Por Leonel Herrera*
Acciones urgentes para frenar la corrupción en el gobierno.
Diferentes medios periodísticos revelaron la semana pasada varios casos de posible corrupción en el Ejecutivo: compras gubernamentales asignadas a empresas vinculadas a funcionarios públicos (expresidente del FONAES, viceministro de Hacienda y diputado Gustavo Escalante), otorgamiento de préstamos y asignación de plazas con evidente conflicto de interés (familiares de la comisionada presidencial Carolina Recinos), irregularidades en algunas obras públicas (Hospital del CIFCO y ANDA), entre otros que se han dado durante los estados de excepción por el COVID-19.
El gobierno de Nayib Bukele ya es el primero en descubrírsele este tipo de irregularidades en el primer año de gestión y en destapársele cinco casos en una misma semana. A los casos mencionados habría que agregar los señalamientos de anomalías en la asignación del bono de 300 dólares y el sesgo partidario (de Nuevas Ideas) en el reparto de paquete agrícolas y canastas alimentarias.
Lo anterior indica que la corrupción en el Ejecutivo podría ser generalizada y que, por tanto, es urgente que los sectores democráticos y la ciudadanía crítica exijan transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos. Para esto algunas acciones podrían ser las siguientes:
- Demandar de la Corte de Cuentas y Fiscalía General de la República una investigación inmediata los casos señalados, por violentar disposiciones de la LACAP, la Ley de Ética Gubernamental y otras normativas relacionadas con la administración pública.
- Presionar al Ejecutivo a que cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y restablezca las Oficinas de Información y Repuesta (OIR), que fueron puestas en cuarentena ilegalmente desde que inició la pandemia.
- Exigir al Presidente Bukele que cumpla con su promesa electoral de nombrar un “comisionado para la transparencia propuesto por la oposición” que verifique la legalidad de las compras, contrataciones y demás procesos administrativos en el gobierno.
- Solicitar a la Asamblea Legislativa la creación de una verdadera CICIES, independiente, con facultades reales y coordinada por la ONU. Dicha comisión, propuesta por CRISTOSAL y otras organizaciones de la sociedad civil, vendría a sustituir a la inútil e inoperante CICIES de la OEA.
- Proponer una comisión especial de la Asamblea para investigar el manejo de los fondos públicos durante la emergencia por el coronavirus.
Ojalá que toda la población decente, honrada y trabajadora empiece a presionar por la transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción.
Ojalá que así sea.
*Leonel Herrera es director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador.
