La abogada Ivania Cruz (izq.) y la exdiputada y exsubsecretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Lourdes Palacios. Foto: Ramón Jiménez.
Por Ramón Jiménez
Bajo la divisa de fortalecer y articular la lucha organizada y solidaria a nivel internacional del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), las activistas Lourdes Palacios e Ivania Cruz, realizan una visita de trabajo a la región metropolitana de Washington.
Entre los más de 40 presos y perseguidos políticos del Gobierno de Nayib Bukele se encuentra el médico Ever Henríquez Cruz, hermano de la abogada Ivania Cruz, quien guarda prisión desde hace más de un año junto a otros exfuncionarios de la alcaldía de Zacatecoluca, departamento de La Paz, incluyendo al jefe edilicio de esa ciudad Salvador Hirezi, que también es médico de profesión.
En su gran mayoría, los presos y presas políticos son exfuncionarios de las dos últimas administraciones de los presidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos del partido de izquierda FMLN —bajo cuya bandera Bukele ascendió al poder y ahora es su peor detractor—, aunque también guarda prisión el exalcalde de la capital San Salvador, Ernesto Muyshondt García-Prieto, del derechista partido ARENA., quien a pesar de ser un partido contrario a los principios del FMLN, de igual manera COFAPPES aboga por su derechos.
Aseguran las activistas que de alguna forma, debido a la presión que el Comité ejerce, el mismo fiscal general de la república decretó arresto domiciliario el pasado 25 de mayo para la exalcadesa de San Salvador, Violeta Menjívar y la exviceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Handal, después de permanecer recluidas en la Cárcel de Mujeres desde julio de 2021. Ambas son médicos de profesión. Handal es además hija del fallecido líder fundador del FMLN, Schafik Handal.
De igual manera guarda arresto domiciliario la exprimera dama de El Salvador, la abogada Vanda Pignato desde el 28 de septiembre de 2018, a quien le han negado la libertad después de varios intentos, y a pesar de que ella padece de cáncer en el útero desde 2015.
“Se vuelca [Bukele] contra la oposición para acabarlos, con casos que fueron fabricados o inventados; COFAPPES surge ante la escalada de represión política”, señaló Palacios, exdiputada de la Asamblea Legislativa y exsubsecretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción, quien explicó que sus quejas las han ventilado ante las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CIDH).
“Estamos aquí porque queremos que se sepan las verdaderas causas por las que guardan prisión, no hay confianza a nivel nacional por eso buscamos apoyo internacional”, agregó Palacios, durante una reunión en la Casa Rutilio Grande de Hyattsville, Maryland.
Tanto Palacios como Cruz se mostraron dispuestas a regresar a la capital estadounidense si encuentran algún apoyo entre miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ya que ambas cuentan con visa de este país, y son espacios donde se pueden expresar. Cruz estuvo en España en fecha reciente, donde también dio a conocer la precaria situación en que se encuentran la mayoría de presos y presas políticos.
“Son fabricaciones de casos y no hay un debido proceso; si tanto dicen que son culpables por qué no presentan los cargos; según organismos de derechos humanos el 40 por ciento (cuatro de cada diez) de los presos y presas políticos son inocentes”, expresó Cruz, quien se lamentó que ya van 44 muertos en las cárceles, desde que comenzó el régimen de excepción decretado el 26 de marzo por el régimen Bukele.
“Ninguno de los 44 muertos que han ocurrido en la cárceles eran pandilleros”, remarcó Cruz, para quien el plan de control territorial es “una gran farsa”, porque aplica para unos y para otros no,
Una de las personas asistentes al evento mencionó uno de esos casos de personas intocables, que podrían estar envueltos en casos de corrupción como Orestes Ortez, quien es tío del presidente Nayib Bukele Ortez, y ejerció como ministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno del entonces presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
“No nos oponemos que se combata el crimen durante el régimen de excepción, pero no es la forma de hacerlo”, dijo Palacios, quien criticó que en su país no hay políticas publicas que asistan a la gente, ya sea en el campo educativo, salud, económico y otros elementos básicos para toda la población.
“Estamos en una situación crítica en calidad de vida; todo está por el suelo”, apuntó.
El gran objetivo de COFAPPES es lograr la libertad de las personas presas políticas y combatir la persecución política por razones ideológicas, para que prevalezca la justicia en El Salvador.
En cuanto a las líneas de trabajo buscan fortalecer y articular la lucha organizada y solidaria a nivel nacional e internacional, hasta obtener la libertad de las presas y presos políticos, así como el fin de la persecución.
También brindar asesoría, asistencia y orientación de casos políticos para la defensa de los Derechos Humanos y el cumplimiento de las garantías constitucionales en El Salvador.
La misión es promover y exigir el cumplimiento de las leyes del país por parte del estado y que garantice los derechos humanos de las personas presas y perseguidas políticas de El Salvador para lograr su libertad.
