Agentes de ICE ingresan a una base militar de Luisiana para arrestar a la esposa recién casada de un sargento del Ejército de EE.UU.

Foto cortesía

En el estado de Luisiana, agentes federales de inmigración ingresaron a la base militar de Fort Polk y detuvieron a la esposa de un sargento del Ejército de Estados Unidos, pocos días después de su boda.

El sargento Matthew Blank, de 23 años, había conducido desde Houston, Texas, hasta Fort Polk con su esposa Annie Ramos, de 22 años, y sus padres a tiempo para una cita de registro a las 14:00 horas el jueves 2 de abril.

Annie Ramos, de 22 años, nació en Honduras y fue llevada a Estados Unidos cuando era una niña pequeña. A fines de marzo de este año, Ramos se casó con Matthew Blank, de 23 años, en una ceremonia que se celebró en la ciudad de Houston, mientras Blank se preparaba para un despliegue en el extranjero.

Ella entendía que recibiría una green card a través de su matrimonio, lo que le daría derecho a solicitar la ciudadanía en un plazo de tres años desde su obtención, como es habitual según la ley migratoria estadounidense.

El grupo se registró debidamente en el centro de visitantes de la base según las instrucciones y presentó su documentación, que incluía la identificación militar de Blank, su licencia de matrimonio y el pasaporte hondureño de Ramos.

Pero en lugar de ser conducidos a la oficina de beneficios del centro, como esperaban, los agentes de ICE descendieron, detuvieron a Ramos y la esposaron antes de trasladarla a un centro de detención en la cercana Basile para su deportación mientras la familia lloraba incrédula.

«Nuestro plan era conducir, llevarla a la oficina para que le sacara el carné militar y activar sus beneficios de cónyuge militar», dijo Blank a The New York Times. «Iba a mudarse después del fin de semana de Pascua. En cambio, me la arrebataron.»

«Sabía que no tenía estatus», añadió, diciendo que la pareja había contratado a un abogado de inmigración y que intentaban actuar según las normas. «Estábamos haciendo todo bien.»

El Departamento de Seguridad Nacional declaró en un comunicado que Ramos «no tiene estatus legal para estar en este país y que un juez emitió una orden final de expulsión», aludiendo a una orden judicial emitida en ausencia en 2005 que insistía en que el bebé, de entonces 22 meses, debía ser devuelto a Honduras.