Foto cortesía NBC Washington
WASHINGTON (TNND) — Agentes federales allanaron la casa de la representante Ilhan Omar en Washington la semana pasada como parte de una investigación sobre su documentación migratoria, según informes que también indican que las autoridades ahora tienen el ADN y el pasaporte de Omar y están trabajando para reunir pruebas para la revocación de su ciudadanía y una posible deportación.
Tras el allanamiento, la hermana de Omar, quien fue interrogada por agentes federales, canceló un evento de presentación de su libro alegando una emergencia familiar. Los informes también señalan que Omar ha negado haber cometido fraude alguno.
Art Arthur, exjuez de inmigración y miembro del Centro de Estudios de Inmigración, declaró a The National News Desk que el estatus de ciudadanía de Omar, según se describe en la «narrativa oficial», está vinculado a la ciudadanía derivada a través de la naturalización de su padre.
«Según la narrativa oficial, la Sra. Omar nació en 1982», afirmó Arthur. Según Arthur, ella llegó a Estados Unidos a los 12 años procedente de un campo de refugiados en Kenia y su padre se naturalizó ciudadano estadounidense en el año 2000.
Según la ley vigente en ese momento, explicó Arthur, si Omar vivía con su padre cuando este se naturalizó y ella tenía la tarjeta de residencia permanente, habría obtenido la ciudadanía automáticamente a través de él, sin necesidad de presentar documentación. Sin embargo, si tenía 18 años o más cuando su padre se naturalizó, Arthur indicó que habría tenido que presentar su propia solicitud de naturalización y completar el proceso.
Arthur afirmó que un caso de revocación de la ciudadanía dependería de la evidencia de que Omar era mayor de 18 años cuando su padre se naturalizó y que ella nunca se naturalizó por su cuenta. Si un juez federal determinara que no obtuvo la ciudadanía ni se naturalizó por otros medios, Arthur señaló que perdería su ciudadanía y volvería a tener la condición de residente permanente legal.
«Todo depende de las pruebas», concluyó Arthur, añadiendo que si el gobierno pudiera probar que era mayor de 18 años en el momento de la naturalización de su padre, «en realidad nunca tuvo la ciudadanía». Arthur también afirmó que la condición de Omar como miembro en funciones del Congreso afectaría el proceso de aprobación de una orden de registro, especialmente cerca de unas elecciones. Explicó que los niveles superiores del Departamento de Justicia, incluida la Sección de Integridad Pública, tendrían que autorizar una orden para un miembro en funciones del Congreso, y que, en última instancia, el Fiscal General o el Fiscal General Adjunto tendrían que dar su visto bueno. Sin embargo, señaló que ser miembro del Congreso «no te exime de las acusaciones de fraude migratorio ni evita la revocación de tu ciudadanía».
Según fuentes, se informó a los fiscales que las pruebas de ADN podrían demostrar que Ahmed Elmi es el hermano biológico de Omar, lo que, según las autoridades, reforzaría la antigua afirmación de que el matrimonio de Omar en 2009 fue un plan de fraude migratorio para ayudarle a obtener la residencia permanente.
Arthur comentó que utilizar pruebas de ADN en este tipo de escenario sería «bastante novedoso». No obstante, señaló que el Departamento de Seguridad Nacional lleva años utilizando pruebas de ADN, principalmente en la frontera, para verificar supuestos parentescos. Si se descubriera que Omar solicitó la residencia permanente para un esposo que en realidad era su hermano, Arthur afirmó: “Eso es un delito muy grave”.
Explicó Arthur, que el fraude migratorio puede conllevar una pena de hasta 10 años, “o incluso mayor según las circunstancias”, y añadió que “sin duda afectaría su estatus migratorio en Estados Unidos”.
Al ser consultado sobre la solidez del caso en esta etapa inicial, Arthur respondió: “Necesito ver las pruebas”, y agregó: “Nunca se debe juzgar un caso antes de escuchar las pruebas”.
Escrito por The National News Desk, martes 20 de octubre de 2026.
