Foto cortesía DN
En Estados Unidos, la familia de Geraldo Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55 años cuya muerte bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue considerada un probable homicidio, está demandando a cuatro guardias penitenciarios y a tres empresas que gestionaban el Camp East Montana, un extenso campamento de detención para inmigrantes ubicado en la base militar de Fort Bliss, en la ciudad texana de El Paso, al momento de la muerte de Campos.
El periódico The Washington Post informa que la familia de Campos está solicitando más de un millón de dólares por daños y perjuicios a Acquisition Logistics, la empresa que supervisaba el Camp East Montana al momento de su muerte; Akima, la compañía que empleó a los guardias acusados de matarlo; y NANA Regional Corp., la empresa matriz de Akima.
A principios de 2026, un informe de autopsia que publicó la oficina forense del condado de El Paso reveló que Campos había muerto por asfixia debido a la presión ejercida sobre su cuello y torso, y concluyó que su muerte había sido un homicidio. Antes de morir, Campos se había quejado de no recibir la dosis adecuada de los medicamentos que requería para el tratamiento de su trastorno de ansiedad y de bipolaridad. Asimismo, Campos había expresado tener pensamientos suicidas.
Sin embargo, en lugar de recibir atención médica adecuada, Campos fue recluido en confinamiento solitario, donde los guardias lo encadenaron de pies y manos, “presionando repetidamente su cuello y pecho hasta que su cuerpo quedó inerte”.
