Por Claudio Álvarez Dunn *
BOGOTÁ, Colombia, 9 de julio de 2025.- El proceso para la expedición de pasaportes en Colombia ha estado marcado por una serie de controversias legales y decisiones políticas que han generado un intenso debate público y que se presenta incierto a partir del 31 de agosto próximo cuando se acabe el contrato con Thomas Greg & Sons (TG&S).
Esta empresa, que se ha dedicado al negocio de transporte de valores, seguridad privada e impresión de documentos de seguridad como cheques, estampillas, cédulas y pasaportes o tarjetones electorales, mantiene una presencia dominante en el ámbito de la contratación pública en Colombia al menos desde 2003. Sus competidores dicen que esto ha sido gracias al apoyo de conexiones políticas estratégicas y una capacidad para adaptarse a todos los requisitos de licitación que otras empresas denunciaron en su momento como pliegos de condiciones que solo TG&S puede cumplir.
Últimamente han reaparecido varias denuncias que señalan la relación de la empresa con políticos como los expresidentes Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, lo que habría sido un factor clave en su éxito comercial. Sin embargo, en este gobierno del cambio, la situación plantea preguntas sobre la transparencia y la competencia en el proceso de contratación pública.
Otras denuncias públicas alertan sobre el papel de Fernando y Camilo Bautista (dueños de Thomas Greg & Sons junto a su hermano Felipe) como dos delincuentes y exconvictos que manejan la impresión de cédulas y pasaportes en Colombia, además de los datos para el escrutinio de las elecciones.
Los registros demuestran que Fernando y Camilo Bautista son exconvictos de la justicia de Estados Unidos pues en los años 80 pagaron cárcel al confesar haber defraudado a 25 bancos de ese país con embarques falsos de café colombiano. Además, Camilo y su socio Alberto Duque Rodríguez habrían presentado balances falsos para obtener un crédito por 22 millones de dólares del Arab Banking Corporation con sede en Baréin. Por todo ello, Camilo fue condenado a nueve años de cárcel, pero pagó menos de tres y fue liberado de una penitenciaría federal estadounidense en enero de 1989.
El actual conflicto con los pasaportes comenzó en 2023, cuando la Cancillería de Colombia publicó un pliego de condiciones definitivo para la licitación del contrato de expedición de ese documento. Desde el inicio, el proceso generó suspicacias, ya que la única empresa que cumplía con todos los requisitos establecidos era TG&S, la firma familiar que había dominado el mercado de impresión de visas y pasaportes durante los últimos 17 años. Esta situación provocó el descontento de otros oferentes, quienes consideraron que las condiciones favorecían injustamente a TG&S, por lo que la Procuraduría General de la Nación inició indagaciones para investigar posibles irregularidades en el proceso. Esto le costó la cabeza al entonces canciller Álvaro Leyva, quien recientemente fue puesto en la picota pública al revelarse unos audios donde proponía “tumbar” al presidente Gustavo Petro con supuesta ayuda de EE.UU.
Un informe de Cuestión Pública, un medio de comunicación colombiano especializado en periodismo de investigación, reveló que desde 2005, Thomas Greg & Sons había registrado 473 contratos por un valor total de $386.467.312.292 COP (unos mil millones de dólares) trabajando con más de 100 entidades nacionales y regionales. Además revela que la empresa participó en al menos 28 licitaciones desde 2016, en muchas de las cuales fue el único oferente, lo que ha generado críticas sobre la falta de competencia en el proceso de contratación pública. El informe también desvela que desde 2018, TG&S ha participado además en uniones temporales con el Estado que le han permitido obtener contratos por más de 2,5 billones de pesos colombianos (más de 625 millones de dólares), donde en varios casos la empresa ganó contratos sin competencia.
Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro ha declarado esta semana que “en la Cancillería de Colombia hay una cooptación privada particular de muchos de sus funcionarios, en especial con lo que tiene que ver con las licitaciones… van 16 licitaciones con la empresa en cuestión (TG&S) y de ellas 13 han sido a dedo. El problema mayúsculo que tenemos frente a esta organización privada con lobby muy fuerte de políticos muy poderosos que han pasado por la presidencia de la República o han aspirado a ella, es que el Estado les ha entregado, vía Registraduría o vía Cancillería, prácticamente todos los datos de todos los colombianos. Ellos hacen las cédulas y tienen toda la base de la nacionalidad colombiana por una parte y por otra parte la Registraduría les entrega el software para el escrutinio de las elecciones”, denunció el ejecutivo sobre el dudoso esquema empresarial.
Esto ha desempolvado las controversias sobre la relación de la empresa con varios expresidentes y con posibles fraudes en pasadas elecciones presidenciales como Mockus vs Santos (2010), Petro vs Duque (2018) y algunas elecciones regionales.
Esta conexión de Thomas Greg & Sons con figuras políticas influyentes es lo que habría facilitado su ascendente acceso a contratos gubernamentales. Un ejemplo notable es la relación de la empresa con Noemí Sanín, ex Ministra de Relaciones Exteriores, quien jugó un papel crucial en la introducción de TG&S en la Cancillería durante el gobierno de Ernesto Samper (1991-1994). Posteriormente, Sanín formó parte de la junta directiva de la empresa, donde habría utilizado su influencia para asegurar contratos durante el gobierno de Andrés Pastrana, cuando TG&S consolidó su posición en el mercado de la contratación pública y luego el expresidente fue premiado con su nombramiento en la junta de directores de esa empresa.
Los recortes de prensa recuerdan que Noemi del Espíritu Santo Sanín Posada, excanciller y ex embajadora de Colombia en el Reino Unido y España, saltó de la diplomacia a la junta directiva de TG&S como tercera vocal después de los dos hermanos Bautista. Se detalla que Sanín también es miembro principal de la junta Directiva de la Nueva EPS, proveedora de salud que está siendo investigada por presunta alteración de sus estados financieros y posiblemente el mayor fraude contable en la historia de los recursos de la salud en Colombia.
Otro miembro de TG&S es Ricardo Lozano, exembajador durante el gobierno de Iván Duque, quien ha participado de esa misma junta Directiva por más de 20 años, exceptuando el tiempo de su paso por la embajada de Venezuela.
Por su parte, Juan Manuel Santos, antes de ser presidente, fue miembro de la junta directiva de TG&S, de septiembre de 2002 hasta julio de 2006. Informes de prensa revelan que durante este tiempo la empresa formó parte de la Unión Temporal DISPROEL, encargada de la logística electoral en Colombia. La participación de Santos en la junta directiva de TG&S ha sido objeto de críticas, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales de 2010, donde se cuestionó la imparcialidad de los contratos otorgados a empresas vinculadas a él.
De hecho, en 2016, la entonces senadora Claudia López denunció que luego de que Santos llegara a la Presidencia, en 2010, la empresa empezó a crecer de forma exagerada hasta lograr el poder que tiene hoy. TG&S obtuvo importantes contratos con la Registraduría para manejar prácticamente todas las elecciones de 2014 y 2015, por un total de 690.000 millones de pesos colombianos, (unos 300 millones de dólares de entonces) durante el Gobierno de Santos, que había hecho parte de la junta directiva de la empresa hasta 2006.
“Esto no es delito, pero sí fueron entregadas a dedo, con pliegos amañados y es evidente que la contratación desde que llegó Santos a la presidencia, pasó de $88 mil millones a $690 mil millones, eso tienen que explicarlo, más si se trata de los amigos de Santos, con los que juega al golf”, dijo Claudia López en esa ocasión.
Todo lo anterior podría explicar la facilidad con la que la firma ganó las licitaciones a través de sus excelentes relaciones públicas con las altas esferas de poder del Estado colombiano. En el pasado, firmas como Veridos (Alemania) o In Groupe (Francia), denunciaron que para una de las últimas licitaciones, cuyo valor superaba los 500.000 millones COP (125 millones de dólares), se impuso un pliego de condiciones que solo TG&S podía cumplir.
La última víctima de esta novela fue la canciller Laura Sarabia, que renunció ante el desastre que se avecina. “Si se sigue la ruta trazada por Alfredo Saade, es seguro que cuando el contrato con Thomas Greg & Sons se acabe, los colombianos van a quedarse sin pasaportes”, declaró Sarabia en una entrevista con la revista Cambio tras su alejamiento del poder hace apenas unos días.
Alfredo Saade es un abogado y ministro evangélico que recientemente fue nombrado jefe de despacho presidencial de Petro. Desde su nueva posición inmediatamente pisó callos a diestra y siniestra, tomó cartas en el asunto de los pasaportes y aseguró que todo estaría solucionado en cuestión de días a través de un convenio entre el Gobierno de Portugal con la Imprenta Nacional de Colombia. Sin embargo, esta última entidad, vinculada al Ministerio del Interior, de inmediato comunicó que no contaba con las condiciones técnicas y logísticas necesarias para producir los documentos de viaje a partir del 1 de septiembre.
Ante ello, Saade tuvo que reconocer que aún no se ha firmado ningún convenio, cargando de incertidumbre el servicio que cada día demandan alrededor de 8.000 colombianos.
Evidentemente, esta nueva crisis nacional sobre la expedición de los pasaportes en Colombia abre otro capítulo en la confrontación del gobierno progresista de Gustavo Petro contra los negocios que la oligarquía y las élites de este país dejaron establecidos para su beneficio durante su paso por el estado colombiano en los pasados 20 años.
(* El autor es un periodista residente en Colombia)
