Por Hernando Salazar
Casi un año después de que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, le concedió a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que el fallo no es aplicable, a menos que los dos países negocien un tratado limítrofe.
Santos también acusó a Nicaragua de ejercer una política expansionista en el Caribe y se quejó de las intenciones de Managua de ampliar su plataforma continental extendida, en detrimento de tratados limítrofes suscritos por Colombia con Costa Rica, Honduras, Jamaica y Panamá.
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Pocas horas después, su colega de Nicaragua, Daniel Ortega, aceptó la oferta de negociar un tratado, pero le exigió a Colombia que cumpla con el fallo.
“Aquí es un asunto de leyes, no de expansionismo. El expansionismo se impone por la fuerza, por la intervención militar. Aquí ambos asistimos al juez y estamos obligados a reconocer la sentencia que dictó el juez. No es cierto que Nicaragua esté actuando de forma expansionista”, subrayó Ortega.
La “inaplicabilidad” del fallo que alega Santos podría llegar a interpretarse como una forma de demorar el cumplimiento de la orden de la CIJ.
Aquí es un asunto de leyes, no de expansionismo. El expansionismo se impone por la fuerza, por la intervención militar. Aquí ambos asistimos al juez y estamos obligados a reconocer la sentencia que dictó el juez. No es cierto que Nicaragua esté actuando de forma expansionista»
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
La analista internacional Arlene Tickner, de la Universidad de los Andes, considera que la posición asumida por Santos es “deliberadamente ambigua y tiene fines políticos”.
En declaraciones a BBC Mundo, Tickner señala que aunque Santos no haya dicho que Colombia desconoce el fallo, es muy revelador “el hecho de que el expresidente (Álvaro) Uribe –que ha pedido el desacato de la decisión- haya felicitado su postura”.
Pero Juan Ramón Martínez, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, declara a BBC Mundo que “Santos habla de la inaplicabilidad, pero no del incumplimiento del fallo”.
En eso coincide otra experta en asuntos internacionales, la profesora Sandra Borda, de la Universidad de los Andes. Ella considera que “mientras Colombia no lleve barcos de guerra a la zona marítima que La Haya le dio a Nicaragua, eso significa que el fallo se está cumpliendo”.
Lo cierto es que, luego de la sentencia que se produjo en noviembre de 2012, todavía faltan muchos detalles por afinar, entre ellos dónde y bajo qué condiciones pueden pescar los colombianos que habitan en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, donde hay mucho malestar por la decisión de La Haya.
Borda coincide con Tickner en que Santos le está dando un manejo más político que jurídico al tema, en momentos en que las encuestas de opinión han castigado su imagen, pese a que las decisiones de fondo sobre el pleito con Nicaragua se tomaron en los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.
Santos indicó el lunes que el fallo de la CIJ es inaplicable.
Un diplomático colombiano consultado por BBC Mundo, y que pidió la reserva de su nombre, defiende la posición del gobierno Santos y asegura que, en la práctica, los fallos de La Haya “tardan entre 7 y 10 años en cumplirse”.
Fallos desconocidos
Sin embargo, el profesor Martínez recuerda que varios países han desconocido los fallos o los conceptos de la Corte de La Haya. El experto cita sentencias como la de 1986, cuando la CIJ condenó a Estados Unidos por su apoyo a los “contras” nicaragüenses, que incluyó el minado de los puertos de ese país.
Otro caso muy notorio, dice Martínez, fue cuando, en mayo de 1973, la CIJ consideró que los ensayos nucleares franceses en el atolón de mururoa, en el pacífico sur, perjudicaban a Nueva Zelanda y le pidió al gobierno de París que los evitara.
Sin embargo, Francia realizó otros 12 ensayos nucleares en el atolón después de la orden de la Corte de La Haya.
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Años atrás, en 1977, un arbitraje de la CIJ determinó que tres islas del Canal del Beagle le pertenecían a Chile, no a Argentina. Pero el gobierno argentino rechazó la decisión. Los dos países –ambos bajo regímenes militares- estuvieron a punto de una confrontación militar. El tema se superó bajo la mediación del Vaticano.
En 1991, Guinea-Bissau rechazó una decisión de la CIJ que favorecía a Senegal en una disputa por límites marítimos. Los dos países negociaron y en 1995 lograron un acuerdo.
Pese a esas posiciones, la tendencia en la mayoría de los casos de la Corte de La Haya es a que los países acepten los fallos o terminen resolviéndolos mediante acuerdos o tratados.
Y esa parecería ser el desafío que tienen ahora los gobiernos de Bogotá y Managua. En todo caso, una solución no está a la vuelta de la esquina y tomará tiempo en concretarse.
Contexto
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Fuente: BBC Mundo
