Foto: tunota.com
Por Ramón Jiménez
Representantes de diferentes organizaciones que velan por derechos humanos en El Salvador se encuentran en misión de trabajo en la región metropolitana de Washington.
Esta semana la delegación visitó el Departamento de Estado y algunas oficinas de legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos, a quienes expusieron la grave situación que está ocurriendo en su país en relación con la violación gubernamental de los derechos humanos, en particular la desastrosa situación que enfrentan las víctimas del Estado de Excepción como sus familiares.
También visitarán algunos legisladores republicanos, en especial al senador Marco Rubio, de raíces cubanas, quien representa a Florida en el Senado de EE.UU.
Recordaron que con la puesta en marcha de esa ley especial más de 68 mil personas se encuentran detenidas arbitrariamente en las diferentes cárceles del país, incluyendo la gigantesca cárcel recién inaugurada en la población de Tecoluca, departamento de San Vicente, al suroriente de la capital salvadoreña, con capacidad para 40 mil reclusos.
Debido a las fuertes amenazas del gobierno salvadoreño contra las personas que critican su forma de gobernar, en particular contra los periodistas y activistas de los derechos humanos, las profesionales que visitan Washington, D.C. hicieron algunas declaraciones en el anonimato, por lo que no son identificadas.
Consideran que “el tema de las pandillas siempre se ha usado de manera populista”, como lo hace en la actualidad el gobierno de Nayib Bukele, quien “no ha hecho uno, sino varios pactos con las pandillas”, pero reiteradamente lo niega.
“Que el gobierno dirija el aparato estatal en contra de la población es grave”, dijo una de las participantes en el conversatorio en un conocido restaurante de la capital estadounidense, quien considera que el peligro de que la población sea encarcelada de manera indefinida no es solamente con el Estado de Excepción, ya que si este ya no es prorrogado, continuarán vigentes las reformas hechas al código procesal penal.
“Para el gobierno es ‘fácil armar un caso de asociaciones ilícitas’, ya que cualquier persona puede ser víctima de una detención y pasar recluido muchos años, porque las reformas ya fueron aprobadas”, alertaron.
Explicaron que a pesar de que el gobierno salvadoreño ya puso en libertad a unas 5 mil personas, “no hay una reparación por el tiempo perdido ni los daños a la salud física y mental causados por las prolongadas detenciones, quienes lograron sobrevivir a las torturas de las autoridades carcelarias y las fuerzas del orden, ya que entre 140 y 170 víctimas han fallecido en las excesivamente hacinadas e insalubres cárceles del país.
“La política de rehabilitación del gobierno es esperar que se mueran los 68 mil presos, muchos de ellos de manera arbitraria”, consideraron.
Además, señalaron que las víctimas del Estado de Excepción llevan las de perder porque “una buena defensa no es garantía debido a que no hay ninguna garantía del gobierno”, que lastimosamente se perfila como ganador de las próximas elecciones presidenciales en febrero de 2024.
“Esa reelección sería posible gracias a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia [que fue impuesta por el gobierno de Bukele], quienes han alterado un mandato constitucional que prohíbe la reelección sucesiva de un presidente de la república”.
Según un reporte anual sobre Derechos Humanos dado a conocer por varias organizaciones, el Estado de Excepción en El Salvador significa el más serio retroceso en términos de institucionalidad democrática, reglas constitucionales de la ley y derechos humanos, desde los Acuerdos de Paz [firmados en Chapultepec, México el 16 de enero de 1992], y es el próximo paso después de la socavación institucional que comenzó el 1 de mayo de 2021 con el despido y reemplazo irregular de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Oficina del Fiscal General.
La socavación de instituciones y las reglas de la ley han sido la plataforma para serios abusos cometidos bajo el Régimen de Excepción, como la profundización de opacidad y la eliminación de garantías y derechos de acceso a la información, libertad de prensa y transparencia en la administración pública, agrega el reporte.
Los altos costos de vidas humanas, serias violaciones de los derechos humanos contra víctimas directas y sus familias, han sido el precio del éxito del gobierno. Esos costos humanos han significado gran daño económico, social, cuidados, daños a la salud física y mental por los miles de víctimas directas o indirectas que causarán una mancha en la sociedad salvadoreña aún no estimada, puntualiza el documento.
