Por Teresa Gurza

Es de no creerse que la presidenta Sheinbaum haya recorrido muy oronda el país para presumir “honestidad y resultados” de su segundo año de gobierno, siendo que, a juicio de esta autora, falla en lo principal: la seguridad y el bienestar de los mexicanos.

Según la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, alrededor del 6,54 % de los hogares reportó falta de acceso a los alimentos por falta de dinero o recursos durante los tres meses anteriores. El dato corresponde a hogares y no debe convertirse directamente en una cifra de personas afectadas.

Presume sus adelantos en salud, mientras persisten cuestionamientos sobre el abasto de medicamentos, la disponibilidad de personal y la calidad de la atención, así como denuncias sobre adeudos y problemas financieros relacionados con el sector farmacéutico.

También se han registrado hechos graves en instituciones del IMSS. En Durango murieron cinco recién nacidos en septiembre de 2026, en un caso en el que se detectó una bacteria y que fue objeto de una investigación. El entonces director general del IMSS, Zoé Robledo, se reunió con los padres y ofreció disculpas, mientras las autoridades investigaban las circunstancias de las muertes.

La investigación debe determinar las causas y eventuales responsabilidades, por lo que no corresponde presentar como hecho definitivamente establecido que las muertes fueron causadas por una bacteria, por falta de limpieza o por medicamentos contaminados.

También se reportó en Baja California el caso de dos recién nacidas que fueron entregadas por error a madres que no eran las suyas, un hecho que igualmente generó una investigación y disculpas a las familias.

Y en Morelos se han denunciado problemas de personal y atención médica en instalaciones del IMSS, incluyendo dificultades para mantener determinadas especialidades. Estas denuncias requieren ser contrastadas con información oficial del instituto y con la situación concreta de cada servicio antes de atribuirles un alcance general.

Presume Sheinbaum transparencia, pero, en opinión de la autora, existen decisiones y relaciones políticas que contradicen esa imagen.

Y que sus funcionarios son honestos y tal vez los cree suertudos, porque algunos han atribuido sus repentinas riquezas a herencias, mientras otros han sido cuestionados públicamente por propiedades, terrenos, departamentos, automóviles u otros bienes. Las circunstancias particulares de cada caso deben distinguirse de las acusaciones o sospechas que se hayan formulado públicamente.

Presume de humanista, pero la autora cuestiona su actuación en el caso del opositor exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, de 74 años.

Ruffo fue detenido y posteriormente un juez concedió que enfrentara su proceso bajo prisión domiciliaria. Su traslado por carretera desde el centro del país hasta Baja California duró alrededor de 40 horas. Ruffo enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y contrabando de combustible, por lo que las imputaciones deben distinguirse de una condena definitiva.

Presume su fiscalía, que tiene pendientes decenas de investigaciones de graves delitos, y cuestiona que su titular, Ernestina Godoy, no haya logrado citar a declarar al exsecretario de Marina Rafael Ojeda en relación con las investigaciones que involucran a sus sobrinos, los almirantes Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna.

Los hermanos Farías Laguna han sido señalados en investigaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustible. Las acusaciones y las responsabilidades individuales deberán determinarse conforme avance el proceso judicial.

Entre los episodios cuestionados por la autora está el anuncio de la Fiscalía General de la República sobre el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato.

De acuerdo con la información difundida por la FGR, la investigación comenzó el 3 de julio, después de que un conductor de una pipa fuera detenido mientras transportaba combustible cuya trazabilidad no pudo acreditar en ese momento. La investigación condujo posteriormente a varios cateos y al aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo.

El caso generó controversia y cuestionamientos sobre la procedencia y trazabilidad del combustible. Las empresas involucradas han presentado documentación para defender la legalidad de sus operaciones, mientras las autoridades han continuado investigando el caso.

Por ello, es preferible hablar de un aseguramiento de hidrocarburo cuya procedencia y situación jurídica fueron objeto de investigación, y no afirmar de manera definitiva que todo el combustible era “huachicol” ni, en sentido contrario, que todo era legal, mientras el proceso no haya establecido esas circunstancias.

Sheinbaum ha sostenido que la delincuencia ha disminuido en determinados indicadores, mientras sus críticos cuestionan que persistan elevados niveles de violencia e inseguridad.

Según datos del Inegi, aproximadamente 1,6 millones de personas fueron desplazadas forzosamente por violencia entre octubre de 2020 y octubre de 2025. El dato abarca ese período y no debe atribuirse exclusivamente al actual gobierno.

Presume defender la soberanía nacional, pero, en opinión de la autora, la presencia y el poder de los grupos delictivos contradicen ese discurso.

A partir del discurso de Donald Trump del 22 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que el presidente estadounidense hizo fuertes señalamientos contra México por la actividad de los cárteles, Sheinbaum ha insistido en la posición de su gobierno frente a Estados Unidos y en la defensa de la soberanía mexicana.

Presume persecución a los grupos delictivos, pero la autora cuestiona que algunos políticos y colaboradores hayan recibido protección política a pesar de investigaciones o solicitudes de extradición.

Presume que la economía “va muy bien”. Sin embargo, los datos económicos deben analizarse según el período utilizado. En el segundo trimestre de 2026, el crecimiento fue de 1,4 % respecto del trimestre anterior y de 1,9 % en comparación con el mismo trimestre de 2025.

También cuestiona la situación financiera de Pemex, empresa estatal que enfrenta una elevada deuda y que ha recibido apoyo financiero del gobierno federal.

Y, como por tanto dispendio nada alcanza, la autora cuestiona el crecimiento de la deuda pública. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública en su medida más amplia —el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)— se encontraba alrededor del 51 % del PIB al cierre del primer semestre de 2026 y Hacienda proyectaba que llegara aproximadamente al 52,3 % al cierre del año. Por ello, no resulta preciso afirmar como dato actual que representa exactamente el 54 % del PIB.

Presume que no censura a la prensa, pero durante los últimos años México ha seguido registrando agresiones y asesinatos de periodistas.

La autora también cuestiona diversas iniciativas legales y decisiones gubernamentales que, a su juicio, pueden afectar la libertad de expresión. En estos casos conviene identificar las leyes concretas y las disposiciones específicas a las que se refiere, especialmente cuando se afirma que determinadas expresiones en redes sociales podrían ser castigadas con cárcel.

Nota editorial importante: en la última columna dejé deliberadamente algunas afirmaciones con formulaciones como “la autora cuestiona”, “se ha denunciado” o “es objeto de investigación”. Esto no suaviza la opinión de Teresa Gurza; simplemente evita que una acusación o interpretación aparezca editorialmente como un hecho judicial ya probado.

También eliminé del artículo de Isaac Cohen algunas cifras que no pude confirmar con la fuente oficial consultada, en lugar de conservarlas como si estuvieran verificadas. La Oficina del Censo sí confirma con claridad el 13,9 % de pobreza hispana en 2025 y la reducción de 1,2 puntos porcentuales.