No hubo una postura formal de parte de las autoridades universitarias debido a que aún no es pública la resolución final de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la extradición de los militares implicados en la muerte de 6 sacerdotes jesuitas y sus 2 colaboradoras en 1989.
Señalan que es importante conocer la resolución completa en este caso para saber cuáles son los argumentos jurídicos para negar, en un primer momento, la extradición del Coronel Guillermo Antonio Benavides.
Las argumentaciones jurídicas que se apliquen en el caso del coronel Benavides, estiman que podrían ser aplicadas a los otros enjuiciados por este caso en 1991, pero no puede aplicarse en los que no han sido detenidos, como es el caso de los autores intelectuales de la masacre.
El rector de la UCA, Andréu Oliva, señaló que es importante que a lo largo de este proceso se ha dado la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 para la consolidación de la paz, la cual ha sido excluida del cuerpo jurídico salvadoreño por ser declarada inconstitucional.
En ese sentido, la mencionada Ley señala que aquellos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no pueden ser amnistiados y deben seguir un proceso judicial con su respectiva sentencia.
También declara expresamente que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se cometieron durante el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani desde que tomó posesión hasta la firma de los Acuerdos de Paz, quedan excluidos de la aplicación de la amnistía, y el crimen de los jesuitas se ajusta a esa condición. Por tanto la CSJ debe resolver cómo se procederá en este caso donde no aplicaba la Ley de Amnistía.
El nuevo director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira señaló de poco seria la acción de la Corte Suprema de Justicia e increpó a la Sala de lo Constitucional de la CSJ, ya que “estos (militares) que están detenidos pidieron un habeas corpus y eso no puede tardar varios meses, eso es una vergüenza porque hay que hacerlo aceleradamente, ya que es un derecho constitucional (…)” que puede determinar si siguen detenidos, libres, o enjuiciados en libertad y que por dicha razón podrían tener razón los abogados defensores de que no se les haya concedido dicho beneficio jurídico.
Tojeira también llamó la atención a tocar definitivamente el tema de la justicia transicional, según él, muy poco debatida y necesaria en la resolución de este tipo de casos que tienen que ver con crímenes ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño.
“La solución para estos problemas que se ha querido borrar con el famoso perdón y olvido de la Ley de Amnistía va por la vía de la justicia transicional que pone en primer lugar la reparación de las víctimas y es más elástica a la hora de hablar de penas y condenas de los victimarios. También es importante empezar a hablar de diálogo entre víctimas y victimarios reconociendo su error y sabiendo pedir perdón”, afirmó el sacerdote jesuita.
Fiscalía investiga a Funes por presuntos delitos de corrupción
La Fiscalía General de la República (FGR) allanó ayer siete propiedades del empresario y expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), Miguel Menéndez, en busca de información y pruebas de presuntos delitos de corrupción ocurridos durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes Cartagena (2009-2014).
Según informó la FGR en su cuenta de redes sociales, Funes Cartagena está siendo investigado por peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Jefe de U. Anticorrupción FGR, Andrés Amaya, explica que allanamientos se han dado luego d una extensa investigación pic.twitter.com/urZFjfLcL3
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) August 17, 2016
El jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, dijo que el proceso se desarrolla luego de “una extensa investigación” y añadió que “las investigaciones determinarán la forma exacta en que el empresario se favoreció de la administración Funes”.
Según publicó en su cuenta de Twitter, el Ministerio Público decomisó decenas de computadoras y archivos, ubicadas en empresas, viviendas y en el despacho contable Ochoa Benítez, este último vinculado a Menéndez.
El expresidente Funes reacción sobre el proceso fiscal y en su redes sociales dijo que él no tiene nada que ver con las empresas del expresidente del CIFCO.
Allanamientos buscan recabar evidencias relacionadas a delitos de corrupción durante administración Funes. pic.twitter.com/z2odmSkiQj
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) August 17, 2016
“La investigación es ridícula… No tengo inmuebles ni cuentas. No tengo nada que ver con inversiones de Mecafé. Esto no pasa de ser un show de la FGR para quedar bien con USA”, afirmó el exmandatario.
“Los contratos de las empresas de Mecafé con el gobierno son lícitos. No hubo tráfico de influencias. La FGR sigue instrucciones de la derecha”, añadió el exgobernante.
Me acabo de enterar de los allanamientos de la FGR. No tengo nada que ver con las empresas de Miguel Menéndez. La investigación es ridícula
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) August 17, 2016
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Mauricio Funes @FunesCartagena
Medios de Prensa que aseguraron de presencia policial en mi casa de habitación mintieron. No hay ninguna orden de allanamiento en mi contra
11:43 AM – 18 Aug 2016
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Luego indicó que “para que me puedan acusar de peculado y enriquecimiento ilícito deben encontrar bienes y cuentas a mi favor. ¿Dónde están? No sea ridícula FGR”.
Durante el gobierno del expresidente Funes se presentaron más de 160 casos de presunta corrupción a la Fiscalía General, entre ellos el del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE), que pasó de $4.5 a $38.5 millones.
Fuente: Transparencia Activa
