La campaña de recolección de firmas se enmarca en la lucha que la iglesia y organizaciones sociales y ambientalistas están impulsando por evitar que los diputados de los partidos de derecha de la Asamblea Legislativa privaticen el agua.
El especialista en aguas y minería Andrés McKinley y el rector de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva informaron que como iglesia católica están realizando una campaña de recolección de firmas en todo el país en contra de la privatización del agua, la meta es presentar 1 millón de rubricas.
“Ahora que ARENA tiene mayoría está buscando la manera de aprobar la Ley de agua para su beneficio. El problema es que esta ley es muy compleja, que debe ver el recurso hídrico desde muchos factores, por eso los 92 artículos aprobados son importantes”, indicó Oliva.
El anuncio lo hacen después conocerse que los partidos de derecha con mayoría calificada en la Asamblea Legislativa intenten privatizar el agua estableciendo un ente rector con más representación de la empresa privada.
Para McKinley el problema es grave, complejo y sensible, de ahí que propone se cree un Consejo Nacional de Agua participativo y con incidencia en el ente rector para que puedan dar sus aportes.
“Seríamos el primer país con la administración y regulación del agua y su uso puesto en manos de privados; sería vergonzoso para el país. El cuidado del agua no es un problema de ideologías ni de intereses políticos, es un asunto de interés nacional y de derecho humano”, advierte McKinley.
El experto en aguas y minería afirmó que el papel que ha retomado la iglesia en la discusión de este tema es un mandato del sumo pontífice.
Para el rector de la UCA la iniciativa de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, sobrepasa el beneficio y el derecho de la población. Considera que, aunque formalmente no se habla de privatizar el agua, existen otras formas de hacerlo, como dejar en manos privadas la rectoría del recurso hídrico.
Para Oliva el agua actualmente no está privatizada, aunque se tenga que pagar un costo por tenerla en los hogares, el valor que se cancela a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es por la distribución y mantenimiento.
Añadió que todos los casos analizados en Latinoamérica, el recurso hídrico esta administrado y regulado por un ente público.
Organizaciones contra la privatización del agua se pronuncian por represión a estudiantes
Las organizaciones exigieron a la Fiscalía General de la República a investigar de oficio las agresiones cometidas y que delimite la responsabilidad intelectual y material de los hechos represivos en contra de los estudiantes y autoridades de la Universidad de El Salvador.
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua en El Salvador emitió un comunicado en el que condenan la represión llevada a cabo por órdenes del presidente de la Asamblea Legislativa Norman Quijano en contra de la autoridades y estudiantes de la Universidad de El Salvador que marcharon hacia el palacio legislativo para presentar pieza de correspondencia en rechazo al proceso de aprobación de una Ley que privatiza el agua.
“Lo ocurrido en la Asamblea Legislativa, donde la vigilancia privada por orden de Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, reprimieron a estudiantes y autoridades de la Universidad de El Salvador, es un claro acto de provocación ideado y llevado a cabo por el Partido ARENA, quien como parte de su estrategia para imponer la privatización del agua, los sistemas rentables de agua potable y saneamiento del país, buscan a toda costa deslegitimar la lucha y la movilización social creciente en rechazo a esa medida”, señalan en comunicado.
También demandaron a la Fiscalía General de la República investigar de oficio las agresiones cometida contra los estudiantes y autoridades universitarias durante la marcha en contra de la privatización del agua, así como a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que emita una resolución sobre el derecho a la libre expresión y movilización.
Embajador de Francia defiende mantener el agua como bien común sin privatizarla
Embajador de Francia en El Salvador, David Izzo. (Foto: José Mejía)
“Privatizar un recurso público talvez no es la mejor manera de gerenciarlo en nombre de la colectividad. En Francia utilizamos la modalidad del contrato de concesión de servicio público para el abastecimiento o el saneamiento, pero el agua queda como un bien común”, le respondió el embajador Izzo a Juan Marco Álvarez en su cuenta de Twitter después que este último cuestionara: “¿Quién se opone a que el servicio de abastecimiento de agua sea privado? Es decir, que sea manejado por una empresa internacional experta como ITT, Suez, GE Water o Veolia? Si ese acto equivale a eficiencia, inversión tecnológica y mejora en el servicio, por qué oponerse?”.
El embajador de Francia en El Salvador, David Izzo, quien junto a su gobierno ha apoyado una serie de iniciativas gubernamentales en función de mejorar el servicio público del agua, opinó sobre el actual debate de una ley de Aguas en El Salvador, donde suenan fuertes indicios de intentar privatizar el recurso y dejar en manos de empresarios privados la gestión del mismo.
Ante esto, el embajador volvió a replicar que los empresarios pueden opinar y sumarse a una serie de aportes que otros sectores están dando sobre la gestión hídrica, pero no pueden ser ellos quienes se autorregulen o quienes impongan los intereses de un sector en particular sobre un bien público, sino que al contrario, deben ser supervisados y respetar la regulación de un ente estatal.
“Entiendo su punto. Pero este tipo de APP (Asocio Público-Privado) para un recurso público y necesario debe ser manejado con mucho cuidado y bajo una supervisión estricta del estado (o de la colectividad beneficiaria). Al final, muchas veces sale más caro para el consumidor”, aseveró el diplomático.
El señor Juan Marco Álvarez, quien en su cuenta de Twitter se autodefine “Por encima del promedio”, chico «verde», orgulloso @INCAE MBA y @aspenAGLN , así como compañero y Cónsul Honorario de la República de Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) en El Salvador, en el cruce de ideas con el embajador de Francia aseguró que el servicio de abastecimiento privado no es igual a privatizar el recurso y que la modalidad de concesión o incluso alianzas público-privadas (son) las que pueden brindar mayor bienestar a la población. En especial cuando el Estado ha sido incompetente.
Un segundo interlocutor en el debate sobre el agua preguntó al embajador si lo que él sugería, en una supuesta administración del agua, era parecido a lo que se dio en el país europeo cuando se privatizó la administración de Air France, donde el Estado conservó la potestad en la explotación de rutas.
Izzo respondió: “Con una ligera diferencia: todo el mundo necesita agua; es un bien frágil, obligatorio y nadie puede vivir sin utilizarlo. En el caso de Air France, el estado todavía tiene parte del capital y nombra al presidente ejecutivo”.
La Asamblea Legislativa inició un nuevo análisis de una Ley de Aguas sobre la base de una propuesta de Ley presentada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y respaldada por los partidos ARENA, PCN, GANA y PDC en la que se niega una regulación y gestión estatal y se propone dejar en manos privadas la gestión del recurso.
El inicio de este análisis, dejando de lado los anteriores avances de 92 artículos analizados sobre otro proyecto de ley más integral, han levantado la preocupación de diversos sectores ambientalistas y de sociedad civil frente a una posible privatización del recurso, ante lo que instituciones como la Mesa Nacional contra la Minería, FESPAD, UCA, Iglesia Católica, UES, entre otros, han levantado su voz y decidido luchar porque se les escuche y tome en cuenta su opinión y aportes técnicos.
