Funcionarios del Gobierno del Reino Unido planean cerrar las fronteras del país a lo que describen como “trabajadores no calificados” y personas que no hablan inglés.
Las nuevas regulaciones forman parte de una reforma masiva de las leyes de inmigración, al tiempo que el Reino Unido se prepara para abandonar la Unión Europea.
El Gobierno británico afirma que esta es su oportunidad para tomar el “control total” de las fronteras del país, así como para poner fin a una era de mano de obra barata en fábricas, almacenes, hoteles y otras industrias en las que la mano de obra migrante es frecuente.
Líderes empresariales argumentan que la medida constituye un asalto catastrófico a la economía británica, que resultará en la pérdida de empleos.
Entre otras regulaciones, los inmigrantes que deseen trabajar en el Reino Unido deberán contar con una oferta de trabajo con un umbral salarial de al menos 32.000 dólares al año.
