La evaluación ambiental es la manera en que las comunidades pueden participar antes de que un proyecto se desarrolle en su vecindario.
En California, la Proposición 45, una iniciativa que se someterá a votación este próximo 3 de noviembre, reformaría la Ley de Calidad Ambiental de California (California Environmental Quality Act, CEQA), la principal legislación estatal de evaluación ambiental.
De ser aprobada, esta iniciativa promovida por la Cámara de Comercio de California reduciría el plazo para que las comunidades revisen y expresen su opinión sobre proyectos de vivienda, transporte, agua, salud y energía.
Según organizaciones de conservación ambiental, como National Wildlife Federation, esta medida aceleraría la construcción de proyectos contaminantes al recortar los plazos para la participación comunitaria, permitiendo que los grandes beneficiados sean las industrias vinculadas a los centros de datos y las empresas de servicios públicos con fines de lucro.
Hasta ahora, la Ley de Calidad Ambiental de California, permite la participación comunitaria y exige estudios de impacto ambiental para conocer y reducir los daños antes de que se aprueben los proyectos industriales.
Si la Proposición 45 se aprueba, las decisiones sobre qué se construye cerca de hogares, las escuelas y los suministros de agua no incluirían la opinión ni supervisión del público, dejando a las comunidades desprotegidas frente al desarrollo de los centros de datos y las centrales eléctricas de combustibles fósiles.
Esta medida podría costarles a los municipios y al gobierno estatal de California más de 100 millones de dólares anuales y los contribuyentes tendrían que pagar por los gastos derivados de la contaminación y el daño a la salud pública.
La NWF apoya a más de 450 organizaciones locales, estatales y nacionales y recomienda votar NO a la Proposición 45.
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