hace 500 años se llevaron todo el oro y la plata que pudieron encontrar; hoy nos ofrecen arsénico por oro y, como ganancia, agua contaminada. Nos ofrecen progreso, basado en el uso del cemento, para lo cual sacrifican a las nuevas generaciones cuyos pulmones estarán llenos de polvo. Y, a cualquier costo, quieren entrar en la “fiebre de los metales estratégicos” para que Estados Unidos siga en su carrera armamentista y sus guerras de dominación. También se sigue explotando petróleo, aunque los ingresos correspondientes no aparecen en el presupuesto nacional.
Como efecto colateral de la oferta de explotación de los recursos naturales a compañías transnacionales, se violan diariamente los derechos humanos más fundamentales de las comunidades Mayas como al derecho a la libre organización, expresión y el respeto a la vida. Uno de los asesinatos más recientes en contra de defensores del territorio está ejemplificado en el caso del Señor Silverio Vicente, originario de la comunidad de Sibaca en Santa Cruz del Quiche y miembro del Consejo de Pueblos K’iche’s (CPK) que fue secuestrado el 26 de Julio de este año y su cuerpo torturado apareció el 5 de Agosto, este asesinato se suma al de José Tavico también proveniente de la misma comunidad de Sibaca, y miembro del CPK que fue asesinado en Junio del 2012 y hasta la fecha las autoridades no han hecho nada para esclarecer estos hechos.
Y el tercer motivo para avasallar a los pueblos es garantizar la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Casi la totalidad de las 646 masacres perpetradas por las fuerzas de seguridad, principalmente contra los pueblos indígenas, aún aguardan rayos de justicia.
Consideramos que ha llegado el momento de tener un punto de inflexión en la tragedia guatemalteca. Es tiempo de que los sectores de poder y las capas medias a su servicio se den cuenta de que un país sumido en la discriminación y el racismo no tienen más futuro que estar en conflicto permanente. En los Estados Unidos se logró la vigencia de los derechos civiles para los afrodescendientes apenas en los 60 y en Sudáfrica se eliminó el apartheid hace menos años; pero aún los sectores poderosos de esos países finalmente recapacitaron y cambiaron. Guatemala espera lo mismo o la paz social nunca se alcanzará.
Comité Ejecutivo de la RPDG
Guatemala y su Diáspora, 9 de agosto de 2013
