Activista de la organización CASA y otras personas se manifestaron afuera del Tribunal Supremo de EE.UU. en Washington, D.C. Foto: Lenin Nolly/ML Noticias
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este jueves los argumentos de un caso relacionado con el plan de Trump de poner fin a la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. El Gobierno de Estados Unidos está desafiando el poder de los tribunales federales para fallar en contra de la orden ejecutiva de Trump e imponer “órdenes judiciales a nivel nacional”.
Esta batalla legal atrajo ayer a decenas de manifestantes hasta las afueras de la sede del máximo tribunal en Washington DC, desde donde protestaban por la arremetida de Trump en diversos temas migratorios. Los jueces también están considerando las solicitudes de la administración para poner fin al permiso humanitario otorgado a más de 500.000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Algunos juristas, sin importar su afiliación ideológica, sostienen que este fenómeno puede paralizar la acción presidencial, ya que más de 600 jueces tienen la capacidad de frenar políticas federales. Sin embargo, organizaciones civiles y estados que impugnan la orden de Trump argumentan que la ciudadanía es un asunto de carácter intrínsecamente nacional.
Limitar las medidas cautelares dejaría a miles de bebés nacidos en EE UU sin documentos, expuestos a la deportación o incluso a quedar apátridas. Todos los tribunales que han revisado el caso han declarado que la medida es probablemente inconstitucional, y las cortes de apelaciones han mantenido los bloqueos. Esto sugiere, según los demandantes, que el sistema judicial está funcionando sin necesidad de intervención de la Corte Suprema. Aunque el caso actual no debate directamente la validez constitucional del derecho de nacimiento, sí pone a prueba la voluntad de la Corte Suprema de limitar el alcance del poder judicial frente al Ejecutivo.
En otras noticias de Washington D.C., la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo a los legisladores de la Cámara de Representantes que respalda la idea de suspender el “habeas corpus”, es decir, el derecho de una persona a impugnar su detención ante los tribunales, a fin de llevar a cabo la agenda de deportaciones en masa del Gobierno de Trump.
En la audiencia, el congresista demócrata del estado de California Eric Swalwell criticó duramente a Noem por negarse a rechazar el uso por parte del presidente Trump de una imagen de una mano tatuada que fue retocada con photoshop para justificar una deportación. Trump afirmó que dicha imagen constituía una prueba de que Kilmar Abrego García, un padre de familia del estado de Maryland que fue deportado a una cárcel en El Salvador, era miembro del grupo criminal MS-13.
A continuación se presenta un fragmento del intercambio entre Swalwell y Noem.
Congresista Eric Swalwell: “Usted es una de las principales funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley en el país. ¿Qué ha hecho para investigar si el presidente tergiversó la razón por la que esa persona ha sido detenida?”.
Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem: “Señor, destinamos nuestro tiempo…”.
Swalwell: “¿Ha hecho algo para tratar de averiguar si esa imagen fue manipulada o no?”.
Noem: “La misión del Departamento de Seguridad Nacional es proteger a nuestro país y asegurarse de que estemos persiguiendo a los peores de los peores, a los criminales, a los malos. Abrego García…
Swalwell: “Sí. Entonces, la respuesta es que….
Noem: …es un conocido terrorista, miembro de…”.
Swalwell: …usted no ha hecho nada para corregir al presidente”.
En noticias relacionadas, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha despedido a dos altos funcionarios que estuvieron a cargo de la supervisión de un informe del Consejo Nacional de Inteligencia que contradice la justificación de Trump para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros a fin de expulsar a presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua sin el debido proceso.
