Foto cortesía NBC Washington
El fallo señaló que el Departamento de Justicia no brindó a un juez de primera instancia la oportunidad adecuada para examinar el caso de California y que, por lo tanto, resultaría prematuro que el tribunal de apelaciones se pronunciara al respecto.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos falló el lunes en contra de la administración del presidente Donald Trump en una importante disputa electoral de cara a los comicios de mitad de mandato, al denegar una solicitud para impedir que California contabilice los votos por correo de personas que figuran en una lista —compuesta por más de 20,000 votantes registrados— que, según el gobierno federal, probablemente no sean ciudadanos estadounidenses.
La decisión, adoptada por 2 votos a favor y 1 en contra por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., con sede en San Francisco, constituye el revés más reciente en los esfuerzos de Trump por lograr una mayor intervención federal en la supervisión de los procesos electorales, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que su partido, el Republicano, lucha por mantener el control del Congreso.
La mayoría del tribunal determinó que el Departamento de Justicia no había dado a un juez de primera instancia la oportunidad adecuada para analizar el caso, por lo que consideró prematuro que el tribunal de apelaciones interviniera. El juez de primera instancia ha programado una audiencia sobre este asunto para el martes.
El juez de circuito Gabriel Sánchez, uno de los dos magistrados que conformaron la mayoría, señaló en una opinión concurrente que el gobierno federal «pide al tribunal federal que dicte a una legislatura estatal cómo gestionar un asunto que pertenece, por derecho propio, al ámbito tradicional del estado; esto trastocaría las políticas estatales al respecto y provocaría desorden y confusión tanto para los votantes como para los funcionarios electorales».
La demanda representó una intensificación de la presión ejercida por la administración Trump sobre las autoridades electorales estatales en torno al supuesto voto de personas no ciudadanas, y constituyó una inusual intervención del Departamento de Justicia en el proceso electoral a pocas semanas de los comicios.
El caso de California marcó la primera vez que la administración Trump intentó impedir que un estado contabilizara votos, aunque no especificó cuántas de las 20,000 personas incluidas en su lista habían emitido, efectivamente, un voto por correo.
Funcionarios del Departamento de Justicia indicaron el 19 de octubre que, entre esas 20,000 personas, se encontraban 28 individuos que habían sido acusados penalmente por votar de manera ilegal. California es el estado más poblado y un bastión demócrata. Cuenta con más escaños en la Cámara de Representantes —52— que cualquier otro estado. En las elecciones de mitad de mandato, los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara, actualmente en manos de los republicanos, el partido de Trump.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha convertido a California en un punto central de su estricta ofensiva contra la inmigración, acusando al estado de socavar la seguridad pública mediante sus políticas de «estado santuario», las cuales limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Trump ha sostenido durante mucho tiempo que las políticas migratorias de California han facilitado el fraude electoral.
Todas las pruebas disponibles indican que el voto de personas no habilitadas —incluidos los no ciudadanos— es extremadamente inusual. Una investigación de Reuters, publicada en julio, reveló solo 129 casos en los que personas no ciudadanas fueron acusadas a nivel federal de votar ilegalmente; muchos de estos casos parecen haber surgido de confusiones por parte de los votantes o de errores administrativos, más que de un fraude intencional.
El Departamento de Justicia presentó una demanda el 15 de octubre ante un tribunal federal en Los Ángeles. En ella, se solicitó a un juez federal que ordenara a California separar las papeletas recibidas de personas que figuran en la lista de la administración del resto de los votos, y que no las contabilizara hasta verificar que quienes las emitieron fueran ciudadanos estadounidenses.
Asimismo, el Departamento de Justicia presentó una moción de urgencia ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito para acelerar el proceso judicial.
California sostiene que sus mecanismos de control para evitar el voto de personas no ciudadanas son sólidos; en un documento judicial, el estado afirmó que los argumentos del Departamento de Justicia se basan en «datos cuestionables».
«En el mejor de los casos, este litigio es una maniobra política imprudente», señalaron el martes los abogados de la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, en un escrito judicial. «En el peor, amenaza con privar de su derecho al voto a miles de californianos en estas elecciones».
Los activistas por los derechos electorales han expresado su preocupación de que los métodos utilizados por la administración Trump para examinar los padrones electorales estatales —con el fin de identificar a personas no ciudadanas— corran el riesgo de señalar erróneamente a ciudadanos estadounidenses naturalizados, lo que podría derivar en su eliminación de las listas de votantes.
El Departamento de Justicia ha advertido a las autoridades electorales de los 50 estados que podrían enfrentar procesos penales si permiten, a sabiendas, que personas no ciudadanas permanezcan en los padrones o emitan su voto. Ha demandado a 30 estados y a Washington D. C. por negarse a proporcionar los padrones electorales completos —que incluyen datos personales sensibles de los votantes—, pero hasta ahora ha perdido 26 de esos casos sin haber ganado ni uno solo.
«El fallo de hoy es un avance positivo y un freno muy bienvenido ante los repugnantes ataques de Trump contra la Constitución y la democracia de nuestro país», declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, de tendencia demócrata.
Reportaje de la agencia Reuters. Publicado hace una hora por NBC.
