Por Roberto García Hernández
Al presidente estadounidense, Barack Obama, y su equipo de trabajo los esperan serias confrontaciones en las próximas semanas en el Congreso, en particular en asuntos de inmigración, la lucha contra el Estado Islámico (EI) y el presupuesto federal.
En el tema migratorio, Obama presentó una serie de órdenes ejecutivas que no requieren la aprobación del Capitolio para su puesta en práctica, con vista a limpiar su imagen ante quienes lo llaman «deportador en jefe» por sus records en el número de indocumentados que ha repatriado desde que asumió su puesto en 2009.
El gobernante ha ordenado la expulsión de unos dos millones de indocumentados de Estados Unidos desde esa fecha, y solo el 20 por ciento de ellos había cometido delitos serios, según datos de organizaciones defensoras de los inmigrantes.
Obama intenta favorecer a más de seis millones de extranjeros sin papeles que están en peligro de ser devueltos por la fuerza hacia sus países de origen y adoptar medidas que reorienten las actividades de los órganos de control migratorio dentro del Departamento de Seguridad Interior.
En contraposición, el congresista republicano y presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, califica estas propuestas como «amnistía ejecutiva» y advirtió que el liderazgo de su partido las combatirá «con las uñas y los dientes».
Boehner está dispuesto a utilizar todas las artimañas que permite el reglamento del Legislativo para dilatar cualquier intento del gobernante por lograr sus objetivos, que algunos expertos señalan tienen un fuerte contenido electoral con el fin de cortejar a los inmigrantes, con vista a los comicios generales de 2016.
Al respecto, un artículo reciente del diario The Washington Post señaló que las medidas de Obama para levantar la amenaza de deportación incrementarán la autoridad del Ejecutivo en una magnitud nunca antes vista, «hacia un territorio turbio e inexplorado».
Para contrarrestar estos pasos, que para muchos significan un abuso de las facultades del jefe de la Casa Blanca, legisladores republicanos comenzaron a aplicar una estrategia de financiamiento gubernamental a corto plazo, destinada a impedir que las iniciativas del jefe de la Oficina Oval tengan recursos para ponerse en práctica.
En cuanto a la guerra contra los yihadistas en Iraq y Siria, Obama quiere que el Capitolio lo autorice explícitamente a usar la fuerza y renovar el permiso que esa instancia de poder había otorgado en 2001 y 2002, respectivamente, a su predecesor George W. Bush, para las contiendas en Afganistán e Iraq.
Expertos en el tema consideran que el jefe de la Casa Blanca necesita un aval del Congreso, pues la actual contienda no es continuidad de la guerra contra el terrorismo que inició Bush bajo el pretexto de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Demócratas y republicanos mantienen un amplio desacuerdo en cuanto a los términos que se emplearán en el llamado proyecto de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), por lo que es muy difícil que el Capitolio lo avale durante las sesiones de cierre del actual ciclo legislativo, señaló el diario The Hill.
El experto en temas de seguridad nacional, Daphne Eviatar, afirmó el 14 de noviembre que Obama necesita una autorización del Congreso para continuar las operaciones militares contra los fundamentalistas.
Es imprescindible el apoyo explícito del Legislativo porque se trata de una nueva guerra y existe incertidumbre sobre hasta dónde va a llegar o lo que necesitará el país para lograr el éxito en esa contienda», acotó el especialista.
No tiene sentido el argumento previo de Obama de que esta campaña contra el EI es una extensión de las guerras contra Afganistán e Iraq, añade el autor.
En este aspecto la discusión en el Legislativo está matizada por el espectro del incremento de las tropas terrestres en Iraq y la posibilidad de que el conflicto se complique y requiera la introducción masiva de fuerzas de combate norteamericanas.
El presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Martin Dempsey, anunció a mediados de noviembre que Estados Unidos pudiera enviar más tropas a Iraq para reforzar la lucha contra el EI.
El militar norteamericano de más alto rango admitió que la razón principal es que el ejército iraquí no está preparado para cumplir las misiones complejas que requiere la situación actual en el teatro de operaciones, en particular en torno a la ciudad de Mosul y en la frontera con Siria.
Por eso analizamos enviar un número «modesto» de efectivos estadounidenses, además de los que ya se anunciaron, para asesorar a las unidades iraquíes, dijo el general durante una audiencia en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
Por su parte, el secretario de Defensa, Charles Hagel, advirtió en la misma sesión legislativa que el pueblo estadounidense debe estar preparado para una larga y difícil campaña contra los yihadistas en Iraq y Siria, y reiteró que los soldados norteamericanos no participarán directamente en acciones combativas.
Estados Unidos inició el 8 de agosto una campaña bélica que hasta la fecha ha costado más de 776 millones de dólares, a un promedio de unos ocho millones diarios, sin lograr detener la ofensiva de los fundamentalistas.
Obama solicitó oficialmente el 7 de noviembre al Capitolio 5.600 millones de dólares para continuar la contienda y anunció además el envío de 1.500 soldados adicionales a Iraq, que se suman a una cantidad similar que está ya en el teatro de operaciones en misiones de entrenamiento y de seguridad.
Existen seis proyectos de autorización de uso de la fuerza en el Congreso, y la Casa Blanca no ha concretado un borrador acerca de lo que intenta hacer en esta campaña a largo plazo, a pesar de las solicitudes que le han hecho los líderes de ambos partidos, señala un artículo reciente del diario The Washington Post.
Pero existe muy poco margen de tiempo en los días finales de noviembre, pues de acuerdo con el periódico The Hill, el esquema de votaciones será muy ligero para las jornadas que el Congreso tendrá hasta recesar la víspera del Día de Acción de Gracias que este año se celebra el 28 de noviembre, cuarto jueves del mes.
Además, está otra vez en juego la liquidez de las principales agencias norteamericanas, pues el 11 de diciembre expiran los fondos asignados para los primeros meses del año fiscal 2015 y falta por aprobar dinero para el resto del período.
Los congresistas deberán ponerse de acuerdo en torno a la discusión y aprobación de un proyecto que prevé la asignación de más de un billón de dólares para entidades gubernamentales y evitar así el cierre de agencias por falta de recursos financieros.
La fecha más probable para ese debate será el 8 de diciembre por lo que los legisladores tendrán muy poco margen para ponerse de acuerdo.
A juicio de expertos, las sesiones del Congreso en este cierre de la legislatura hasta diciembre serán improductivas y escabrosas, apenas un avance de lo que sucederá en enero, tras la toma de posesión del Legislativo que surgió de las elecciones del 4 de noviembre, en las que los republicanos lograron el dominio en ambas cámaras.
Fuente: Prensa Latina/ARGENPRESS.Info
