Por Natalio Cosoy
El gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron este martes que llegaron a un acuerdo sobre el tema de la reparación y la justicia para las víctimas del conflicto armado, clave para el proceso de paz que adelantan desde hace tres años en La Habana.
«Hemos dado un paso fundamental de avance para la construcción de la paz estable y duradera y la finalización de una guerra de más de medio siglo que ha desangrado al país», dijeron las partes en el comunicado que leyeron en La Habana.
El punto de víctimas ha sido el más complejo de acordar de los cinco de la agenda de negociaciones y se estaba discutiendo desde agosto de 2014.
Ahora, desde la capital cubana, los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, informaron acerca de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que se establecerá una vez alcanzado un acuerdo definitivo.
Sus objetivos son: la satisfacción de los derechos de las víctimas, de las que hay más de 7 millones en Colombia; garantizar la no repetición; tener un enfoque territorial, diferencial y de género; proveer seguridad jurídica para los procesados; promover la convivencia y la reconciliación; y conseguir tener legitimidad.
Tribunales
El sistema incluye una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que será la encargada de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto.
Sobre este particular gobierno y FARC ya habían hecho un primer anuncio el 23 de septiembre pasado.
Los otros componentes del sistema son: Comisión de la Verdad, Comisión para la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y los mecanismos para garantizar la no repetición.
De acuerdo con el comunicado leído en La Habana la JEP ejercerá funciones judiciales de manera autónoma y tendrá una serie de salas de justicia.
Una de esas salas será la de Amnistía e Indulto, que aplicará a los delitos como rebelión y conexos –el Congreso colombiano todavía debe determinar si esto incluye al narcotráfico– y por los que muchos podrán gozar de libertad.
Además habrá un Tribunal para la Paz, que juzgará los delitos no alcanzados por la amnistía, como graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.
El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, explicó que ese Tribunal contará con magistrados «de las más altas calidades», expertos en distintas ramas del derecho.
«El proceso de selección será transparente, brindará toda la confianza a la sociedad», dijo.
No serán nombrados directamente por las partes, sino que se está determinando todavía un mecanismo para su selección.
Quienes pasen por ese tribunal podrán acceder a una pena de restricción de la libertad de cinco a ocho años que no incluye cárcel, pero siempre y cuando reconozcan verdad y responsabilidad en forma temprana.
Quienes lo hagan en forma tardía enfrentarán penas de cárcel de cinco a ocho años. Y quienes no lo hagan tendrán penas de 15 a 20 años de prisión.
El sistema integral también incluye mecanismos de reparación, que van desde el reconocimiento de responsabilidades, acciones de reparación concretas (como la reparación de infraestructura), hasta la reparación material, a las que las FARC se comprometieron.
La periodista Jineth Bedoya Leyó un comunicado de la delegación de víctimas que estaban presentes en el anuncio, donde dijo: «Hoy reivindicamos nuestra dignidad y nuestra exigencia de que los acuerdos sean fieles a los reclamos de todas las víctimas».
Insistió en que no renunciarán a su demanda de justicia, reparación y verdad, y que serán «veedores atentos» de la implementación de los acuerdos.
Agentes del Estado y civiles
El jefe del equipo negociador del grupo guerrillero, Iván Márquez, dijo que la JEP tendrá competencia para juzgar a combatientes y no combatientes, lo que incluye a guerrilleros, agentes del estado (policías, militares), políticos y civiles.
«No existirá inmunidad alguna que alcance a cargos oficiales u altos dignatarios del gobierno o del Estado, porque ello no es posible conforme a la ley internacional, y porque ello sería inaceptable para la conciencia del pueblo colombiano», señaló.
El ministro de Justicia, Yesid Reyes, le dijo a BBC Mundo que entre mañana y pasado mañana se conocerán los detalles de la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso de agentes del Estado y civiles que hayan cometido crímenes en el marco del conflicto.
Indicó además que el mecanismo sería similar al que se aplicará a los miembros de las FARC.
Por otra parte, el acuerdo explicita que no se podrá extraditar a personas cuyas conductas sean objeto de la JEP.
Hace cerca de un mes el presidente Juan Manuel Santos le había dicho a la BBC: «Yo no voy a extraditar a Timochenko».
Hacía referencia a que no entregaría al líder de las FARC, Rodrigo Londoño (cuyo nombre de guerra es Timochenko), a la Justicia de EE.UU., que ofrece una recompensa de US$5 millones por el.
Bandas criminales
Este martes en La Habana las partes también anunciaron la creación de mecanismos judiciales por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, para investigar y desmantelar organizaciones criminales, incluidas aquellas que se formaron tras la desmovilización paramilitar a mediados de los 2000, ahora conocidas como bandas criminales («bacrim»), a las que las FARC consideran una seria amenaza.
Con el anuncio de este martes ya se han alcanzado acuerdos en los puntos de víctimas, de desarrollo agrario integral, participación política y drogas ilícitas.
Pero todavía falta por acordar el punto referido al fin del conflicto, que incluye el cese el fuego bilateral y definitivo, la dejación de las armas por parte de las FARC y la verificación.
Y no todos en Colombia celebran las acuerdos alcanzados en torno a cómo se impartirá justicia.
Estos han sido criticados por figuras como el expresidente Álvaro Uribe y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, en medio de acusaciones de impunidad.
El presidente Juan Manuel Santos, sin embargo, ha prometido que todos los acuerdos a los que se llegue en La Habana tendrán que ser validados por el voto popular.
Y el lunes el congreso de Colombia aprobó el proyecto para el plebiscito para la paz, aunque la norma sobre la consulta, sin embargo, todavía tiene que ser valorada por la Corte Constitucional.
FARC y gobierno esperan firmar un acuerdo final antes del 23 marzo de 2016 o en esa fecha.
Lo que le falta y lo que amenaza a un acuerdo definitivo de paz con las FARC
