Plaza Bolívar. Foto cortesía.
Por Claudio Álvarez-Dunn *
BOGOTÁ, Colombia, 5 de mayo de 2025.- Actualmente los colombianos trabajan 46 horas semanales, sin paga doble por las horas extras y son los empleados que más horas trabajan en toda América. Una ley de 2021 determinó una reducción escalonada de la jornada laboral semanal, entonces de 48 horas, para llegar a 42 horas en 2026.
Ante ello, el gobierno del presidente Gustavo Petro propuso en marzo pasado una reforma laboral que luego se hundió en la Comisión Séptima del Senado, cuando ocho congresistas de la oposición firmaron una ponencia negativa con la que finalmente se logró su archivo. Los senadores argumentaron consecuencias negativas en la economía del país y en la vida de los ciudadanos en caso de aprobarse la medida.
Algo similar pasó con el último debate sobre la reforma del sistema de salud cuando el Senado de Colombia colgó la propuesta de eliminar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como intermediarias financieras. La reforma buscaba que el Estado asumiera un rol central en la gestión de recursos y la prestación de servicios, buscando mayor transparencia y eficiencia sanitaria. La reforma proponía un cambio fundamental en el sistema, donde las EPS, que actualmente funcionan como aseguradoras, se transformarían en gestoras de salud.
Pero lo más singular de esta negativa fue la campaña anterior y posterior al debate, donde se develó que fueron los senadores financiados por las propias EPS quienes hundieron la reforma a la salud en el Hemiciclo. Durante la discusión del proyecto se presentaron evidencias de financiamiento de campaña de las aseguradoras a los senadores, quienes finalmente votaron en contra de su auto impedimento y se auto habilitaron para votar en contra de la reforma de salud.
Se conoció que varias EPS financiaban campañas de senadores como Alirio Barrera del Centro Democrático, quien sostuvo descaradamente ante las cámaras que no es delito haber sido patrocinado por las empresas de salud. A ellos se unieron los opositores naturales a la ideología del presidente Petro para acabar con la intermediación financiera de las EPS y que el Estado pagara directamente a las clínicas y hospitales en busca de un mejor rol en la gestión de recursos y la prestación de servicios de salud, que ya había sido aprobado por la Cámara.
La polaridad política que envuelve a Colombia quedó de manifiesto con una fotografía de los senadores que hundieron la reforma de salud posando orgullosamente para las cámaras de los medios de comunicación masiva, generalmente propensos a criticar al gobierno de Petro.
El enfrentamiento entre el presidente y esa rama legislativa es tal que Petro llamó “HP” al presidente del Senado, Efraín Cepeda, por obstaculizar su propuesta de convocar a una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre la reforma laboral. Ante el hundimiento de la propuesta gubernamental, Petro desenvainó literalmente la espada de Bolívar y en la concentración del pasado 1 de mayo y radicó ante el Senado una consulta popular en la que los habitantes del país puedan decidir sobre el futuro del proyecto que beneficiaría a los trabajadores y trabajadoras de a pie en Colombia.
La consulta de 12 preguntas busca equilibrar las relaciones laborales, eliminando ciertas facultades actuales del empleador que conllevan abusos y explotación. También introduce nuevas formalidades contractuales para garantizar una mayor transparencia en las relaciones laborales. Las preguntas abordan temas como la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización, entre otros temas.
El pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, ante miles de personas que abarrotaron la Plaza de Bolívar de Bogotá, el primer mandatario declaró “El que vote No o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería. Ojo, HP: ¿Honorable Parlamentario, Periodista o Político? Honorable político. Pero es Honorable Persona esclavista”, aseveró al radicar el texto de la consulta popular ante el Senado de la República rodeado de integrantes de su gabinete ministerial y de congresistas del Pacto Histórico.
Inmediatamente ríos de tinta de un lado y otro coparon los medios y las redes sociales. Los miembros de la Comisión Séptima del Senado que tumbaron la reforma laboral y también la reforma a la salud del Gobierno; iniciativas primordiales de la administración actual, fueron objeto tanto de ataques como de felicitaciones.
“Los senadores que hundieron la Reforma Laboral le han dado una cachetada al pueblo. Se ganan 48 millones de pesos al mes” (unos 11.500 dólares) leía un spot publicado en Instagram para subrayar el sueldo de los congresistas y la diferencia de clases, donde el salario básico de un trabajador colombiano es de poco más de 300 dólares mensuales.
Previamente, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) había publicado un anuncio de página completa en un diario local donde anunciaba “Estos son los senadores que están salvando empleos y el futuro de las empresas”, con la foto y nombre de los “valientes” senadores que bloquearon las reformas.
Fenalco, liderado por el conservador Jaime Alberto Cabal, le había solicitado al Congreso el archivo de la reforma laboral propuesta por Petro argumentando que la medida podría generar un impacto negativo en el empleo y en los costos de las empresas. De acuerdo con este gremio, la propuesta reforma laboral no solo no fomentaría la creación de nuevos empleos, sino que incrementaría los costos laborales en un 34%. Según estimaciones basadas en datos del Banco de la República, la implementación de esta reforma podría llevar a la pérdida de más de cuatrocientos mil empleos en sectores como turismo, comercio y manufactura a raíz del pago de horas extras que deberían cumplir los empresarios y que hoy no cubren.
En el otro lado de cuadrilátero, la postura del Gobierno está respaldada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Según su director, Alfredo Serrano Manc, con la reforma laboral habría un incremento de la masa salarial entre el 3,2% y el 10,7%; se evidenciaría un impulso adicional en el Producto Interno Bruto (PIB) del 1,2% al 3,6% y el PIB de 2025 también crecería entre un 3,9% al 6,3%, en el mejor de los escenarios.
Además, la industria textil, la de la madera y de fabricación de muebles, el sector financiero y de seguros, los servicios de salud, y la educación, tendrían un mayor crecimiento en términos de ingresos y a esto se sumaría la creación de miles de empleos de tiempo completo, calculado entre 673.965 y 1.042.738.
La propuesta ha puesto a todo el mundo en modo campaña para apoyar la consulta popular de octubre. El Gobierno mantiene su convocatoria a las calles mientras los congresistas siembran el miedo aludiendo a un posible estallido social. La oposición busca todas las maneras posibles de generar un caos, de no dejar gobernar al presidente y acusan al gobierno de ganar la calle para una campaña prematura de las elecciones de 2026, al tiempo que se cantan en contra de la consulta popular aduciendo gastos innecesarios.
En su mensaje del 1 de mayo el presidente Gustavo Petro acusó a la “oligarquía colombiana” y a sus medios de comunicación de haber censurado su discurso, señalando que son utilizados para “subyugar al pueblo”. El mandatario expresó su preocupación con estas acciones que buscan silenciar su voz frente a la ciudadanía y evitar que sus mensajes lleguen al pueblo colombiano, lo que consideró una persecución contra su figura, comparándola con la desaparición de 60.000 colombianos a raíz de la violencia del pasado reciente.
La propuesta consulta popular de octubre muestra una vez más la marcada diferencia de clases sociales en Colombia, con grupos que enfrentan grandes desigualdades en acceso a la educación, el empleo y la calidad de vida. En este país las clases altas concentran mayor poder, riqueza e influencia política, mientras que las clases más bajas enfrentan mayor pobreza, desempleo y falta de oportunidades. Las clases bajas tienen mayor desempleo, mayor informalidad laboral y menores niveles educativos, lo que dificulta su acceso a empleos de mayor calidad y remuneración. También se observa una brecha de género dentro de cada clase, siendo las mujeres de menores ingresos las que más sufren el desempleo y la informalidad. A finales de 2019 hubo una ola de protestas en toda Colombia por cerca de tres semanas que representaron la primera fase de un estallido social de gente que pedía ser escuchada, lo que finalmente llevó a Petro al poder con la esperanza de generar cambios sociales.
Sin embargo, la mayoría del Senado hace oídos sordos al reclamo popular y pone palos en la rueda del progresismo para favorecer a las grandes empresas que financian sus campañas. Hoy las clases altas continúan enviando a sus hijos a colegios privados de mayor calidad, mientras que los estudiantes de clase baja y media-baja suelen estudiar en colegios públicos o privados de menor calidad. Esta diferencia en la calidad de la educación también contribuye a la desigualdad en el acceso a empleos de mayor remuneración y en oportunidades de desarrollo personal, algo que algunos senadores colombianos no tienen en cuenta y todavía parecen no darse cuenta de a quiénes deben representar realmente.
*El autor es un periodista residente en Colombia.
