Foto: cortesía Democracy Now!
Un nuevo informe de la organización Human Rights First critica al Gobierno de Biden por encarcelar a decenas de miles de solicitantes de asilo en prisiones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos donde enfrentan, entre otras cosas, períodos prolongados de detención, abusos físicos y psicológicos, atención médica inadecuada, conductas racistas y falta de acceso a asistencia legal y servicios lingüísticos.
La organización afirma que la detención de los solicitantes de asilo genera costos innecesarios y constituye un trato cruel y una violación de las leyes estadounidenses e internacionales. Estas fueron las palabras expresadas por Salma, una solicitante de asilo de Uganda que estuvo detenida en el Centro de Detención de Inmigrantes del Servicio de Inmigración en Adelanto, California.
bq. Salma: “Me trasladaron a Adelanto, lo que tomó casi tres horas. Imagina estar encadenada, tener todo tu cuerpo encadenado. Ni siquiera puedes rascarte. Ni siquiera puedes tomar agua durante tres horas seguidas. Cuando llegué a Adelanto, me dijeron que entregara mi pasaporte y todas mis cosas. No me devolvieron nada de lo que les entregué. Entregué mis documentos de identidad, mis teléfonos. Me cortaron el cabello de inmediato porque lo llevaba con trenzas. Luego me pusieron una inyección que aún no sé para qué era”.
Empresas privadas de datos ayudan al Servicio de Inmigración de EE.UU. a eludir políticas sobre asilo y rastrear a inmigrantes
Documentos obtenidos por una coalición de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes revelan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos contrató a la empresa privada de datos LexisNexis, lo que le permite recibir información en tiempo real sobre detenciones de solicitantes de asilo de las oficinas del sheriff del estado de Colorado.
La medida para rastrear el paradero de los inmigrantes elude las llamadas “políticas de santuario” del estado de Colorado, que están destinadas a evitar que las fuerzas de seguridad estatales y locales cooperen con el Servicio de Inmigración.
Jacinta González, una de las organizadoras de la campaña #NoTechForICE de la organización Mijente, que busca evitar que empresas tecnológicas ayuden a las agencias de Inmigración de Estados Unidos, dijo: “En el pasado los agentes del Servicio de Inmigración confiaban en la policía para que los ayudara a rastrearnos, arrestarnos y deportarnos.
Ahora son las empresas de tecnología quienes, al vender nuestros datos personales, los están ayudando”.
