Manifestantes piden la liberación de líderes indígenas mientras señalan a la fiscal general Consuelo Porras como la verdadera causa de los problemas. Foto Facebook/Google
Redacción ML Noticias
La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/EE.UU., con sede en Washington, D.C. presenta una breve actualización sobre algunos de los eventos de las últimas dos semanas en Guatemala.
Mientras el gobierno de Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para deportar migrantes y el Ministerio Público guatemalteco continúa persiguiendo a líderes indígenas y comunitarios, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo parece estar actuando con mucha cautela, intentando mantener la buena voluntad de Estados Unidos mientras se esfuerza por oponerse a los actores corruptos dentro de su propio país. Para muchos críticos de su administración, estos esfuerzos para combatir la corrupción son insuficientes, como el propio Arévalo insinuó en su reciente discurso ante las Naciones Unidas.
En la ONU, el presidente Arévalo destaca avances y admite desafíos
En un discurso reciente ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que Guatemala estaba «regresando a la senda de la recuperación democrática», pero reconoció que los resultados que su administración ha logrado no han sido suficientes. «Después de un largo período de desmantelamiento institucional durante el cual la corrupción era la forma en que funcionaba el sistema, Guatemala está regresando a la senda de la recuperación democrática», dijo, citando los esfuerzos del gobierno para promover la rendición de cuentas y la transparencia a pesar del afianzamiento de actores antidemocráticos en el sistema de justicia. Guatemala ha abierto sus puertas a los mecanismos de monitoreo del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, señaló, recibiendo siete visitas oficiales, incluidas las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y el Relator Especial sobre vivienda adecuada. «Sin embargo, los resultados que hemos logrado hasta ahora», admitió, «no son suficientes». Los esfuerzos se ven desafiados, dijo, por la lucha contra las fuerzas corruptas y autoritarias que criminalizan a los líderes indígenas que defienden la democracia, como Luis Pacheco; periodistas que denuncian la corrupción, como José Rubén Zamora; y jueces como Virginia Laparra, quienes se encuentran exiliados o encarcelados. Subrayó que las elecciones para las nuevas autoridades judiciales deben realizarse con transparencia en 2026.
EE.UU. designa a Barrio 18 como organización terrorista extranjera
El 11 de septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio designó a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista extranjera. Barrio 18, escribió el Secretario Rubio en un comunicado, «es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras». Barrio 18 se une a la Mara Salvatrucha, la pandilla venezolana Tren de Aragua y varios cárteles mexicanos en ostentar la designación de organización terrorista extranjera. Como lo deja claro un informe de Associated Press: «La designación se ha aplicado durante mucho tiempo a grupos de naturaleza más política. Si bien los grupos latinoamericanos han sembrado el terror en las poblaciones que dominan, en gran medida no son de naturaleza política y, en cambio, centran sus esfuerzos en amasar dinero mediante el narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilegales». La designación de la pandilla como organización terrorista extranjera permite la aprehensión, detención y deportación de presuntos miembros de la pandilla. Si el precedente sirve de guía, estas deportaciones podrían incluir a guatemaltecos con estatus legal en Estados Unidos. En el caso de Haití, por ejemplo, en julio Estados Unidos consideró que los residentes legales permanentes de Estados Unidos asociados con una pandilla haitiana podían ser deportados. Esta medida representó un enfoque más audaz que el adoptado por la administración a principios de año; en enero, incluso después de designar al cártel venezolano Tren de Aragua como un » enemigo extranjero » que estaba llevando a cabo una invasión de Estados Unidos, Estados Unidos aparentemente eximió de la deportación a cualquier residente permanente legal.
Expertos de la ONU piden aclaración de cargos contra líderes indígenas
Como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exlíderes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, que cumplió más de cuatro meses en prisión preventiva, las Naciones Unidas, a través de su Mecanismo de Procedimientos Especiales, expresó su preocupación por la criminalización de líderes comunitarios e instó al gobierno guatemalteco a proporcionar información sobre la detención de ambos hombres. El comunicado, publicado el 10 de septiembre, insta al gobierno a aclarar las acusaciones contra ambos líderes comunitarios, quienes fueron arrestados hace meses en un caso confidencial relacionado con su participación en las protestas ciudadanas de 2023. En opinión de los relatores, «resulta alarmante que su detención y procesamiento parezcan ser una represalia por su labor en defensa de los derechos humanos, su rol como autoridades indígenas y el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y asociación».
La declaración fue emitida por varios mandatos de la ONU, entre ellos el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre la libertad de reunión y asociación, el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y el Relator Especial sobre la promoción de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Los relatores recordaron al Estado de Guatemala su obligación de garantizar los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y la independencia judicial.
Absuelta la exfiscal Paola Pimentel
El 17 de septiembre, la exfiscal Paola Pimentel fue absuelta de los cargos de haber compartido indebidamente información confidencial con un abogado en un caso que involucraba manipulación de la justicia. El caso se refería al asesinato en 2012 del padre del oficial militar Erick Melgar Padilla. Melgar Padilla fue acusado de iniciar una investigación paralela sobre el asesinato de su padre, que estaba siendo investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), y de incriminar a personas no relacionadas con el asesinato. Melgar Padilla murió el año pasado. La jueza Patricia Verás absolvió a la ex fiscal Paola Pimentel, al encontrar que no había evidencia de que ella hubiera estado involucrada en revelar información confidencial al abogado de Melgar Padilla. Como señala la reportera Sonia Pérez, la absolución de Paola Pimentel marca la cuarta absolución de ex fiscales que han enfrentado cargos espurios.
