¿Quién defiende a los peruanos en el exterior? Cuestionamientos a la Defensoría del Pueblo
Por Miguel Tupayachi
En diversas ocasiones se ha planteado la eliminación de la Defensoría del Pueblo o la destitución de quien la encabeza, bajo el argumento de que esta institución se ha convertido en un elefante blanco, incapaz de cumplir eficazmente su función constitucional. A estas críticas se suman las declaraciones desacertadas de algunos de sus titulares y la aparente indiferencia frente a situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los peruanos residentes en el exterior también tenemos motivos para cuestionar el desempeño de esta institución. Basta recordar las solicitudes de intervención presentadas tanto al entonces defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, como al actual titular, Josué Gutiérrez Cóndor. En ambos casos, según los antecedentes que sustentan esta denuncia, los pedidos no obtuvieron una respuesta satisfactoria ni dieron lugar a los pronunciamientos o actuaciones esperados.
La Constitución Política del Perú, en sus artículos 161 y 162, establece el marco institucional y las funciones de la Defensoría del Pueblo, entre ellas la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, así como la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos. Si bien la institución no tiene facultades para imponer sanciones, sí puede investigar, requerir información y formular recomendaciones dentro de sus competencias.
El caso de Walter Gutiérrez Camacho
Tras la masacre perpetrada en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), el 23 de mayo de 2021, en la que murieron 16 personas, incluidos dos menores de edad, se solicitó la intervención del entonces defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho.
El pedido tenía como objetivo que se examinara el régimen de remuneraciones de los agregados militares y de sus asistentes en las representaciones peruanas en el extranjero. La preocupación se centraba en los elevados montos que percibían estos funcionarios y en la necesidad de determinar si las asignaciones económicas respondían a criterios técnicos, objetivos y transparentes sobre el costo de vida de los países donde eran acreditados, o si dependían de disposiciones generales que requerían una revisión.
La denuncia también planteaba interrogantes sobre la trayectoria y las posteriores designaciones de determinados funcionarios vinculados al aparato estatal. Sin embargo, el aspecto central del reclamo era la necesidad de que la Defensoría del Pueblo evaluara, dentro de sus atribuciones, la actuación de la administración pública y la transparencia en el uso de los recursos del Estado.
Lamentablemente, el pedido no recibió una respuesta que permitiera conocer las razones de la falta de intervención o las medidas que eventualmente se hubieran adoptado. Esta omisión alimentó la percepción de que el entonces defensor habría evitado confrontar al Poder Ejecutivo.
Posteriormente, Walter Gutiérrez Camacho fue designado embajador del Perú en España. Esta sucesión de acontecimientos plantea legítimas preguntas sobre la independencia de las instituciones públicas y la necesidad de evitar cualquier apariencia de falta de imparcialidad. No obstante, la posterior designación diplomática, por sí sola, no demuestra que la falta de respuesta al pedido obedeciera a un acuerdo o a una motivación política.
Josué Gutiérrez Cóndor y los fondos de protección consular
Una situación similar se habría producido con el actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor. A raíz de información difundida en sus redes sociales, se le solicitó intervenir para examinar el incremento de los Fondos de Asistencia y Protección al Nacional, administrados por las oficinas consulares peruanas en el exterior.
El planteamiento sostenía que era necesario revisar la gestión de esos recursos y evaluar si una mejor utilización del presupuesto de la Cancillería permitiría fortalecer la asistencia a los peruanos en situación de vulnerabilidad fuera del país. Asimismo, se propuso examinar las remuneraciones y asignaciones del personal diplomático y administrativo destacado en el extranjero, con el propósito de determinar si respondían a criterios técnicos y proporcionales al costo de vida de cada destino.
La solicitud buscaba que la Defensoría del Pueblo actuara dentro de sus competencias para promover la transparencia, la rendición de cuentas y una atención consular más eficiente. Sin embargo, tampoco se obtuvo una respuesta satisfactoria al requerimiento presentado.
La gestión de Gutiérrez Cóndor ha sido objeto de cuestionamientos públicos, entre ellos críticas -publicada en varios programas periodísticos- relacionadas con sus gastos y declaraciones indicando la posibilidad de que la presidenta Keiko Fujimori cierre el Congreso, lo cual generó el rechazo de las bancadas de oposición. Estas controversias hacen todavía más necesario que el titular de una institución encargada de defender los derechos ciudadanos actúe con prudencia, transparencia e independencia.
En ese contexto, los peruanos que residimos en el exterior, y tenemos la convicción cívica de aportar y participar, debemos crear las condiciones para que el Estado peruano pueda imitar o emular la praxis que han desarrollado los países altamente desarrollados para efectivizar y transparentar sus organismos estatales que garantizan ofrecer una sociedad de bienestar a sus pueblos.
