Luis Pacheco y Héctor Chaclán esposados. Foto: fger.org
Las Américas, 24 de abril de 2025. Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda alarma y rechazo ante la reciente detención de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán. Las acusaciones formuladas —entre ellas terrorismo y asociación ilícita—, y el contexto en el que ocurren, evidencian la continuidad de la criminalización como herramienta de presión política.
El Ministerio Público (MP) ha anunciado su intención de solicitar el retiro de la inmunidad del actual gobernador de Sololá, Edgar Tuy, quien también destacó su función de autoridad de su pueblo maya kaqchikel de Sololá, y participó en las protestas pacíficas en defensa de la democracia. Esta acción confirma la existencia de una estrategia sistemática de represalia contra las autoridades comunitarias que defendieron el proceso electoral en un momento crítico de la historia reciente del país.
Las acciones contra las autoridades comunitarias deben entenderse en el marco de la crisis institucional vivida en 2023, cuando se intentó dar un golpe de estado desconociendo los resultados electorales. En ese momento, diversas autoridades indígenas encabezaron protestas pacíficas, que se prolongaron por más de 100 días, en defensa del orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas. Estas detenciones y acciones judiciales configuran un nuevo intento del MP por intimidar y silenciar a las personas que luchan por un país más justo y democrático.
Las organizaciones firmantes recuerdan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas [1] , han reconocido que la protesta «juega un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos». Esto incluye también el vínculo entre protestas y la participación ciudadana en las elecciones y los referendos, pues las protestas «pueden contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales» [2] .
Las autoridades indígenas ancestrales han sido pilares de la defensa de los derechos colectivos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la garantía de una transición democrática pacífica. Su criminalización representa no sólo una vulneración a los derechos de participación, asociación y protesta pacífica, también es un atentado contra la libre determinación de los pueblos.
Por todo lo anterior, demandamos:
- El cese inmediato de la criminalización ejercida por el Ministerio Público contra autoridades indígenas y líderes comunitarios, y demás personas perseguidas infundadamente, tal cual le ha sido requerido por parte de organismos internacionales de protección de derechos humanos.
- Que el Estado de Guatemala cumpla con sus compromisos internacionales reconociendo públicamente el papel legítimo, histórico y fundamental que han desempeñado las autoridades indígenas en la defensa de la democracia y de los derechos humanos.
Firman:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Servicio Judío Mundial Americano (AJWS)
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC)
Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)
ARTÍCULO 19 – México y Centroamérica
Robert F. Kennedy Derechos Humanos
Protección Internacional Mesoamérica
CIVICUS – Alianza Mundial para la Participación Ciudadana
Franciscanos Internacionales
Programa ACTuando Juntas Jotay
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC)
Sé justo
Vigilancia de la impunidad
